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Informes de Secretaría de Seguridad y Corte Suprema parecen esconder nombres de extraditables

Comisión de extradición del Congreso denuncia amenazas a muerte

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Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. – La Comisión Especial asignada por el Congreso Nacional para abordar temas de extradición, ha señalado hallazgos preocupantes al comparar los informes de la Secretaría de Seguridad y del Poder Judicial, pues una serie de inconsistencias sugieren que se estaría escondiendo información de algunos solicitados en extradición.

Así lo expresaron integrantes de la Comisión, entre ellas la diputada Maribel Espinoza, quien manifestó que después de una larga reunión con el secretario de seguridad, Ramón Sabillón, encontraron que el total de solicitudes de extradición son 98, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dio un informe donde sostiene que son 97.

La congresista también dijo que el informe incluyó que existen 32 personas pendientes de captura, mientras la Secretaría de Seguridad dice que son 41 los que están pendientes. Además, encontraron que, de esas 41 órdenes de captura pendientes, 21 no se habían ejecutado por los anteriores directores de la Policía Nacional de Honduras.

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Asimismo, Seguridad habla de cuatro detenidos en proceso de extradición, pero la Corte señala que son tres, es decir, el expresidente Juan Orlando Hernández y el exjefe de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Toquiro Ramírez Rodas alias “El Perverso”, está última trascendió hace algunos días en Choluteca bajo una orden de captura activa desde el 2014.

Ramírez, sería un supuesto narcotraficante de origen salvadoreño y miembro de la pandilla MS-13, según una versión de noviembre de 2011 del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La togada señaló que la información es sensible porque datos recabados no concuerdan, y sospechan que durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2021) se impidió que se efectuaran las extradiciones.

En consecuencia, aprovechó para señalar que el expresidente a un paso de su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, es un cáncer que debe ser extirpado y, la única forma, es a través de la extradición.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó a través de sus redes sociales que este miércoles 23 de marzo, presentarán un informe complementario de extradiciones a la Comisión. En efecto, se espera que esta vez los listados estén actualizados y completos.

 

Por su parte, la diputada Silvia Ayala, quien también forma parte de la Comisión Especial, agregó que, al recibir el informe del Poder Judicial, justificaron que sus procedimientos han sido expeditos y, que, según ellos, sería en la Secretaría de Seguridad donde se dan largas a las órdenes de captura.

Sin embargo, Ayala manifestó que, aunque hay graves inconsistencias todavía no pueden hablar de juicio político en caso que se esté ocultando datos, pues primero deben recolectar toda la información y hace falta reunirse con la Cancillería y la Secretaría de Defensa que podría brindar información toral.

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COMISIÓN HA DIALOGADO CON DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS

Ante todo, la congresista Maribel Espinoza, reconoció la labor de Ramón Sabillón quien dijo que su objetivo era recuperar la operatividad policial, puesto que no pudieron encontrar en los archivos de la Policía todas las extradiciones que se habían tramitado.

Debido a las incongruencias mencionadas, destacó que en la última fase de las revisiones que realizan, procedieron al escrutinio en los registros que quedaron en la Cancillería de la República. Los datos del Ministerio Público, de la Corte Suprema y de la Secretaría de Seguridad son los que ya han revisado.

Uno de los casos citados, ha sido el de Fredy Donaldo Mármol Vallejo, extraditado en octubre de 2021 a los Estados Unidos, solicitado por delitos relacionados al narcotráfico. Espinoza, mencionó que el Ministerio Público ejecutó la orden de captura, pero se comprobó que hubo duplicidad tanto de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como de la Policía Nacional durante los operativos.

La Comisión ha mencionado en diversas ocasiones que el caso deben manejarlo con evidencias. A su vez, comentaron que preguntaron por qué el juez libró órdenes de captura al Ministerio Público y no a la Policía, pero hasta ahora no les supieron responder.

Otro hallazgo es que la Policía fue cercenada en una serie de funciones de inteligencia, por ejemplo, el Sistema Nacional de Emergencias (911) y otras herramientas que la institución requiere.

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En conclusión, sospechan que se omiten nombres de solicitados en extradición porque cuando el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, llegó con su nuevo equipo de trabajo, no encontraron muchas órdenes de captura, las que pudieron haber sido extraviadas a propósito.

De esa forma, constatan que, durante el gobierno de Hernández, varias instituciones incumplieron los procesos de extradición, tomando acciones indebidas. También, se deja entrever que esa descoordinación fue con el objetivo de favorecer a los extraditables.

La Comisión anunció que han conversado incluso con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, aunque se reservan esa información, buscan la manera de corregir el desorden y sacar a la luz los datos que parecen estar escondidos.

El presidente de la Comisión, abogado Ramón Barrios y el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, habrían acordado que la información se recibirá de forma confidencial, en un sobre sellado y lacrado para entregarlo directamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Cada uno de los puntos expuestos será detallado en el informe final que presentará la Comisión Especial, en este sistematizarán las pesquisas y el resultado de los análisis de los documentos recibidos, informó Barrios.

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