Tegucigalpa.- Cien organizaciones y académicos enviaron una carta dirigida al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exponiendo la actual crisis de derechos humanos que vive el Valle del Aguán en la costa norte de Honduras. Así como sus nexos al pasado reciente a través de la familia Facussé e instan a que el país del norte vele por los derechos humanos.
La misiva de seis páginas expone los recientes asesinatos en la zona de cuatro defensores de la tierra y el territorio quienes hacían frente a Corporación Dinant e Inversiones Los Pinares. Ambas propiedades con nexos directos a la familia Facussé, a través de Miguel Mauricio Facussé Saénz y Ana Facussé Madrid, ambos hijos del extinto terrateniente palmero Miguel Facussé.
A Blinken solicitan tomar todas las medidas a su alcance para ayudar a detener la violencia y asegurar la rendición de cuentas, promoviendo el cumplimiento del acuerdo firmado entre las cooperativas y el gobierno de Honduras el pasado 22 de febrero de 2022, en el que se compromete a proteger la vida y los derechos fundamentales de las cooperativas.
VIOLENCIA CONTRA COOPERATIVAS CAMPESINAS
Exponen el vértice de violencia contra las y los integrantes de las cooperativas campesinas, en el que uno de sus últimos capítulos tuvo como eje central el asesinato del presidente de la Cooperativa Los Laureles, José Omar Cruz Tomé, junto a su suegro Andy Martínez Murillo.
El plan para asesinar al líder campesino Omar Cruz Tomé en el Aguán era de conocimiento público, puesto que junto a otros ocho compañeros y compañeras, sus nombres fueron incluidos en un listado de los liderazgos de la Plataforma Agraria cuyas vidas estaban en riesgo.
“Las organizaciones de derechos sobre la tierra de la zona llevan mucho tiempo denunciando que la empresa de palma aceitera Dinant ha formado una alianza con una banda de asesinos que han aterrorizado al pueblo de Quebrada de Arena durante al menos los últimos cinco años”, establecen en la carta.
Los asesinatos de Cruz Tomé y su suegro Martínez Murillo fueron precedidos por una serie de asesinatos y otros actos de violencia a inmediaciones o dentro de las cooperativas campesinas.
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En la carta, organizaciones y académicos establecen el patrón de criminalización, persecución y violencia generalizada que se ha establecido desde Corporación Dinant, Agropalma e Inversiones Ceibeñas contra las y los integrantes de cooperativas.
“Los defensores de la tierra de la zona explican que numerosas pruebas implican a las empresas de palma aceitera en un patrón de violencia extrema contra las cooperativas que defienden sus derechos sobre la tierra, pero la mayoría de los asesinatos quedan en la impunidad. En lugar de investigar y perseguir los crímenes contra los defensores de los derechos, la policía y los fiscales de Tocoa han incurrido en un patrón de falsa persecución de los defensores de derechos”, lee la carta.
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CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS CONTRA DEFENSORES DEL AGUA
Siempre en el Aguán, abordan la detención arbitraria por 914 días de los ocho defensores de Guapinol, quienes fueron criminalizados por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras luego que se instaló un proyecto minero de Inversiones Los Pinares, del Grupo Emco Holding, presidido por Lenir Pérez, esposo de Ana Facussé Madrid, hermana de Miguel Mauricio Facussé Saénz.
Los firmantes señalan que patrones similares de violencia e impunidad se manifestaron contra los defensores del ambiente y derechos humanos, previo a los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero del 2023. Tanto Domínguez y Bonilla eran miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, quienes se oponen a las operaciones de minería a cielo abierto realizada por Inversiones Los Pinares y la subsecuente contaminación del río Guapinol.
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En la carta establecen el patrón de violencia, la disputa de tres décadas por las tierras de la reforma agraria que debían favorecer al campesinado y no la agroindustria, y el papel actual de los herederos del fallecido empresario Miguel Facussé tanto en las tierras fértiles del Aguán como en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Además, especifican que el área protegida lleva el nombre del fundador de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Carlos Escaleras Mejía, asesinado en 1997 en respuesta a su oposición a la construcción de una planta de procesamiento de aceite de palma financiada por el Banco Mundial. “Numerosas pruebas señalan al padre de Miguel Mauricio y Ana Facussé, Miguel Facussé Barjum, como autor del asesinato de Carlos Escaleras en 1997”, detalla la misiva.
Remarcan que el mismo sitio donde Miguel Facussé Barjum pretendía construir la planta de procesamiento de aceite de palma, es ahora el lugar donde finalmente su hija Ana Facussé Madrid, junto a su esposo Lenir Pérez, construyeron la planta peletizadora de óxido de hierro de Inversiones Ecotek, empresa hermana de Inversiones Los Pinares, ambas subsidiarias del Grupo Emco Holding.
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