Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – La junta directiva del Congreso Nacional desestimó este jueves la solicitud de juicio político que se presentó días atrás contra los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quienes junto a otros trece hondureños han sido incluidos en la última actualización de la Lista Engel, que el pasado 20 de julio oficiaizó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La solicitud fue presentada el 26 de julio por la diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Karen Martínez, quien argumentó que la inclusión de ambos diputados en dicho listado era suficiente motivo para someterlos al juicio político, establecido dentro de la Ley Especial de Juicio Político.
Una vez que se leyó el proyecto de decreto, a pesar de que el sistema de votación electrónica se hallaba en pleno funcionamiento, la secretaría del Congreso Nacional, Angélica Smith, sometió a votación manual la iniciativa. Aún así, solo se observó a Martínez, a los diputados del Partido Nacional y a algunos del Partido Liberal, entre ellos Mauricio Villeda, levantar la mano.
Villeda, quien después condenó que no se le otorgara la palabra, permaneció de pie durante cerca de 10 minutos. Al mismo tiempo, algunos legisladores nacionalistas gritaban y silbaban. No obstante, para continuar con el proceso establecido, era necesaria la mayoría calificada, es decir, no menos de 86 votos.
Lea también: Impunidad contra perpetradores del golpe de Estado permite que en la actualidad invoquen un nuevo crimen
El juicio político que, figura en la normativa hondureña desde el 8 de abril de 2013, establece las causas y el procedimiento a seguir con el propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios que son objetos de investigación. La ley contempla como sujetos de responsabilidad al presidente y a sus designados, a los magistrados de la Corte, a las corporaciones municipales, a todos los funcionarios electos por el Legislativo, a los diputados del Parlamento Centroamericano y a los diputados del Congreso hondureño.
En el caso de los vicepresidentes del Legislativo, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, quienes no se presentaron a la sesión convocada este jueves, la Sala de lo Penal los encontró culpables por el delito de abuso de autoridad.
A Tomé, la Sala de lo Penal lo condenó el 25 de junio de 2019 a tres años de prisión después de que en 2008, en su condición de comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le otorgó la frecuencia de un canal que usufructuaba el empresario Elías Asfura al Estado y que sigue funcionando bajo frecuencia de Canal 8.
La frecuencia fue entregada al Estado por Tomé a pesar de que existía un recurso de casación que no había sido resuelto por esa Sala de la Corte. La acción de Tomé dio paso a la creación de la Televisión Nacional de Honduras (TNH).
El 15 de diciembre de 2021, la Sala de lo Penal encontró culpable a Casaña por el delito de abuso de autoridad. El actual congresista, según la acusación del Ministerio Público, modificó en 2010 el régimen de pensiones y jubilaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) junto a otros exdirigentes magisteriales, sin el visto bueno de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). El 30 de agosto de 2018, un tribunal absolvió al imputado por falta de pruebas, pero la Fiscalía presentó un recurso de casación y el caso se reanudó.
Le puede interesar: Gobierno de Xiomara Castro enfrenta ataques y campañas falsas a través de plataformas digitales
A consecuencia de lo anterior, el Departamento de Estado de EE. UU. determinó incluir a ambos legisladores en la más reciente actualización de la Lista Engel. La determinación ha creado una crispación política entre el oficialismo y la oposición. Por un lado, la bancada de Libre, vía comunicada y otras acciones, se ha volcado en apoyo hacia sus dos compañeros y, por el otro, los diputados del Partido Nacional han solicitado al presidente del Legislativo, Luis Redondo, la destitución de Tomé y Casaña.
En dicho listado, pero en la publicación que se realizó el 1 de julio de 2021, también figura la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, una empresaria de la energía que en el pasado, a través de su influencia como secretaria y vicepresidenta del Congreso, otorgó licencias a los proyectos hidroeléctricos La Aurora y Los Encinos, cuyo administrador era su esposo Arnold Castro, a quien la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) incluyó en el caso de corrupción denominado Pandora, a través del cual 38 funcionarios y diputados participaron en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
