Tegucigalpa.- El pasado 11 de septiembre del 2021, organizaciones de derechos humanos, a través de un comunicado, lanzaron una alerta internacional denunciando la modificación del delito de femicidio agravado a homicidio simple en el asesinato de la estudiante de enfermería Keyla Martínez.
Los detalles de la denuncia establecen que esta es una grave acción y obedece a una clara intención de reducir la pena carcelaria.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, mencionó que este es un claro ejemplo de la complicidad del Poder Judicial con los que cometen el delito cuando se trata de un representante de una estructura del Estado como ser el ministerio de seguridad o ministerio de defensa.
También detalló que el caso de Keyla se ha visto envuelto en una serie de inconsistencias desde el momento en cómo se aborda. Al inicio se manejó como un caso de suicidio y al no poder corroborarlo se descarta esta teoría, separaron a los implicados y poniéndolos a la orden de la justicia.
Otra situación que recalcó Oliva, es que para la defensa de los implicados se contrató uno de los bufetes más caros de Honduras.
“Primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo un soldado de escala básica tiene capacidad para pagar un bufete privado? ¿Cómo el ministerio paga abogados para defender a alguien que lo considera responsable de un delito?” detalló, Oliva.
La tipificación del delito iba por femicidio agravado pero los abogados del implicado lograron que la corte se pronunciara y resolviera a favor de los intereses de la impunidad.
“Puede ser homicidio simple u homicidio, no tiene el sustento legal para ese cambio. Lo único que se ve que están orientando el juicio para dejarlo fuera de responsabilidad criminal y declararle la libertad” manifestó, Oliva.
Este caso genera preocupación en la forma en que se maneja la justicia, es decir, cuando se cambia el delito a homicidio simple a la persona implicada no se le puede responsabilizar porque no hay testigos que ubiquen al implicado en el lugar de los hechos.
Por otra parte, si se maneja como femicidio agravado, existen muchas variantes que pueden demostrar una práctica reiterada en postas policiales para someter a una mujer al abuso de poder de las autoridades.
Expertos en materia de Derechos Humanos mencionan que este caso deja claro que se tiene que demandar mayor investigación de los cuerpos del Estado de Honduras, en este caso, el Ministerio Público (MP), por un posible encubrimiento para que no se investigue las verdaderas motivaciones de la muerte de Keyla y su detención.
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Cuando un oficial está vinculado a un delito se requiere de una investigación especial y existe un código de las Naciones Unidas llamado el protocolo de Minnesota que define cuales son los parámetros y lineamientos que deben de seguir las agencias de investigación de los Estados cuando desaparece una persona o muere bajo custodia policial o militar.
“De acuerdo a este protocolo, se debe de presumir que hay una responsabilidad de quienes detuvieron y custodiaban a la persona. Eso implica que se tiene que apartar de la investigación a todas las personas funcionarias que puedan tener algún interés o ser compañeros de las personas señaladas como culpables”, mencionó el analista, Joaquín Mejía, experto en derechos humanos.
Además, se deben ampliar las líneas de investigación para determinar la responsabilidad de quién materialmente ejecutó el crimen y la responsabilidad de los superiores jerárquicos, es decir, las personas que están por encima de los policías que también tenían la obligación de generar condiciones para prevenir este tipo de sucesos.
“Cuando no se logró prevenir tenían la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para detener el hecho violatorio o poner a disposición de manera inmediata ante el ministerio público a quienes tenían la responsabilidad de esa custodia” aclaró Mejía.
Una de las formas de generar impunidad en un crimen de este tipo, no solamente implica la inexistencia de una investigación o la aplicación de una amnistía, sino que también se hace cuando se modifica el delito que inicialmente era muy grave por otro delito menor, lo que conlleva a que esa persona va a tener beneficios o quizá no vaya a la cárcel o no entra en las estadísticas de los crímenes de género.
“Inicialmente cuando se le acusa de femicidio agravado existe una razón de género, es decir, a Keyla Martínez también la asesinaron por ser mujer y tiene otras implicaciones muy importantes” exclamó Mejía.
La feminista, Lucía Armijo, mencionó que la policía y el gobierno hicieron todo lo posible para que solo un agente se viera implicado cuando puede haber más personas involucradas.
“No se le está dando justicia a Keyla y a su familia porque no se le está reconociendo la gravedad del delito, la policía siempre tiende a exculpar a sus agresores y el gobierno siempre va a defender esto porque si no lo hacen va a quedar como fracasada su política de seguridad que se lleva prácticamente todo el dinero del pueblo”, manifestó Armijo.
Aceptar que la policía y el ejército asesinan sistemáticamente es aceptar que tienen una clara deficiencia en la implementación de mecanismos de seguridad, pese a las múltiples recomendaciones internacionales de desmilitarizar el país y así evitar tantas violaciones a Derechos Humanos, puntualizó la feminista a Criterio.hn.
La política de seguridad implementada por el actual gobierno de Honduras, forma parte de la conocida Ley de Secretos Oficiales, misma que obstaculiza y limita investigaciones beneficiando a altos mandos criminales.
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Para finalizar, la coordinadora del COFADEH, organización que actualmente lleva el caso de Keyla Martínez, detalla que hicieron una acción de cara a la legislación que modifica los delitos y están a la espera de la apertura del juicio y para ello se están asesorando de otras organizaciones regionales que tiene experiencia en litigio de femicidio.
