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La extensión del TPS pende de un hilo para 262 mil nicaragüenses, hondureños y salvadoreños en EEUU

hondureños retornados al país

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Entre enero y marzo de 2018 se les vencerá el estatus de protección a los oriundos de Centro América.

Tomado de HoyLosAngeles.com

La suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para oriundos de Guinea, Liberia y Sierra Leona, además de la inminente cancelación para Haití, después de que se les otorgara el amparo solo para seis meses, pone en riesgo que suceda lo mismo con los centroamericanos.

En los próximos meses, al menos 262,550 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador verán expirar sus permisos de trabajo, razón por la que el camino de los haitianos era visto como un espejo, el cual muestra una imagen llena de nubarrones.

“Sería preocupante que lo den solo para seis meses”, reaccionó Julio Flores, de origen cuzcatleco, porque sería peligroso que en la próxima vez “lo quiten definitivamente, y ellos tienen toda la información, por lo que estaríamos en riesgo de una deportación”.

Las personas con TPS están protegidas de una deportación, cuentan con un permiso de trabajo, un número de seguro social y licencia de conducir.

A los 60,000 hondureños y 2,550 nicaragüenses en este programa se les vence su estatus en enero de 2018, por lo que las organizaciones locales consideran urgente que los gobiernos utilicen todos los esfuerzos diplomáticos para que el amparo no desaparezca.

“Lo que pasó con Haití es un indicativo de lo que va a suceder con nosotros, probablemente el gobierno estadounidense está manipulando el programa para quitarlo”, lamentó Xiomara Ayes-Field, presidenta de la Casa del Hondureño, en la ciudad de Los Ángeles.

En 1999, cuando se aprobó este programa, esas dos naciones quedaron devastadas por el huracán Mitch, que golpeó la región en 1998.

Los 200 mil salvadoreños con este alivio, a quienes se les vence en marzo de 2018, obtuvieron la protección luego que dos potentes terremotos sacudieran el territorio cuzcatleco entre enero y febrero del 2001.

“Seguimos con la gestión para que se les dé una prórroga o una salida permanente a las personas que califican”, manifestó María Mercedes López, cónsul de El Salvador en L.A.

Después de lo sucedido con los haitianos, la funcionaria consular no cree que esa decisión sirva de parámetro para los centroamericanos.

“Cada país tiene sus particularidades”, dijo la cónsul López, advirtiendo que la administración estadounidense “tendrá que analizar la situación de nuestro país, no es sobre la base de un país [Haití] que vayan a sentar un precedente de la forma de actuar con el resto”.

Al vencerse los seis meses otorgados a los caribeños, todo indica que las 58 mil personas con TPS tendrán que regresar a su patria, porque a juicio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) las condiciones por las que se le aprobó el programa ya fueron resueltas.

“Las personas con TPS son elegibles para una residencia permanente, porque han venido renovando sus permisos por más de 17 años”, señaló Cecilia Rodríguez, presidenta de Alianza Hondureña de Los Ángeles (AHLA), haciendo eco del clamor de los defensores de los migrantes.

A juicio de Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, en Los Ángeles, las condiciones para que los centroamericanos retornen a sus naciones de origen no son propicias, porque cree que las secuelas de los sismos y huracanes no han sido superadas en la región.

“El caso de Haití debería ser un campanazo de alerta”, aseveró el activista salvadoreño, destacando que con las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump queda claro que este programa no es eterno.

Sanabria plantea que en este momento los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador “no deben quedarse de brazos cruzados, esos gobiernos deberían implementar una estrategia de cabildeo e influencia con las nuevas autoridades de la administración Trump”.

Al tratarse de una orden ejecutiva, la extensión del TPS depende de las decisiones que adopten John Kelly, secretario de seguridad nacional; y Rex W. Tillerson, secretario de estado, en quienes recaerá el futuro de los inmigrantes centroamericanos que cuentan con ese amparo.

 

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