Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En el inicio del juicio contra David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos del pueblo Lenca, Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) afirmó que este es «es tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen».
Durante la lectura de un comunicado frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña, el COPIHN manifestó que se debe proceder contra los jefes de David Castillo y entonces directivos de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a quienes identificaron como «los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala».
También declararon que los orígenes del asesinato contra Berta Cáceres está en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del «sagrado Río Gualcarque», actos que se exponen en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» del cual el COPIHN sigue estando excluido.
La coordinadora general del COPIHN e hija de la lideresa indígena asesinada, Bertha Zúñiga Cáceres dijo a Criterio.hn que las pruebas contra David Castillo son irrefutables y contundentes por lo que esperan una sentencia condenatoria. Sin embargo, «no queremos que con eso se cierre este proceso de búsqueda de justicia, sino que más bien abra otros procesos contra esas personas que hasta hoy han gozado de la impunidad de parte del Estado».
- Nota relacionada: OACNUDH reitera responsabilidad del Estado en profundizar investigación por el asesinato de Berta Cáceres
La Oficina llama a respetar los derechos de familiares de #BertaCáceres y permitir su participación efectiva en el proceso. #OACNUDH recuerda que los familiares de las víctimas de violaciones a los #DDHH son también víctimas y debe garantizarse su derecho de acceso a la justicia
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) April 6, 2021
Zúñiga Cáceres también expresó: «nuestra lucha ha tenido que ver con tratar de disputar la justicia en un país de impunidad, lógicamente sabemos las condiciones que hay, por eso también para nosotras es importante la veeduría que podemos hacer como organizaciones, como comunidad nacional e internacional, ya que sabemos que hay también intereses detrás de este proceso que hoy ha mantenido en la impunidad a los señores Atala Zablah».
El profesional del derecho y miembro del equipo legal de la causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, declaró que las pruebas contra Castillo Mejía están en poder del sistema de administración de justicia desde mayo de 2016 y que las mismas «son inmodificables en relación a su participación en el crimen como coautor, como enlace entre los autores materiales del crimen y los ejecutivos de la empresa DESA».
«Reclamamos que el sistema de administración de Justicia tenga la independencia, tenga la determinación de investigarlos, de enjuiciarlos, y de condenarlos en su momento», aseveró Fernández, quien también recordó que «nada de lo que le pasó a Bertita, hubiese sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese financiado el proyecto; y muchos otros crímenes en este país no se hubiesen producido si el sistema financiero nacional, internacional y multilateral no siguiera apoyando este tipo de proyectos».
Fernández sostiene que hacer justicia a Berta Cáceres es hacerle entender al sistema financiero nacional e internacional, que supuestamente promueve el desarrollo en estos países, que en «en este país promovió un desarrollo que generó una escalada de violencia en el pueblo Lenca, generó una escalada de actos de corrupción que constituyen verdaderas asociaciones ilícitas criminales».
El juicio contra Roberto David Castillo Mejía, acusado del asesinato de la defensora de los derechos humanos y del ambiente, Berta Isabel Cáceres, fue aplazado en once ocasiones debido a recursos interpuestos por su defensa. El proceso inicia hoy martes 6 de abril y está programado que continúe hasta el viernes 30 de abril.
En el quinto aniversario del crimen, el abogado Fernández reiteró que los avances en la causa de Berta Cáceres no son dádivas del sistema de Justicia en Honduras, sino parte de una lucha constante por parte de las organizaciones involucradas en hacerle justicia.
