Conozca algunos de los perfiles de las personas que se autopostularon ante la Junta Nominadora
Tegucigalpa, Honduras.- La carrera por llegar a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado. Ayer, 31 de octubre de 2022, la secretaría de la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos finalizó el período de autopostulaciones y ahora se apresta a iniciar las evaluaciones. Varios de los postulantes, como se pronosticaba, no cumplen con el perfil de las personas que se desearía tener en el más alto nivel de administración e impartición de justicia.
Tal como había adelantado Criterio.hn el 30 de octubre de 2022, seis magistrados actuales del Supremo hondureño presentaron sus autopostulaciones, a excepción del magistrado presidente, Rolando Argueta. Este medio digital conoció en exclusiva que Argueta fue uno de los profesionales del derecho que tramitó constancias solicitadas por la Junta, sin embargo, a última hora no figuró entre los postulantes.
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Los otros nombres sí se confirmaron en el listado de 185 abogadas y abogados que competirán por una nominación ante el Congreso de la República, que se deberá efectuar a más tardar el 23 de enero de 2023.
Se trata de Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz y Jorge Abilio Serrano Villanueva; de la Sala de lo Constitucional. Asimismo, Edgardo Cáceres Castellanos y María Fernanda Castro Mendoza, de la Sala de lo Laboral; y Rafael Bustillo Romero, de la Sala de lo Penal.
Castro Mendoza, Ortez Cruz y Zelaya Zaldaña son los jueces responsables de que hayan sido liberados varios de los implicados en el Caso Pandora, mediante el cual se sustrajeron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y que implicó a 38 personas entre diputados, funcionarios y particulares en actos de corrupción.
Además de estos seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón Villeda y Marco Tulio Barahona Valle pretenderán volver a integrar una de las cuatro salas que conforman el máximo órgano jurisdiccional del país. Entre 2002 y 2009, cuando Vilma Cecilia Morales presidió la Corte Suprema, Dubón Villeda y Barahona Valle formaron parte de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Civil, respectivamente.
La Constitución de la República, en su artículo 314, establece que las magistradas y los magistrados ejercerán sus funciones por un período de siete años y que gozarán del derecho a ser reelectos.
CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Entre las 185 personas postuladas figuran, además, profesionales de derecho que han sido vinculadas con actos de corrupción y con el crimen organizado. Erika Yolanda Cálix Hernández, mientras fungía como jueza de letras de Lempira, fue señalada por abuso de autoridad en 2018, por haber otorgado medidas sustitutivas a una persona que estaba siendo procesada penalmente por el delito de violación.
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Erika Yolanda es hermana de Jacobo Antonio Cálix Hernández, magistrado de la Sala de lo Penal entre 2009 y 2016, y del narcotraficante Mario José Cálix Hernández, alias “Cubeta”, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. Es pariente, además, de la directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Soraya Cálix, y del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.
Sorprendió también la postulación de César Antonio Pinto Pacheco quien, según una investigación de la revista Expediente Público, actuó como testaferro de un socio del cártel Los Cachiros. Pinto Pacheco fue diputado suplente de Antonio Rivera Callejas por el Partido Nacional y está casado con Rina Oliva Brizzio, directora del Banco Central de Honduras (BCH), e hija del expresidente del Congreso de la República, Mauricio Oliva.
José Tomás Guillén Williams está también entre las personas que deberá evaluar la Junta Nominador. Guillén Williams, director del Instituto Nacional Agrario (INA) durante el gobierno de Rafael Leonado Callejas (1990-1994), fue acusado por el campesinado hondureño por haber atentado contra la Ley de Reforma Agraria, retirándoles tierras y entregándoselas a grupos de poder político y económico, en el marco de la Ley de Modernización Agrícola, impulsada por el Congreso que presidió Rodolfo Irías Navas.
Otro perfil que no debería pasar las pruebas establecidas en la matriz de evaluación técnica incluye a Mario Alejandro Calderón Maldonado, quien fue asesor legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y miembro de la junta directiva de Grupo Visión, una empresa que desfalcó al Infop y que estuvo asociada a David Chávez, actual presidente del Partido Nacional.
MÁS PERSONAS CERCANAS AL PODER
Otras personas cercanas al poder, como Daniel Arturo Sibrián Bueso, fiscal general adjunto de la República, competirán por una curul en el pleno de 15 magistradas y magistrados que se instalará el 27 de enero de 2023.
El actual magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro, también se autopostuló ante la junta de nominadores; al igual que las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral, Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez.
Otros altos funcionarios del Estado, como Hermes Moncada, comisionado presidente del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP), y Fredis Cerrato, director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), se apersonaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para presentar sus documentaciones entre el 21 y el 31 de octubre de 2022.
DE AQUÍ AL 23 DE ENERO
Ahora, la Junta Nominadora abrirá un expediente para cada persona que se autopostuló y, con base en ello, determinará si cumplen con los requisitos legales para continuar en el proceso. También se les realizarán pruebas de confianza.
Una vez superado ese filtro, todos los autopostulantes pasarán a la fase de entrevistas públicas y se someterán a la matriz de evaluación, que puntuará criterios éticos, morales e idóneos. A consecuencia de esa evaluación, los siete nominadores definirán quiénes cumplen con el mejor perfil para ser nominados ante el Congreso de la República.
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora enviará al Legislativo una nómina con no menos de 45 candidatas y candidatos (23 mujeres y 22 hombres, en ese escenario).
El 25 de enero de 2023, los 128 diputados de las seis bancadas presentes en ese poder del Estado, con al menos 86 votos, elegirán a las y los 15 profesionales del derecho -como mínimo ocho mujeres- que ejercerán como magistradas y magistrados de la Corte.
Una vez instalada la Corte el 27 de enero de 2023, el pleno de magistradas y magistrados elegirá a un presidente en un plazo máximo de 24 horas, quien será ratificado por el Congreso.
Posterior a ello, el presidente o la presidenta de la Corte designará a las y a los cinco magistradas y magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras tres salas (Penal, Civil y Laboral) contarán, cada una, con tres togadas y togados.
