El reporte cómo empresas extractivas e instituciones financieras incumplen obligaciones de derechos humanos y están vinculados a desapariciones forzadas de defensores ambientales
A casi diez años del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres, el informe remarca la ausencia de reparación por parte de los bancos que financiaron el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.
Tegucigalpa, Honduras. – El recién publicado Reporte sobre Desapariciones Forzadas en el Contexto de la Defensa de la Tierra, los Recursos Naturales y el Medio Ambiente no da lugar a la interpretación sobre qué y quiénes están detrás de las desapariciones en los territorios.
Empresas transnacionales, locales, e instituciones financieras, junto a grupos de organizaciones criminales, fueron incluidos en el listado de perpetradores no estatales detrás de las desapariciones forzadas de defensores del ambiente, la tierra y el territorio.
El informe amplió el marco de análisis de la definición de desaparición forzada, que antes limitaba la acción a eventos donde únicamente participaron agentes del Estado, e incorpora la actuación de terceros con “apoyo directo o indirecto, el consentimiento o la aquiescencia del Estado”.
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También identifica los factores y características de riesgo asociados con desapariciones forzadas de personas defensoras. Señalando la marcada desigualdad que enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes para realizar denuncias y que estas sean tomadas en cuenta por funcionarios estatales.
Gabriella Citroni, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, destacó que el informe es innovador, al abordar un abanico amplio de partes interesadas como empresas, negocios e instituciones financieras, a la vez que ofrece recomendaciones a los diferentes actores involucrados.
El informe apunta que, a los actores financieros, como los bancos de desarrollo y las empresas de inversión privadas, se aplica los principios rectores de las Naciones Unidas. Entre estos: la responsabilidad de respetar derechos humanos, adoptar políticas de derechos, realizar la debida diligencia en materia de derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó preocupación de que estas instituciones financieras continúen sin cumplir estas obligaciones y sin reparar las violaciones a derechos humanos que financiaron sus proyectos.
Ejemplificó esta situación con el asesinato de lideresa ambiental lenca, Berta Cáceres, quien a casi diez años del crimen y “a pesar de las múltiples condenas penales por su asesinato y por fraude relacionado con un proyecto hidroeléctrico financiado internacionalmente, los financiadores del proyecto, FMO, BCIE y Finnfund, no han aplicado ni una sola medida de reparación, como emitir una disculpa, proporcionar una indemnización o garantizar la devolución de los títulos de propiedad de las tierras indígena”.
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Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), participó en la presentación del informe y relató cómo la defensa del territorio garífuna resultó en la desaparición forzada de Sneyder Centeno, presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, junto a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Trochez.
Miranda recordó que Centeno exigió el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el pueblo garífuna, entre ellas el caso Triunfo de la Cruz, y que incluso una semana antes de su desaparición brindo una entrevista sobre el tema.
“Estamos plenamente convencidos de que el Estado es responsable de [la] desaparición” de Centeno, Martínez, Mejía y Tróchez, quienes fueron violentamente sacados de sus hogares la madrugada del 18 de julio de 2020, durante la pandemia por covid-19 y durante un toque de queda durante el cual únicamente podían circular las fuerzas del Estado, afirmó Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh.
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En el reporte se exponen las denuncias sobre venta y concesión de territorios ancestrales garífunas para proyectos turísticos sin consentimiento de las comunidades, un contexto que incrementa el riesgo de desapariciones forzadas.
Albert Barume, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, remarcó que el reporte es una herramienta para quienes, como él dan seguimiento a la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Comentó que se encuentra finalizando un informe sobre demarcación de tierras, que será presentado el próximo año ante la ONU, y en él destaca la gran demanda que están teniendo las tierras de los pueblos indígenas por actores que buscan explotar minerales para la transición energética.
Ahmed Mefreh del Comité para la Justicia confirmó que los patrones no son una tendencia abstracta y que desde la institución que representa han documentado casos de personas desaparecidas por el solo hecho de documentar la violencia contra pueblos indígenas o personas desplazadas en conflictos armados.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias apunta entre sus conclusiones que, si bien los Estados son responsables primarios de prevenir y responder a desapariciones forzadas, las empresas estatales y privadas también tienen obligaciones bajo el derecho internacional.
