Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Las niñas viven una infancia interrumpida en Honduras, en muchos de los casos tras sufrir violación sexual estando en pleno desarrollo se convierten en madres, teniendo que abandonar sus estudios y su aprendizaje para dedicarse a la maternidad obligada.
En promedio, 63 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día en Honduras y diariamente, al menos tres, entre los 9 y 14 años de edad se convierten en madres por violación.
Entre los 10 y 14 años, 920 niñas dieron a luz en los hospitales públicos de Honduras en 2021, reveló la representante del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca.
Organismos de sociedad civil y otros sectores han manifestado reiteradamente su preocupación ante la deserción escolar de niñas entre los 8 y los 11 años, lo cual provoca mayor pobreza, exclusión y un círculo interminable de estos casos repitiéndose por generaciones.
La integrante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ninoska Reyes, apuntó que es evidente el delito de abuso sexual al observar casos de embarazo a tan temprana edad, en menores de 14 años, quienes desertan de la formación educativa.
“Estas se convierte en niñas criando a otros niños y niñas y esto viene a aportar más pobreza al país, ya que no tenemos a la niñez debidamente educada”, apuntó Reyes.
El problema es que el abuso o la agresión sexual está tan “normalizado” en la sociedad hondureña que esto se ha convertido en una cadena difícil de romper.
Hay más probabilidades que los hijos de madres adolescentes también corran con el mismo destino que cuando sus madres los tuvieron al volverse adultas, señaló la socióloga y feminista Nessa Medina.
Respecto al tema, coinciden que hace falta protección, prevención y una adecuada educación, sobre todo, es evidente el poco interés por parte del Estado.
Hasta este día, el gobierno de Honduras mantiene una deuda al faltar al cumplimiento de la promesa en favor de las mujeres y niñas, de la despenalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y los derechos sexuales y reproductivos.
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PAE Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN PAUSA
El 8 de marzo, la mañana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, líderes de organizaciones feministas presentaron a la presidenta Xiomara Castro en Casa Presidencial una propuesta de Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, lo cual actualmente es un anteproyecto cuyos resultados de su socialización con la Comisión de Género del Congreso Nacional aún se desconocen.
Dentro de la Ley Integral, donde detallan el reconocimiento de otras formas de violencia y reforzamiento de sanciones del Código Penal, se encuentra la violencia ginecoobstétrica.
Dentro del documento definen la violencia ginecoobstétrica como la limitación del acceso a anticonceptivos, incluidos los de emergencia, realizar procedimientos médicos sin consentimiento de la mujer, negar tratamiento para tratar infertilidad o prevenir la transmisión del VIH, la esterilización forzada, negar servicios para interrumpir un embarazo cuando peligra la salud o vida de la mujer y en casos de violación, el trato deshumanizado, el abuso de la medicación y la patologización de los procesos naturales.
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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y otras organizaciones han instado, desde el pasado gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, que el Congreso Nacional reforme la legislación y permita el aborto al menos en los casos de violación o incesto, amenazas a la vida o la salud de la mujer y malformaciones graves del feto, de acuerdo con las obligaciones regionales e internacionales del Estado.
En una entrevista para Criterio.hn, Nessa Medina apuntó que en Honduras se realizan entre 50 mil y 80 mil abortos clandestinos por año. Además, de acuerdo con un estudio realizado por Somos Muchas, al menos 70 mujeres han sido criminalizadas por aborto en los últimos 12 años. La mitad de las mujeres criminalizadas son empleadas domésticas, de bajos recursos y no contaron con un abogado privado para su defensa
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MINISTERIO PÚBLICO NEGLIGENTE FRENTE A CASOS DE VIOLACIÓN
Por su parte, a través de un documento reciente El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM), elaboró un boletín sobre la violencia sexual contra las mujeres y niñas en 2021, donde quedó evidenciada la negligencia del Ministerio Público al momento de atender denuncias por abuso sexual a mujeres y niñas.
Los datos entregados por el Ministerio Público, indicaron que en 2021 recibieron 3,305 denuncias de violencia sexual. De tal número, el 88% de las violencias fueron contra mujeres, el 11% contra hombres y el 1% sigue sin determinarse.
El Ministerio Público, indicó en sus registros que las niñas entre 10 y 19 años que presentaron denuncia representan el 53.4% del total. Luego están las mujeres entre 20 y 29 años con el 13.4% y las niñas menores de 10 con el 11.7%. Por último, existe un 8.2% de casos en los que no se determinó la edad, lo cual es alarmante porque obliga a cuestionarse el detalle en la atención de las víctimas de violencia a la hora que interponen la denuncia ante los operadores de justicia. Es evidente que, las menores de edad son la población más vulnerable a sufrir violencia sexual.
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El Código Penal vigente desde 2020, establece que el delito de violación es penado con 9 a 13 años de privación de libertad, a su vez, desaparece la tipificación de “violación especial”, aunque el artículo 249 que reconoce la violación sexual, define como agravante que la víctima sea menor de 14 años aumentando la pena en un tercio.
Hay que tomar en cuenta que, de las 1,488 violaciones sexuales del 2021, según el Ministerio Público, 550 fueron perpetradas contra menores de 14 años, es decir, el 37% del total. Mientras que el total de denuncias por violaciones sexuales contra menores de 18 años es 942, equivalente al 63% de todas las denuncias por violación.
Dentro de esas incluyen las violaciones especiales, la cuales explicaba el anterior Código Penal, son las perpetradas contra menores de 14 años de edad, personas privadas de razón o de voluntad y las que no pueden oponer resistencia, personas bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, como el alcohol, quienes estuvieron bajo la guardia o la custodia del agresor y, además, incluyen los casos donde el agresor es portador de VIH/SIDA o una enfermedad de transmisión sexual.
Un comentario
Mientras no protejamos la familia como el real sustento de una sociedad más justa, la preñez en adolescentes, el abuso sexual, la violencia y otras agresiones, nada estarmos haciendo. Entonces jamás dejaremos de tener ese oprobioso registro con muchas ONGs inútiles que no resuelven nada y que se nutren de las tragedias de nuestra gente.
Por otro lado, familias viviendo hacinadas y sin ingresos por ambos padres, será sin duda un nido de malos augurios.
El gobierno precisa implantar políticas públicas que generen empleo en la clase más desprotegida del país. Urge regresar al campo para ser exportadores. Tenemos más de 4 mil agrônomos desempleados que deben hacer producir la tierra sin que Políticos mediocres andén metiendo la cuchara .
Si podemos resolver nuestros problemas. Tenemos gente