Tegucigalpa, Honduras. – La representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, remarcó que la violencia y discriminación impactan en las mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Durante la presentación del informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023, Albaladejo expresó que durante ese año la violencia en contra de mujeres “se agravó”.
Esta realidad de violencia se ve evidencia en la data que recoge el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el cual registró, a través del monitoreo de medios impresos y digitales 742 agresiones contra mujeres y niñas, de las cuales el 58% de estas, fueron delitos contra la vida y 30% delitos sexuales.
Además, el CDM, sólo en el 2023 documentó 427 delitos contra la vida, y de estos 386 son muertes violentas de mujeres y 47 tentativas.
TOMAR MEDIDAS CONTUNDENTES
Las múltiples violencias a las que se enfrentan las mujeres en Honduras requieren de la adopción de políticas y estrategias integrales con enfoque de género que apunten a la prevención de la violencia.
En ese sentido Isabel Albaladejo manifestó que el abordaje integral por razón de género “requiere acelerar la adopción de políticas públicas integrales y la adopción de normas adecuadas que garanticen la prevención y protección”.
Sobre este llamado que realizó la representante de OACNUDH en el país, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», señaló que no le extraña, ya que en el país centroamericano que se ubica entre ellos primeros cinco países del mundo más violentos para las mujeres porque en el país “ha sido una constante” el no contar con políticas públicas integrales que aborden la prevención de la violencia.
La falta de políticas y estrategias de prevención se traslapan con los datos del CDM, que registró denuncias al sistema Nacional de Emergencia 911 sobre violencia contra mujeres durante 2023, en ese sentido se contabilizaron 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar lo que antes era conocido como violencia intrafamiliar.
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¿QUÉ POLÍTICAS SE DEBEN IMPLEMENTAR?
Ante el panorama histórico de violencia en contra de las mujeres y la falta de aplicación de estrategias y políticas públicas integrales con enfoque de género, que históricamente las organizaciones de mujeres han demandado, instan a tomar acciones contundentes a la institucionalidad del Estado.
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), la primera política que se debe implementar es el Tercer Plan de Igual y Equidad Género, que, de acuerdo con la feminista, todavía no se ha presentado. En segundo lugar, consideró que se tienen que implementar el Plan de Violencia Contra las mujeres que comprendería un periodo de tiempo de 2024 a 2034.
Además, señaló que la implementación de dichos planes correspondería a la Secretaría de la Mujer, sin embargo, no han sido socializados ni presentados para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Por otro lado, Sánchez, enfatizó que las políticas de prevención deben estar enfocadas en el imaginario del ideario cultural para cambiar las masculinidades y promover el empoderamiento de las mujeres. “Tenemos que trabajar en acciones de prevención, de no violencia y de construcción de paz desde una perspectiva integral de género”.
Por su Parte, Cristina Alvarado, remarcó que el abordaje integral también implica un trabajo interinstitucional coordinado para que la respuesta hacia la violencia sea efectiva.
Aunque el llamado de la OACNUDH, de acuerdo con las feministas es correcto, enfatizan que se requiere de voluntad política para poder implementar las políticas ya existentes en materia de prevención de la violencia contra la mujer.
Actualmente las organizaciones demandan a las autoridades hondureñas, enviar al Congreso Nacional la propuesta de Ley Integral de Prevención de la Violencia contra Mujeres que fue presentada en marzo de 2022. Misma que está siendo objeto de campañas de desinformación por parte de grupos fundamentalistas religiosos para evitar su aprobación
