Por: Giovani Funa
De la misma raíz crítica surge una convicción irrenunciable: la educación no es, ni ha sido nunca, un espacio neutral de mera transmisión de saberes técnicos. Se trata, por el contrario, de uno de los terrenos de disputa ideológica más feroces de la modernidad, un campo de batalla donde se enfrentan dos proyectos de sociedad radicalmente antagónicos. Desde una perspectiva de izquierda, la educación se concibe como un derecho fundamental inalienable y una herramienta insustituible para la emancipación colectiva de la clase trabajadora; el capitalismo, en cambio, la reduce sistemáticamente a una mercancía más en el voraz mercado global, subordinándola a los intereses de la acumulación privada. Para comprender esta tensión es necesario articular un análisis que desnude la lógica mercantil del sistema actual, recupere el pensamiento pedagógico de Marx, proyecte un horizonte comunista para la formación superior y reivindique la histórica lucha por una escuela pública libre de dogmas religiosos.
Bajo el régimen capitalista, la educación pública se halla en un estado de asedio permanente, amenazada por la privatización y la subfinanciación crónica. Los derechos sociales que la clase trabajadora conquistó a lo largo de décadas de lucha sindical y movilización popular están constantemente en la mira del neoliberalismo. El asalto a lo público se traduce en reformas educativas cuyo verdadero objetivo no es mejorar la calidad pedagógica, sino desmantelar los sistemas estatales para abrirlos al negocio de grandes transnacionales, fondos de inversión y alianzas público-privadas. Esta ofensiva busca transformar a los estudiantes en «clientes» y al conocimiento en un «producto» sujeto a la lógica de la oferta y la demanda, la competencia y la rentabilidad financiera. Los recortes fiscales que asfixian a las escuelas y universidades públicas son, en realidad, la otra cara de la moneda de los subsidios millonarios que los Estados burgueses otorgan a la educación privada y confesional. La máxima neoliberal de «cuanto peor, mejor» encuentra en el deterioro planificado de la escuela pública el caldo de cultivo perfecto para la expansión de empresas de «innovación educativa» que lucran con la precariedad.
Esta subordinación de la enseñanza a los designios del capital no es un fenómeno accidental, sino una consecuencia estructural del modo de producción analizado por Karl Marx. Para el marxismo, la educación no puede entenderse de forma aislada, sino como una pieza más dentro del engranaje de reproducción de la fuerza de trabajo. Bajo el capitalismo, la escuela cumple una doble función: por un lado, transmite los conocimientos técnicos mínimos necesarios para operar la maquinaria productiva; por otro, y quizás más importante, disciplina a las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras para que acepten con sumisión su rol subordinado en la cadena de mando. Frente a esta realidad alienante, Marx propuso un horizonte pedagógico radicalmente distinto, basado en la integración del estudio intelectual con el trabajo productivo. Esta fusión no era concebida como una mera capacitación laboral temprana, sino como el único camino para superar la histórica y mutilante división entre el trabajo manual y el intelectual que el capitalismo impone para perpetuar la dominación de clase. En su célebre Crítica al Programa de Gotha, Marx compartía la exigencia obrera de una educación pública, gratuita y laica, pero advertía con lucidez que, bajo un estado burgués, dicha educación jamás podría ser plenamente emancipadora, pues las instituciones estatales velan, en última instancia, por la conservación del orden establecido. De ahí su premisa revolucionaria: el educador debe ser educado. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe concebirse como un acto recíproco de autotransformación colectiva, una praxis que desarrolle un pensamiento crítico capaz de desenmascarar y destruir toda forma de enajenación ideológica.
Este pensamiento crítico encuentra su máxima expresión cuando proyectamos la educación más allá de los estrechos márgenes del capital, hacia el horizonte comunista. En esa sociedad futura, la educación superior deja de ser un privilegio de clase o un mecanismo de endeudamiento masivo para convertirse en un derecho inalienable y un pilar fundamental para la construcción socialista. Frente al modelo mercantil que condena a la juventud trabajadora a la exclusión o a la usura de los créditos educativos, la perspectiva comunista defiende la gratuidad universal en todos los niveles formativos. Las experiencias históricas de construcción socialista, pese a las contradicciones internas y al feroz bloqueo imperialista al que fueron sometidas, demostraron la viabilidad material de masificar el acceso al conocimiento. El caso de la Revolución Cubana es paradigmático: tras la nacionalización de la enseñanza y la masiva Campaña de Alfabetización, se sentaron las bases de un sistema universitario público, gratuito y de acceso universal que ha logrado niveles de formación científica y profesional inimaginables para los países sometidos al saqueo del capitalismo periférico. El modelo pedagógico marxista, concebido para esta nueva sociedad, aspira a formar al «hombre y la mujer nuevos», fomentando el bien común como valor supremo y el desarrollo de una conciencia crítica que anteponga los intereses de la clase trabajadora al individualismo posesivo que el capitalismo promueve como religión laica.
Precisamente en esa pugna por la conciencia colectiva se inscribe la histórica batalla de la izquierda por una educación laica, libre de la influencia de las instituciones religiosas. La defensa de la aconfesionalidad del Estado y de sus escuelas no es una postura de hostilidad hacia la fe individual, sino una condición indispensable para garantizar la libertad de conciencia y la igualdad real de todo el estudiantado, independientemente de sus creencias o de las de sus familias. La presencia de dogmas religiosos en el currículo escolar o de simbología confesional en los espacios educativos públicos atenta contra el desarrollo del pensamiento racional y científico, fomenta la discriminación y perpetúa odiosos privilegios que a menudo se sostienen con cuantiosos fondos públicos desviados hacia instituciones privadas. El marxismo ha sido claro e inequívoco en este punto: un sistema educativo verdaderamente emancipador debe excluir por completo toda forma de religión y fanatismo del proceso formativo. La escuela debe ser el espacio donde prime la razón, la duda metódica y el conocimiento basado en la evidencia, no la repetición de doctrinas incuestionables. En definitiva, la lucha por una educación pública, gratuita y laica no es una reivindicación sectorial menor; es una trinchera fundamental en la larga guerra contra la hegemonía cultural de las clases dominantes y un paso ineludible hacia la construcción de una sociedad genuinamente democrática, justa e igualitaria.
El análisis sobre la función de la educación en el capitalismo quedaría incompleto si no abordamos el reverso oscuro y coercitivo de la moneda: la represión estudiantil. Si el sistema educativo mercantilizado busca producir sujetos dóciles y productivos, cuando esa producción falla y la juventud irrumpe en la escena política cuestionando los pilares del orden establecido, el Estado burgués no duda en despojarse de su máscara pedagógica para mostrar su verdadero rostro: el de la fuerza bruta al servicio de la acumulación de capital.
La represión al movimiento estudiantil universitario no es un exceso aislado de las autoridades ni un mero problema de «orden público», sino una consecuencia estructural de la relación antagónica entre el capitalismo y una juventud que, al acceder al pensamiento crítico, se convierte en un peligro potencial para la hegemonía de la clase dominante. La universidad, incluso en su estado más precarizado y mercantilizado, sigue siendo un espacio paradójico: por un lado, el capital necesita formar cuadros técnicos altamente calificados para gestionar la complejidad del sistema financiero y productivo; por otro lado, ese mismo proceso formativo expone a los estudiantes a las contradicciones internas del sistema, al debate de ideas y, en ocasiones, a la organización política colectiva. Es en ese momento de toma de conciencia cuando se activan los aparatos represivos del Estado, siguiendo la clásica distinción de Louis Althusser: cuando los Aparatos Ideológicos del Estado (la escuela, la universidad, los medios de comunicación) fallan en su labor de convencimiento y sumisión, el capitalismo recurre sin pudor al Aparato Represivo del Estado (la policía, el poder judicial, las fuerzas de seguridad).
Convirtiendo a las fuerzas de seguridad en meros instrumentos de la represión capitalista a las órdenes de la oligarquía.
La relación entre capitalismo y represión estudiantil se manifiesta en diversas dimensiones concretas, todas ellas funcionales a los intereses del gran capital y a la preservación del statu quo neoliberal. La primera y más evidente es la criminalización de la protesta social y la gratuidad educativa. Cuando los estudiantes se organizan para exigir mayor presupuesto para las universidades públicas, rechazan los aranceles y el endeudamiento masivo, o denuncian el lucro en la educación superior, están atacando directamente uno de los nichos de negocio más rentables del capitalismo financiero contemporáneo: el mercado educativo. La respuesta del sistema es la estigmatización mediática, la judicialización de las movilizaciones y, finalmente, el ingreso de las fuerzas policiales a los campus universitarios bajo el pretexto de «restablecer el orden». La autonomía universitaria, conquista histórica del movimiento reformista, es así violentada para proteger los intereses de los fondos de inversión y las corporaciones transnacionales que lucran con la educación. En América Latina, las heridas abiertas por dictaduras cívico-militares que, al servicio del neoliberalismo, asesinaron y desaparecieron a miles de estudiantes y académicos, son el testimonio más brutal de esta ecuación capitalista: eliminar físicamente a quienes piensan un mundo distinto es la condición de posibilidad para imponer la universidad-empresa.
En segundo lugar, la represión opera de manera más sutil pero igualmente efectiva a través de la precarización y el disciplinamiento laboral de la propia comunidad académica. El capitalismo actual ha transformado a los profesores universitarios en trabajadores precarios (adjuntos o profesores por hora) y a los estudiantes en deudores perpetuos. Este mecanismo de endeudamiento estudiantil, característico de países como Estados Unidos o Chile, es una forma de represión económica que coarta la participación política: el estudiante que debe trabajar y pagar un crédito educativo usurero no tiene el tiempo material ni la tranquilidad psíquica para organizarse, debatir o protestar. El miedo al default, a perder el semestre pagado o a ser expulsado del sistema actúa como un policía interiorizado que disciplina los cuerpos y las mentes tanto o más que los gases lacrimógenos. Se trata de una represión por asfixia financiera, una violencia estructural y silenciosa que el capitalismo ejerce para despolitizar a las masas juveniles.
Finalmente, no podemos obviar la creciente militarización de los campus y la alianza entre universidades, grandes tecnológicas y el complejo industrial-militar. En las potencias imperialistas, la represión estudiantil adquiere tintes particularmente siniestros cuando las movilizaciones cuestionan el genocidio en Palestina o el rol de las transnacionales armamentísticas. Hemos sido testigos de cómo administraciones universitarias, presionadas por donantes multimillonarios y fondos de inversión sionistas, llaman a la policía para desalojar violentamente campamentos pacíficos por la paz. Aquí el capitalismo muestra su rostro más cínico: se defiende la «libertad de expresión» para que las corporaciones financien cátedras de marketing y negocios, pero se reprime con ferocidad la libertad de cátedra y la solidaridad internacionalista cuando estas amenazan la rentabilidad de las industrias de la guerra y la ocupación.
La represión estudiantil es, en síntesis, la confesión de la debilidad ideológica del capitalismo. Un sistema seguro de su legitimidad no necesitaría recurrir a la porra ni al calabozo para acallar a jóvenes de veinte años. Que el Estado burgués despliegue semejante violencia revela el pavor que le produce la simple posibilidad de que la universidad deje de ser una fábrica de futuros gestores del capital para convertirse en un espacio de organización popular y construcción de contrapoder. Frente a esta violencia estructural, la izquierda no tiene otra opción que reivindicar la organización estudiantil autónoma e independiente, la defensa irrestricta de la autonomía y el cogobierno universitario, y la articulación de las luchas del movimiento estudiantil con las demandas de la clase trabajadora y los sectores populares. Porque la universidad será del capital y de la represión, o será del pueblo y de la emancipación; un punto medio en esta batalla histórica es sencillamente imposible.
El diagnóstico de partida es radical: el «problema» de la educación bajo el capitalismo no es un defecto subsanable del sistema, sino una contradicción estructural inherente al modo de producción.
