Insurrección legal versus autoridad ilegal

Por: Jefferson Maradiaga Vigil

No señores y señoras, el título de este artículo aun cuando parece un absurdo, no lo es. Si la percepción suya es que es una locura, es únicamente porque usted desconoce por completo el contenido de la Constitución que nos rige desde 1982 y ha creído por completo las mentiras vertidas por las “autoridades” y los medios de comunicación, que parecen hacer eco únicamente de la versión oficial como una verdad absoluta e incontrovertible y por la indiferencia cómplice de los liderazgos de la mayor parte de los sectores sociales, llevándonos a esta crisis donde la República se debate entre, aceptar el caudillismo y la defensa de la democracia como formas de gobierno.

Los constituyentes que elaboraron el actual ordenamiento legal, hoy vilipendiado, tuvieron el concepto claro de que la figura de la reelección presidencial, no es más que el último eslabón del totalitarismo, la dictadura o el absolutismo, de la ambición desmedida del hombre republicano y demócrata que se cree indispensable para el Estado; y que ha logrado colarse en la democracia, como un parásito que espera al portador adecuado para crecer y tomar fuerza hasta corromper el sistema desde el interior, transformando al otrora portador del parásito, a su vez en un parásito del Estado mismo.

Por otro lado, como a modo de pequeñas evidencias de lo desastrosa que la reelección es y seria, nos legarían la reelección a nivel de diputados y alcaldes, donde en la mayoría de los casos, quienes se han perpetuado han sido los seres con la mayor decadencia moral y por ende con los peores resultados de gestión, y con una acumulación desmedida de influencia y poder que los ha vuelto actores de la corrupción y co-hechores de la crisis actual. Así, también podemos concluir a priori y sin temor a equivocarnos, que la reelección a nivel sindical-laboral ha sido la desgracia del gremio, porque la reelección a toda escala, crea la figura del caudillo y el caudillo sofoca a su alrededor cualquier asomo de nuevos liderazgos.

Más allá del fraude, que si lo hubo, con una claridad ridícula. La reelección es ilegal, pese a las leguleyadas grotescas planteadas y accionadas para maquillar, lo que en realidad es el quebrantamiento del orden constitucional.

Esta es una reelección tres veces ilegitima, por carecer de legitimidad legal y legitimidad popular, además ensombrecida por un zarpazo a la voluntad electoral ante la negativa ciudadana de legalizar tal atrocidad con su voto. Sumado a todo esto, el marketing de que el Caudillo es el único capaz de gobernar, de hacernos progresar, de poner orden y paz; todos estaremos perdidos si él nos rige nuestros destinos y por nuestro bien deben someternos, porque él más que nosotros sabe lo que queremos y necesitamos para ser felices.

Las FF.AA traicionaron sus obligaciones y prefiere imponer el “orden” que el caudillo en su ilegalidad manda. Que apoyar o interpretar la insurrección que está ejerciendo legalmente el pueblo en cumplimiento al Artículo 3, de la Constitución que reza: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos (inaplicabilidad del artículo 239) que quebranten o desconozcan lo que esta constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”. 

Es así, que ante la negativa de las FF.AA a cumplir su mandato, es el pueblo y no ellos quienes están investidos de autoridad, y son los que protestan insurrectos a los que protege la ley, como lo estipula el Articulo 375: Esta constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio o procedimiento distinto del que ella misma dispone (figura de la inaplicabilidad del 239).

En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. Considerando que la crisis tiene como origen la ambición de Juan Hernández y sus cómplices, el pago por los daños ocasionados en estas revueltas sea cual fuere, más la logística gastada por la autoridad etc., debe ser sacado, por un gobierno constitucional, de las bolsas de quienes ejercen ilegalmente el poder y sus achichincles, esto en cualquier momento en el futuro, pues el mismo 375, en su segundo párrafo sigue: Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad a ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella.

El congreso puede decretar con el voto de la mayoría de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación (artículo 3) de los poderes públicos, para resarcir a la República de los prejuicios que se le hayan causado. Por lo tanto, acá los vándalos usan uniforme y la autoridad está quemando llantas, a menos que las FF.AA asuman su obligación de defender la democracia.

* Periodista, Escritor, Analista

@JesusMaradiagaV