Tegucigalpa. – A 97 meses del asesinato de Berta Cáceres, sentencias de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser confirmadas, reiteró Víctor Fernández, representante legal de la madre e hijas de la lideresa lenca asesinada el 2 de marzo de 2016.
Mediante una carta dirigida a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz Flores, Walter Miranda Sabio y Nelson Mairena Franco, el abogado pidió una pronta resolución a los recursos de casación interpuestos por las defensas privadas de los condenados en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia.
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“Ninguna de las causas tiene una resolución firme, ni siquiera las que tienen unos resultados preliminarmente favorables, ninguno de los casos. El caso de la autoría material directa y la autoría material intermedia, que es la que le corresponde a David Castillo, ambos casos están pendientes de que se resuelvan los recursos de casación que presentaron las defensas de los imputados”, expresó Fernández a Criterio.hn en marzo del año pasado.
Mientras que, en diciembre de 2023, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) e hija de la lideresa Lenca, Bertha Zúniga Cáceres, demandó a la Sala Penal que emita y falle las casaciones de los dos juicios desarrollados en los últimos siete años y así “cerrar este ciclo para nosotras como víctimas y desde el punto de vista de la justicia, asegurar las sentencias que ya se lograron”.
El 16 de febrero de 2023 se eligió a las y los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción que generó esperanzas entre los abogados especializados en la defensa de los derechos humanos. No obstante, a más de un año de asumir el poder, las nuevas autoridades siguen sin pronunciarse en relación con los recursos interpuestos ante el Poder Judicial y que fueron heredados por la administración saliente.
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NO HAY CONFIRMACIÓN DE SENTENCIAS EN TANTO NO SE RESUELVAN RECURSOS DE CASACIÓN
Fernández, quien coordina el bufete Estudios para la Dignidad, apuntó en la carta dirigida a los magistrados que, si bien se les dictó sentencia condenatoria el 2 de diciembre de 2019 a los autores materiales, y el 20 de junio de 2022 a el coautor del asesinato, estas siguen sin confirmarse a causa del retraso en los recursos de casación.
El abogado recordó a la Sala “que el derecho al debido proceso legal, en su garantía de plazo razonable, es un principio fundamental en el sistema jurídico hondureño y en el marco de los derechos humanos”.
Señalando, además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) establece que el acceso a la justicia implica que los procesos judiciales deben ser resueltos en un plazo razonable. De igual forma, remarcó que el Código Procesal Penal establece términos para la emisión de fallos, los cuales advirtió que han sido ampliamente superados en este caso.
Los autores materiales encontrados culpables por el asesinato de Cáceres son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónimas (DESA); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército); Edilson Atilio Duarte; Elvin Rápalo Orellana; Henry Javier Hernández Rodríguez; y Óscar Torres Velásquez.
Las penas de prisión dictadas para Rápalo, Torres, Duarte y Hernández son de 50 años y cuatro meses; Bustillo y Rodríguez 30 años y seis meses; y Díaz Chávez a 30 años. Mientras que Roberto David Castillo, expresidente del consejo de administración de la empresa DESA, encontrado culpable en el grado de coautoría fue sentenciado a cumplir 22 años y seis meses de prisión.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAUSA BERTA CÁCERES
La causa Berta Cáceres involucra más allá de los autores materiales e intermedios del asesinato de la defensora. También incluye el caso Fraude sobre el Gualcarque –pendiente de sentencia– que originó la violación a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara, al imponérseles un proyecto energético en un río considerado sagrado por ellas y ellos.
En diciembre de 2023, tras dos años de espera, la Corte de Apelaciones de Santa Barbará revocó el sobreseimiento definitivo en favor del exalcalde y ex vicealcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda y Plutarco Mejía Cardona, respectivamente, en el caso denominado Agua Zarca.
Los imputados fueron acusadas en 2020 por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad al haber extendido y firmado una constancia en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) para que esta solicitará un permiso de operación y una licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Siempre en diciembre de 2023, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala Midence por suponerlo responsable del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres.
El nombre de Atala Midence salió a relucir durante el juicio contra Roberto David Castillo Mejía en abril de 2021, tras la exhibición de un nuevo medio de prueba que involucró la transferencia de USD 1.2 millones, entre ambos, dos días antes del asesinato de la defensora Lenca.
