Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Desde el nivel presidencial hasta el municipal, las planillas electorales están llenas de aspirantes señalados por actos de corrupción que pretenden elegirse o reelegirse en el poder.
El actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien aspira a ser el candidato oficial del Partido Nacional en las elecciones generales de noviembre, fue uno de los investigados por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) por drenar fondos públicos a través de ONG´s.
Oliva pelea la candidatura presidencial nacionalista con el actual alcalde de la capital hondureña Nasry “Tito” Asfura, quien enfrenta acusaciones de desvío y mal manejo de fondos del erario por más de 28 millones de lempiras.
Mientras que el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, es un exconvicto que purgó una condena de 36 meses en Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y colaboración con el narcotráfico.
“Aquí no hay por dónde”, dijo al respecto la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, “los mismos que hacen la ley son los que la violan, entonces ellos mismos crean leyes para protegerse y para que la impunidad siga reinando en este país”.
El nuevo Código Penal aprobado en 2019 protege a muchas personas que han sido señaladas en actos de corrupción, tanto por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), como por el Ministerio Público, recordó.
Entonces, “de nada nos sirve que haya un combate a la corrupción si la impunidad manifestada en las leyes es la herramienta más importante de los ladrones y los corruptos”.
Es así que pese a que han sido vinculados con actos de corrupción no han sido vencidos en juicio, por lo que la ley les permite participar en procesos electorales.
“Pero definitivamente, también debería de jugar la ética en este tipo de cargos” y los primeros que deberían hacer algo para evitar corruptos en las planillas son los partidos políticos, con estatutos que prohíban a señalados por actos de corrupción y otro tipo de delitos optar a puestos de elección popular, dijo Gutiérrez.
En las planillas de aspirantes a una diputación se encuentran, para el caso, la actual
diputada por Cortés Welsy Vásquez, quien participa en la corriente de Oliva, la misma que lleva al hermano del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
Vásquez fue imputada en 2019 por malversación de fondos públicos en el caso denominado Arca Abierta.
También aspira a reelegirse el diputado por Valle Tomás Zambrano, quien ocupa la casilla para primer diputado por el movimiento «Juntos Podemos» de Oliva, y el diputado de Ocotepeque Román Villeda, quien figura en la casilla 1 en el movimiento «Unidad y Esperanza» de Nasry Asfura.
Ambos parlamentarios fueron acusados de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno, en el caso conocido como Pacto de Impunidad, una estrategia de blindaje de la impunidad de diputados y exdiputados.
Mientras que en las planillas de corporaciones municipales está el actual regidor y exalcalde de La Lima, Cortés, Astor Adolfo Amaya, contra quien el Ministerio Público promovió en 2019 un antejuicio por dos delitos de fraude y uno de violación a los deberes de los funcionarios.
El regidor aspira a ser el candidato del Partido Liberal a la alcaldía de la Lima por la corriente de Yani Rosenthal.
“Nosotros mismos somos los que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos”, dijo recientemente sobre el tema el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato presidencial Luis Zelaya en declaraciones al programa radial En la plaza.
Zelaya dijo que fue acusado de promover la división del partido por pretender que personajes condenados por los delitos de narcotráfico y corrupción fueran inhabilitados inmediatamente, algo que calificó de “sorprendente”.
“¿Qué sentido tiene sacar a un delincuente del poder para poner a otro en su lugar?, se preguntó.
Lo que Honduras requiere es una lucha frontal contra la lacra de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país y que obliga a la gente a irse en éxodos masivos, puntualizó.
En el caso del Partido Innovación y Unidad (PINU), Gutiérrez dijo que está exigiendo la hoja de antecedentes penales y judiciales para impedir que ningún candidato que esté señalado como ladrón del erario público, como violador o que sea demandado por alimentos integre las planillas.
“Pero eso ya es algo de una conducta ética”, insistió, “lamentablemente en la mayoría de estos partidos la ética sale sobrando cuando debería ser un requisito fundamental”.
Los partidos políticos deberían adecentarse, pero más bien se están corrompiendo más, dijo Gutiérrez. “Se están riendo del ciudadano, le están diciendo ‘mirá, este se robó el Seguro, este se robó de aquí, este se robó de allá y ahí va otra vez’” y lo más lamentable es que la ciudadanía lo acepta como normal.
“Cuando yo renuncié a las dispensas de los vehículos en el Congreso, la gente me decía ‘es que usted no le entiende al trámite’”, porque la concepción de muchos es que hay que aprovechar esos cargos para beneficio personal, de sus hijos y de la familia.
Ese es el pensamiento común del ciudadano debido a la falta de una formación en valores y principios, agregó la parlamentaria, quien lamentó “que tengamos una sociedad desvalorizada y que no sepamos distinguir entre lo que es una conducta ética y lo que es una conducta inmoral”.
