Ilustración de portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- Los altos intereses de la cúpula económica en la explotación de los territorios, así como la permisibilidad del Estado de Honduras que continua sin cumplir la demanda de cancelar los proyectos violadores de derechos humanos, estarían detrás del asesinato de dos defensores de Guapinol el sábado 7 de enero.
Así lo dejó entrever el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que emitió un comunicado en el que además de solidarizarse con la ciudadanía del municipio de Tocoa, extendió el pésame a las familias de Jairo Bonilla y Aly Domínguez.
«Nos duele que, a pesar de la alta denuncia y repudio generado con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres en el mundo, defensores de la vida sigan siendo asesinados por defender los derechos fundamentales como el agua, los territorios y la dignidad humana», expresó la organización.
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En el pronunciamiento, establecieron su repudio ante estos crímenes, los cuales apuntaron, responden a altos intereses de la cúpula económica que se lucra a costa de la explotación de los territorios y la sangre de las comunidades indígenas y campesinas del país.
Agregaron: «Denunciamos los actos criminales perpetrados por empresas asesinas que mantienen vigente una ilegal y sangrienta concesión por permisibilidad del Estado de Honduras que sigue sin cumplir la demanda del pueblo de Honduras de cancelación definitiva de proyectos violadores de derechos humanos».
PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A AGOTAR ES DEFENSORÍA
En sus exigencias, Copinh subrayó que los protocolos internacionales en materia de derechos humanos establecen que ante el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, la primera línea de investigación a agotar es la relacionada a su labor de defensoría. «En este sentido es imperativo investigar el involucramiento de la empresa Inversiones Los Pinares», continuaron.
En este punto, es importante recordar que tras el doble asesinato rápidamente circuló en medios de comunicación y posteriormente fue reforzado por la Policía Nacional en Tocoa, que el motivo del crimen sería un asalto. Versión que fue desmentida por familiares e integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
De igual forma, este comité, que reúne a organizaciones en defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, denunció desde agosto de 2022 una campaña de odio y desprestigio que escaló entre noviembre y diciembre a vigilancia, acoso y amenazas contra los liderazgos que se oponen a los proyectos mineros en la Montaña de Botaderos.
Debido a este incremento en las amenazas a muerte contra reconocidas personas defensoras, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa hizo un llamado urgente en diciembre a la presidenta Xiomara Castro a garantizar la integridad física y atender sus peticiones en lo que respecta a las concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
LLAMADO A CANCELAR CONCESIÓN MINERA EN PARQUE NACIONAL
El Copinh reclamó a la presidenta Xiomara Castro, especialmente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), que se avance de forma seria, responsable y profesional en la cancelación de la concesión de la empresa Inversiones Los Pinares para la explotación de óxido de hierro que amenaza la vida de las poblaciones aledañas.
En este punto, se suma el hecho que al día de hoy Serna continúa sin hacer público el informe sobre la contaminación en el Parque Nacional Carlos Escaleras, que elaboró a partir de la gira interinstitucional realizada en compañía de miembros del CMDBCPT y que escaló la vulnerabilidad e indefensión de los ambientalistas.
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EXIGEN A MECANISMO DE PROTECCIÓN SALVAGUARDAR VIDA DE DEFENSORES
Finalmente, sin entrar en detalles, el Copinh exigió al Mecanismo de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que cumpla su deber de salvaguardar la vida de las personas amenazadas por su trabajo de defensoría del Parque Nacional Carlos Escaleras.
La organización no hizo referencia alguna a los pronunciamientos de la Secretaría de Derechos Humanos, pero esta institución estatal tras emitir un primer comunicado condenando el asesinato de Jairo Bonilla y Aly Domínguez, publicó un segundo en el que especificó que ninguna de las víctimas eran beneficiarias de medidas de protección al momento de su asesinato. Agregando que en las medidas colectivas, son las comunidades u organizaciones quienes definen los listados de beneficiarios.
«En el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Protección se recibió el listado que no incluyó a los dos defensores debido a que estos se habían retirado del colectivo de manera voluntaria. No así, otros miembros que por su nivel de riesgo continúan con medidas activas», lee el comunicado publicado el 10 de enero.
A este pronunciamiento, el Comité Municipal respondió: «Eximirse de responsabilidad en un comunicado público subrayando que ambos defensores no eran beneficiarios de medidas de protección no solo agrava la situación de riesgo del conjunto de personas defensoras de Guapinol y sus familias, como otras personas defensoras del Comité de Guapinol y el CMDBCPT, sino que plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado y del gobierno actual para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos».
Agregando, que «en casi un año de administración, el nuevo ejecutivo no ha tenido la capacidad de revertir esta violencia ni ofrecer garantías de seguridad y protección para la comunidad de Guapinol, Sector San Pedro y las personas defensoras del CMDBCPT».
