Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales son los expresidentes señalados por algunos narcotraficantes de haber recibido sobornos durante sus campañas políticas para alcanzar el poder. Estas acusaciones también implican a diputados y alcaldes
Analistas consultados por Criterio.hn expresaron que es necesario auditar el origen del dinero utilizado por los candidatos a puestos de elección popular. Además, destacan la falta de credibilidad en los órganos electorales en Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- En dos semanas que van del juicio de Juan Orlando Hernández, se han revelado una serie de casos que involucran a políticos hondureños que ascendieron al poder gracias al respaldo financiero proveniente de narcotraficantes.
Las revelaciones sobre el apoyo del narcotráfico a las campañas políticas de los candidatos fueron hechas por narcotraficantes que actuaron como testigos en el juicio del exmandatario Hernández, para determinar su culpabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico.
En las confesiones de estos narcotraficantes se ha revelado la implicación de alcaldes, diputados e incluso de tres expresidentes de la República en la aceptación de dinero proveniente del narcotráfico el cual utilizaron en sus campañas políticas para llegar al poder.
Entre los expresidentes implicados destacan el ahora encausado Juan Orlando Hernández (2014-2022), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) e incluso el actual asesor presidencial y expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales.
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PRESIDENTES QUE SUPUESTAMENTE RECIBIERON SOBORNOS DE NARCOTRAFICANTES
Desde el primer día del juicio de Juan Orlando Hernández, el martes 20 de febrero, se reveló que los últimos tres expresidentes de Honduras aceptaron sobornos provenientes del narcotráfico para sus campañas políticas.
Así lo reveló el primer testigo del juicio, José Sánchez, excontador de Graneros Nacionales, empresa que se dedicaba a la venta de arroz. El testigo aseguró que personalmente entregó un cheque a Juan Orlando Hernández, acción que también realizó con Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales cuando ambos eran candidatos presidenciales en 2006.
De igual manera, el quinto testigo Luis Pérez (seudónimo), que respondería al nombre de Alexander Monroy, exintegrante del Cártel de Sinaloa en México, confesó en su testimonio haber proporcionado dos millones y medio de dólares para la campaña presidencial de Hernández en 2013, antes de su primer mandato presidencial que abarcó de 2014 a 2018.
Un dato relevante es que este no es el primer juicio en el que se les ha acusado a los tres exmandatarios de tales hechos. Para el caso Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, ya ha manifestado a la fiscalía estadounidense las mismas acusaciones en 2015 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Mientras que Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los Cachiros, ya había acusado a Porfirio Lobo Sosa de recibir sobornos en el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández en 2019. En tanto, Alexander Ardón, más conocido como “Chande”, dijo haber sobornado a Juan Orlando Hernández en 2009 a cambio este lo había ayudado con la fiscalía para evitar ser investigado.
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ALCALDES QUE RECIBIERON SOBORNOS
José Sanchez, Alias “El Contador” afirmó además que Leopoldo Crivelli, exalcalde de Choloma, Cortés (2006-2022), colaboró con el narcotraficante Geovanni Fuentes Ramírez y Juan Orlando Hernández en una conspiración para traficar drogas.
Relató que durante una conversación entre Hernández y Crivelli, en referencia a la reelección a la alcaldía, este último le manifestó al exmandatario que las cosas estaban difíciles.
Supuestamente, Hernández respondió: «El indio es un imbécil, dale un bistec y una cerveza y votará», según la traducción. Aunque se deduce que la comida era carne asada y la bebida, cerveza, comida frecuente en una parrillada que acostumbran los hondureños.
Crivelli ya había sido mencionado en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez en 2022 por el mismo testigo. Además, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de los Cachiros, él mismo confesó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que el exedil alertaba a Fuentes Ramírez sobre operativos policiales para que pudiera mover la droga.
En tanto Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán (2010-2015), y segundo testigo en el juicio en cuestión, confesó haber recibido sobornos provenientes del narcotráfico y haber realizado un fraude electoral para lograr su continuidad en las elecciones de 2005.
“Sí, gané con fraude. Soborné a la gente para que votara por mí y también a la gente que trabaja en la mesa, los que anotan los votos”, confesó Ardón al ser interrogado por la fiscalía de Estados Unidos el miércoles 21 de febrero de 2024.
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MENCIONES PASADAS
La lista de funcionarios hondureños que han sido acusados de conspirar para importar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos es larga. Entre ellos destacan el exdiputado Liberal de Colón, Midence Oquelí Martínez Turcios (2010-2018), y el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto (2010-2014), líder del Clan de los Urbinas, que también incluye a sus dos hermanos, Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto.
Según explicó la acusación formal de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2019, con el apoyo de Martínez Turcios, los Urbinas recibían cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.
Del mismo modo, la DEA detalló en ese momento que Martínez Turcios recibió, entre 2004 y 2014, un estimado de un millón de dólares en sobornos por parte de los Cachiros.
Ese dinero fue utilizado, entre otras actividades, para financiar su campaña política. Tanto Midence Oquelí Martinez como Arnaldo Urbina están en prisión en Estados Unidos después de ser extraditados desde Honduras en 2023.
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DIPUTADOS QUE ACEPTARON SOBORNOS
En el interrogatorio a Devis Leonel Rivera Maradiaga, séptimo testigo de la fiscalía estadounidense, reveló que sobornó a Juan Orlando Hernández y otros políticos, entre ellos el actual secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya, con 200 mil dólares, y el excandidato del partido Liberal, Mauricio Villeda (2018-2026), con 250 mil dólares, así como al ex diputado nacionalista por el departamento de Colón, Oscar Nájera (1990-2022).
Tras el reconocimiento, Rivera Maradiaga expresó: “En Honduras es común que los políticos acepten sobornos relacionados con la droga y luego lo nieguen”. Mientras que los mencionados posteriormente salieron al paso y negaron a través de sus redes sociales y medios de comunicación dichas acusaciones de sobornos.
Otro de los políticos mencionados en el juicio de Juan Orlando es el ex diputado Liberal, Freddy Nájera (2006-2018), quien fue acusado por Luis Perez (seudónimo) de colaborar junto a otros funcionarios, entre ellos Fabio Lobo (hijo de Porfirio Lobo Sosa), en el tráfico de droga rumbo a Estados Unidos a través de Puerto Cortés.
De igual forma, en el sexto día del juicio, el mismo testigo afirmó que donó dinero para la campaña política del ex alcalde de la capital hondureña (Tegucigalpa y Comayagüela), y excandidato presidencial por el Partido Nacional, Miguel Pastor.
Raymond Colón, titular de la defensa de Juan Orlando Hernández le consultó durante el interrogatorio si había dado dinero para la campaña de Miguel Pastor, a lo que este respondió: “Sí, para las primarias”. La pregunta fue hecha en el intento de la defensa de afirmar que no había pruebas de sobornos para la campaña de su defendido.
Según el testimonio de Luis Perez, Juan Antonio “Tony” Hernández también recibió sobornos de los narcotraficantes Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle a nombre de Juan Orlando Hernández, para su campaña reeleccionista, cuando aún era diputado del Congreso Nacional (CN), ya que este vacó de sus funciones hasta en 2018.
AUDITORÍA Y SANCIONES DE PARTE DE UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA Y PARTIDOS POLÍTICOS
En relación al tema, Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), expresó que ante esta histórica problemática de financiamiento del narcotráfico a campañas políticas, se creó la Unidad de Política Limpia, la cual tenía precisamente la tarea de llevar a cabo una auditoría tanto a los candidatos a elección popular como a los recursos económicos que estos utilizan.
Cuando se gastan millones de dinero, -opina Elvir- es evidente que este proviene de alguna actividad ilícita, por eso es importante que la Unidad realice un informe sobre los costos y los montos utilizados, acompañado de la investigación de los perfiles de los candidatos.
Ante ello analizó que el tema se ha convertido en tabú, lo cual es un secreto a voces, una acción que ocurre precisamente debido a la debilidad institucional que tiene Honduras. Por ello, es importante un plan a largo plazo para contrarrestar las acciones.
Las acciones concretas serían investigar el perfil de los candidatos, para saber a qué personas se debe prestar más atención, generar un monitoreo en medios y ver quiénes están llevando a cabo campañas exageradas en gastos opinó Elvir.
De toda esa búsqueda debe salir una serie de cuestionamientos: «¿De dónde sale el dinero que están utilizando? ¿Están brindando los datos exactos? son las preguntas que se deben hacer y ante ello pedir que cumplan con requisitos contables en las presidenciales y municipalidades en las elecciones primarias y generales y sancionar a los que no están cumpliendo con lo que manda la Ley Electoral», expresó la entrevistada.
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MECANISMO INTERNACIONAL A FRENAR PACTO DE IMPUNIDAD
En tanto, Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, expresó que todos los vínculos de los políticos con los narcotraficantes fueron posibles gracias a un pacto de gobernabilidad e impunidad que se fue consolidando en el país.
Este pacto se inició primero entre el bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal), y luego se fueron sumando los demás, actuando como cómplices la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y los tres poderes del Estado.
Para evitar que estos actos se repitan en Honduras, es necesario implementar un proceso inmediato pero de largo alcance hacia un pacto de gobernabilidad y justicia. Sin embargo, Moreno no cree que esto pueda lograrse con los actores hondureños únicamente.
«Ahora es imposible lograr cambios solo con la actual institucionalidad hondureña, así como Juan Orlando solo pudo ser enjuiciado en Estados Unidos porque aquí estaba coludido, tampoco se podrá acabar con el pacto de impunidad solo con la institucionalidad hondureña», afirmó.
Ante esto, Moreno destacó la urgencia de un mecanismo internacional como la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que tenga un mandato independiente para iniciar procesos de investigación que conduzcan a enjuiciamientos, condenas y sentencias para las personas involucradas en criminalidad organizada y narcotráfico.
