Es vital que la CICIH tenga la facultad de querellante adhesivo o acusador privado para que pueda participar activamente en los procesos penales. Para lo que no se necesita una reforma constitucional, sino una modificación al Código Procesal Penal
Fotos: Horacio Lorca
Tegucigalpa, Honduras. –El perfil ideal de que debe tener la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) el de un mecanismo imparcial, independiente y autónomo, cuyo principal objetivo debe estar orientado en la persecución penal de las redes de corrupción, concluye el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
El 6 de diciembre, la organización de sociedad civil presentó el informe, “El perfil deseado de la CICIH”, en el que señalan tres condiciones necesarias para la instalación de una misión internacional que combata la corrupción.
Dichas condiciones son: el cumplimiento del memorándum de entendimiento, derogación de los pactos de impunidad y voluntad política, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
En ese sentido, el documento destaca que el Congreso Nacional se presenta como un actor clave en la instalación de la CICIH, ya que es en ese poder del Estado donde se debe aprobar, derogar y reformar las normativas que pueden apoyar el trabajo de la CICIH.
De igual manera, Cespad enfatizó que la aprobación del decreto 04-2022 (conocida como Ley de Amnistía), la propuesta de una reforma constitucional para la instalación de la CICIH y la parálisis legislativa, son situaciones que ponen en tela de juicio la voluntad del Congreso Nacional para garantizar una CICIH independiente.
Cespad reconoce que la derogación de los decretos 116-2019 (Fondo Departamental) y del 57-2020 -que limitaba las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción- y revirtieron la reforma a la Ley de Lavado de Activos, han sido un avance, pero “aun falta por hacer”.
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CONGRESO ES LA PRINCIPAL BARRERA PARA INSTALACIÓN DE CICIH
En ese sentido, la abogada e integrante del Cespad, Osiris Payes, dijo a Criterio que la principal barrera para la instalación de la CICIH esta en el Congreso Nacional, ya que ese poder del Estado no ha sometido a discusión la derogación la normativa que da inmunidad a los diputados (decreto 117-2019).
“El punto central se encuentra en el Congreso Nacional para que una ley se derogue, se apruebe o se reforme debe pasar por el pleno y es imposible que pueda haber mayores avances, de los que ha habido hasta la fecha, si tenemos un Congreso Nacional que no ha sesionado”, cuestionó la jurista al dialogar con este medio digital.
Por lo que, instó a las y los diputados a buscar los acuerdos y el consenso necesario para retomar las sesiones y priorizar la agenda anticorrupción.
En esa misma línea de pensamiento, se expresó el director ejecutivo de Cespad, Gustavo Irías, al manifestar que es precisamente en el Congreso Nacional “donde están los bloqueos”, ya que no se ha priorizado la agenda anticorrupción.
“Esta situación en el Poder Legislativo planteará la necesidad de un llamado de atención por parte de la ciudadanía, para que realmente se proceda a desmontar estos pactos de impunidad y generar leyes, como la colaboración eficaz, que son herramientas que van a asegurar que la lucha contra la corrupción sea más efectiva”, declaró en entrevista a Criterio.hn.
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CONCLUSIONES DEL INFORME
El informe presentado el 6 de diciembre, contiene seis conclusiones sobre el perfil idóneo que debe tener el mecanismo anticorrupción para combatir este flagelo.
Entre los puntos destaca que la CICIH debe ser un mecanismo imparcial, independiente y autónomo para que se pueda garantizar la persecución penal en contra de las redes de corrupción. Además, es vital que la Comisión cuente con las facultades y funciones que le permitan la libertad de actuación y administración.
Asimismo, es importante que la CICIH tenga la facultad de querellante adhesivo o acusador privado para que pueda participar activamente en los procesos penales. Del mismo modo, destacaron que esta figura ya se encuentra contemplada en la normativa nacional, específicamente en el Código Procesal Penal, por lo que no es necesario una reforma constitucional.
“La CICIH, en su combate a la corrupción, debe mantener un enfoque de derechos humanos, que reconozca a las víctimas directas y que asegure los principios básicos de justicia, reparación y no repetición. Asimismo, se deben aplicar medidas de restitución que beneficien a las comunidades y sectores afectados por los delitos conexos a la corrupción”, reza el documento.
Por último, mencionan que ante la salida de la CICIH se debe delimitar un plan, que incorpore las condiciones básicas de un sistema de justicia independiente y garantice la protección del personal nacional, así como la ciudadanía involucrada en la lucha contra la corrupción.
