A pesar de los cambios de liderazgo en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en los últimos años, la inoperancia persistirá mientras no se lleve a cabo una depuración del personal corrupto y vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado, como también pasa en la Policía Nacional, según analistas
Tegucigalpa, Honduras.- Para erradicar la impunidad y agilizar los procesos judiciales en Honduras, es imperativo llevar a cabo una profunda depuración del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estas instituciones históricamente han estado permeadas por individuos que priorizan los intereses de la élite política y económica, lo que ha obstaculizado la búsqueda de justicia para todos los ciudadanos.
La abogada Julissa Aguilar, quien se desempeña como magistrada de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, expresó su opinión sobre la situación actual en cuanto a la denuncia de delitos relacionados con la criminalidad organizada y la corrupción que concluyen en impunidad.
Destacó que, además del cambio de autoridades, otro factor que podría estar incidiendo en la falta de denuncias por parte de la población es la percepción de que las denuncias anteriores no tuvieron efectividad en términos de juzgamiento y procesamiento. “¿De qué me servirá poner una denuncia si queda en impunidad? Ese es el principal cuestionamiento de los hondureños que han sido víctimas de algún delito”, precisó.
Según Aguilar, aunque la Policía ha estado realizando detenciones, estas se limitan a las personas que van a cobrar extorsiones, lo cual no afecta realmente a las redes criminales en su totalidad. Señaló que es necesario llevar a cabo investigaciones sobre la estructura criminal en su conjunto, algo que se desconoce si la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha comenzado a realizar, ya que no se ha desmantelado ninguna estructura criminal poderosa en Honduras, como ser la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
La abogada Aguilar destacó que en su experiencia de seis años trabajando en el Poder Judicial, no ha visto análisis exhaustivos de la estructura criminal ni imputaciones a los líderes de estas organizaciones, lo que contribuye a la desconfianza de la población en el sistema judicial.
En conclusión, la abogada destacó dos aspectos fundamentales para alcanzar la tan anhelada justicia en Honduras. En primer lugar, la necesidad de depurar las estructuras de las instituciones que integran el sistema legal. En segundo lugar, la importancia de una mayor transparencia en el manejo de los presupuestos aprobados anualmente por el Congreso Nacional.
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MINISTERIO PÚBLICO DEBE SER DEPURADO
La larga era de corrupción e impunidad bajo el mandato del exfiscal general del Ministerio Público (MP), Óscar Fernando Chinchilla, llegó a su fin el 31 de agosto de 2023. Sin embargo, como se advirtió en ese momento, el simple cambio de liderazgo no es suficiente para romper este ciclo pernicioso.
Con Johel Zelaya en el cargo de fiscal general de la Fiscalía, se destaca la urgencia de llevar a cabo una exhaustiva purga en la institución. Existe el riesgo de que el ente, encabezado también por Marcio Cabañas Cadillo, continúen operando de la misma manera, protegiendo así los intereses de la élite política y económica que ha perpetuado la pobreza y la violencia en el país.
“Sacar a Chinchilla y a Daniel Sibrián fue sólo el primer paso, aunque es un paso pequeño. Lo que sigue es reconstruir por completo el Ministerio Público, y esta reconstrucción implica una reestructuración profunda, no solo a nivel administrativo, sino también en la evaluación de todo el personal”, expresó el abogado Joaquín Mejía en una entrevista con Criterio.hn.
En sus palabras, el abogado constitucional destacó que, aunque existen fiscales competentes y éticos, también hay una considerable proporción forma parte de estructuras corruptas y vinculadas al crimen organizado y narcotráfico. Además, resaltó que su inacción frente a la impunidad los convierte en cómplices pasivos de este flagelo.
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TASA DE IMPUNIDAD: DESAFÍO PERSISTENTE PARA LA JUSTICIA
En Honduras, la lucha contra la impunidad sigue siendo un desafío formidable. Según informes de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo contra la Impunidad en Honduras (GTIH), la tasa de impunidad en el país es alarmantemente alta, llegando a superar el 90% en algunos delitos graves, como homicidios y crímenes de corrupción.
Esta situación es el resultado de una serie de factores complejos. La corrupción dentro del sistema judicial, la falta de recursos y capacitación adecuada para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la influencia política son solo algunos de los elementos que contribuyen a esta realidad desafiante.
La falta de transparencia en el sistema judicial hondureño complica aún más la evaluación precisa de la tasa de impunidad. Sin embargo, es evidente que la mayoría de los casos de delitos graves quedan sin resolver y los responsables rara vez enfrentan consecuencias legales.
Esta alta tasa de impunidad socava la confianza en el sistema de justicia y crea un clima de inseguridad para los ciudadanos hondureños. La sensación de que los delincuentes pueden actuar sin temor a ser llevados ante la justicia alimenta la violencia y la criminalidad en el país.
Para abordar este problema, se requiere un esfuerzo concertado para fortalecer las instituciones judiciales, combatir la corrupción y mejorar la aplicación de la ley. Sin embargo, el camino hacia una mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial hondureño es largo y está lleno de desafíos.
En resumen, la lucha contra la impunidad en Honduras es un objetivo crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, es necesario un compromiso continuo y acciones concretas para superar este obstáculo persistente en el camino hacia la justicia y el estado de derecho.
