Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, agendó para los días 26 y 27 de abril del año en curso el juicio oral y público en contra del sub secretario de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, Dario Roberto Cardona Valle, quien otorgó al margen de la ley la licencia ambiental al proyecto Agua Zarca.
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La programación del juicio se efectuó luego de admitir los medios probatorios, con los que el Ministerio Público le imputa al funcionario el delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública y la comunidad Lenca del departamento de Santa Bárbara por haber otorgado la licencia ambiental a favor del proyecto Agua Zarca, propiedad de la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Según el ente acusador del Estado, la licencia ambiental No 015-2013 otorgada por Cardona Valle no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada, establecida en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, pese a que se encuentra ubicado dentro de los territorios que ancestralmente han poseído las comunidades de los pueblos indígena lenca, específicamente las comunidades que viven en las zonas aledañas al río Gualcarque.
El artículo 349-2 del Código Penal establece para el delito de abuso de autoridad una pena de 3 a 6 años de reclusión más la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.
El proyecto Agua Zarca, generó el conflicto que desembocó en marzo de 2016 en el crimen de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.
Cardona Valle, quien se encuentra en prisión en el centro penal “Marco Aurelio Soto”, fue capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 14 de octubre de 2016, en atención a un requerimiento fiscal en su contra por el delito de abuso de autoridad.
Según las investigaciones, en el año 2013, el ex viceministro aprobó una modificación al licenciamiento de “Agua Zarca”, autorizando el aumento en la capacidad de generación de energía de 14.4 megavatios a 21.7 megavatios y el traslado de las obras de infraestructura de Río Blanco, Intibucá, a San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, declarando que dicha represa era ambientalmente viable y recalificándola a categoría 3.
Al exfuncionario, se le sigue además juicios por el delito de tráfico de influencias, por estar involucrado en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, por el otorgamiento de un contrato para la pavimentación de la colonia capitalina La Cañada. Proyecto ejecutado a través del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
2 comentarios
Ya se volvió costumbre en éstos Jueces corruptos el dilatar juicios a la espera de que el corrupto Congreso se invente leyes que protegen a todos éstos delincuentes.
Son los perros de orlando