Tegucigalpa.- La elección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deberá efectuarse el 25 de enero de 2023, podría correr peligro. Por un lado, se apunta a que debería ratificarse la actual Junta Directiva del Congreso de la República, y, por el otro, a que desde el conservador Partido Nacional existiría intención de asumir el control del Legislativo.
La Junta Directiva que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, se eligió en medio de controversia el 23 de enero de 2023. Ese mismo día se juramentó a Jorge Cálix, de Libertad y Refundación (Libre), como presidente del Legislativo. Lo anterior provocó una crisis legislativa que se dirimió el 8 de febrero de 2022, con una reunión entre Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, y Cálix. Al final se reconoció a Redondo como único presidente del Congreso.
Sin embargo, con el transcurso de los meses, la supuesta falta de ratificación de la Junta Directiva ha generado un profundo debate: ¿Es legal o no? Algunos sectores apuntan a que adquirió la legalidad desde que el resto de las bancadas reconocieron su autoridad, mientras que otros indican que nunca se legalizó, porque no recibió los votos de todas las bancadas incorporadas.
Durante las últimas semanas, el discurso que califica de “ilegal” la Junta Directiva se ha intensificado por parte de los sectores opositores, y, aunque en diputadas y diputados del Partido Nacional existe la supuesta intención de prestar sus votos para ratificarla, también queda abierta la posibilidad de que haya, desde ese instituto político, la intención de sentarse en los cargos directivos del Congreso.
A más tardar el 23 de enero de 2023, el Congreso recibirá por parte de la Junta Nominadora un listado con al menos 45 candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales se seleccionarán a los 15 profesionales del derecho que ocuparán dichos cargos. La elección tiene alta relevancia: el destino de la administración y la impartición de la justicia durante los próximos siete años.
Con el propósito de evitar que personas íntegras lleguen a esas magistraturas del Poder Judicial, habría sectores interesados en trastocar el proceso, según diputados analistas y sociólogos. La diputada del PSH, Maribel Espinoza, mencionó que existe una intención expresa de provocar inseguridad jurídica en el proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia.
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“No cabe duda que hay fuerzas perversas trabajando para provocar la inseguridad jurídica en el proceso de elección de la próxima CSJ, para ello ponen en duda a la JD del CN; son aquellos que quieren que no haya elección de CSJ y otros provocan el caos para justificar sus planes”, dijo vía Twitter.
La elección de las 15 personas que ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia deberá pasar por, al menos, la voluntad de 86 legisladores. Sin embargo, la intención de desvirtuar a las autoridades del Congreso podría contener, intrínsecamente, una intención de evitar dicha selección.
Armando Orellana, profesor de sociología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), dijo a Criterio.hn que no debe descartarse que, desde la bancada del Partido Nacional, haya una voluntad de sentarse en la Junta Directiva y deslegitimar el proceso de nominación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Bajo esta idea de calificar de ilegal a la Junta Directiva podría estar el interés de tomar el control de ese poder del Estado y declarar ilegal a la junta de selección de candidatos a magistrados, buscando darle continuidad a la actual Corte, que fue instaurada por ellos mismos, y así evitar que se conforme por jueces que los lleven a ellos a juicios”, expresó.
AMBIENTE DE CONFUSIÓN
Aunque contra la Junta Directiva se han presentados recursos de constitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, ninguno de ellos ha sido admitido.
A pesar de lo anterior, unas supuestas declaraciones recientes del presidente de la Corte, el nacionalista Rolando Argueta, remanente del gobierno de Juan Orlando Hernández, han generado confusión al mencionar que dos recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva están abiertos. Criterio.hn no consiguió acceso a la entrevista del presidente del Poder Judicial y, por lo tanto, no consiguió verificar las declaraciones.
No obstante, fuentes oficiales del Poder Judicial confirmaron a Criterio.hn, el 24 de octubre de 2022, que estos recursos de inconstitucionalidad son contra la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como “Ley de amnistía política”, y no exclusivamente contra la integración de la Junta Directiva del Congreso.
Aun así, dice el abogado constitucionalista Oliver Erazo, un pronunciamiento “ha lugar” por parte de la Sala de lo Constitucional podría comprometer a la Junta Directiva.
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“Habrá que ver si la Sala dice que la ley vulnera derechos constitucionales y habrá que ver si la Sala da respuesta sobre la legalidad del decreto en razón de la forma. Si la Sala dice que es inconstitucional por razones de forma, entonces estaría diciendo que hubo una violación en el proceso constitucional de formación de la ley”, consideró en entrevista con Criterio.hn.
Aunque dicho decreto amnistía a presos políticos, también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como ser: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública.
Personas como Marcelo Chimirri, quien ya había sido condenado a 17 años de prisión por violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, fue absuelto el pasado 3 de marzo de 2023.
LEGALIDAD ADQUIRIDA TÁCITAMENTE
A criterio del analista político, Rodil Rivera Rodil, el debate en torno a la legalidad de la Junta Directiva no debe confundirse con la “Ley de amnistía política”.
“En mi opinión la Junta Directiva fue legitimada por los mismos diputados del Congreso, reintegraron, votaron, conformaron el quórum. Eso se llama ratificación tacita”, dijo Rivera Rodil a este medio digital, quien insistió en mencionar que la situación de la Junta Directiva es de carácter político y no jurídico.
El también exdiputado del Partido Liberal mencionó que eventual posición por parte de la Sala de lo Constitucional, como lo ha sugerido la Conferencia Episcopal, podría generar una crisis de “impredecibles consecuencias”.
“Al declarar la ilegalidad, cualquier persona puede pedir la nulidad de cualquier hecho en estos meses, como nombramiento de personal y leyes que han aprobado. Ha habido una producción de actos jurídicos enorme en estos ocho meses”, expresó.
Cada vez es mayor el clima de incertidumbre que se genera con miras a la elección de las nuevas autoridades del Poder Judicial. Existen sectores interesados en mantener un andamiaje de corrupción forjado durante los últimos años, y que ha impedido una transparente administración e impartición de la justicia, que ha sido secuestrada por grupos de poder político y económico.
