Tegucigalpa.- Las elecciones generales del pasado domingo 28 de noviembre y la arrolladora victoria del Partido Libertad y Refundación (Libre) fue una abierta condena a la administración y legislación impuesta por el Partido Nacional de Honduras en los últimos doce años, entre estas impopulares normativas destaca la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La virtual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha prometido la derogación de dicha ley. Criterio.hn conversó con el virtual diputado de Francisco Morazán por el Partido Libre, el doctor en economía, Hugo Noé Pino, quien en más de una ocasión ha declarado su desaprobación por dicho régimen legal, argumentando que “las ZEDE son un insulto a la soberanía nacional”.
Noé Pino manifestó que «hay una firme determinación» tanto por los virtuales diputados de Libre, como los del Partido Salvador de Honduras (PSH) y una parte del Partido Liberal Honduras (PLH) -que han salido hasta el momento, porque aún no ha terminado el conteo- de derogar la Ley Orgánica de las ZEDE.
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Sin embargo, aclaró que será necesario contar con ⅔ de los diputados al Congreso Nacional para derogar la ley, por lo que será forzoso contar con votos de diputados del Partido Nacional. La pregunta es si estos diputados, ya fuera de la influencia de Hernández y tras el desastre electoral que vivió su partido estarían dispuestos a aprobar la derogación, cuestionó.
Esto debido a que el actual presidente del Poder Ejecutivo, pero entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, blindó la inconstitucional ley -aprobada en 2013- señalando que solo podrá ser derogada con ⅔ de los votos del Congreso Nacional, lo que se conoce como mayoría calificada, o sea 86 votos.
Para crear la Ley Orgánica de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, se reformó de forma ilegal la Constitución de la República. «Para derogar las ZEDE, uno requiere derogar los artículos que le dan base, que están dentro de la Constitución», comentó a Criterio.hn el exdirector ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Entre estos artículos están el 294 y el 329. En el 294 se establecía la división política de Honduras en departamentos y municipios, pero fue reformada para incluir a las zonas especiales de desarrollo. Mientras que en el 329 se establecía la promoción del desarrollo económico y social en consenso con los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, el cual fue modificado para incorporar ocho párrafos enfocados en las ZEDE y su conformación.
Sin embargo, no basta su derogación pues según explica el doctor en economía, la legislación ya contempla la supresión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y «dejaron tantos candados con las ZEDE» que en caso de derogación, se establece que los beneficios recibidos quedarán vigentes por diez años después de la supresión de la ley.
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La única salida de lidiar con todos los cerrojos dejados por Juan Hernández durante su paso por la presidencia del Congreso Nacional manifestó, sería presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez se elijan los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro de dos años, que de ser aceptado significaría que «todo lo actuado sería en cierta manera ilegal».
A partir de lo conversado con el virtual diputado por el Partido Libre, queda claro que doce años de imposición de leyes no se borran de un plumazo y el compromiso de ciudadanía y sus representantes en el Congreso Nacional será necesario para lograr la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, entre muchas otras.
No por nada, en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional, presidido por Juan Hernández [y con el visto bueno del presidente Lobo], destituyó a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma, quedando únicamente el magistrado Óscar Fernando Chinchilla. Acción que fue considerada un golpe de Estado perpetrado por un poder hacia otro.
Dos meses antes, a inicios de octubre, los magistrados destituidos habían determinado por mayoría de votos declarar inconstitucional el proyecto de las Redes Especiales de Desarrollo (RED), la antecesora de las ZEDE. El único voto en contra fue el de Óscar Fernando Chinchilla, actual fiscal general del Ministerio Público.
