Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de consensos entre las bancadas de oposición y oficialismo, los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) propusieron que las próximas autoridades del Ministerio Público (MP), que tendría que haber sido escogidas antes de finalizar agosto, sean electos a través de una consulta popular, lo que pone en evidencia la ineficiencia del Poder Legislativo, presidido por Luis Redondo para generar diálogos y concluir temas importantes en la sociedad.
El diputado oficialista Rasel Tomé, junto a otro grupo de congresistas de su línea política, se presentaron ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) -órgano encargado de llevar proceso de elección popular- para proponer que el proceso de las autoridades de la fiscalía no se haga conforme a los establecido en la Constitución de la República, sino que sea mediante una consulta popular, bajo el argumento de promover la participación ciudadana.
“La Constitución establece que para una consulta popular deberíamos hacer un decreto legislativo, aprobado con dos terceras partes (86 votos) y ese decreto debe establecer la orden para que el CNE realice el plebiscito”, explicó Tomé a medios de comunicación, tras salir de la reunión con las autoridades del órgano electoral.
De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución de la República, para que en Honduras ocurra esa eventualidad, que hasta la fecha no se ha registrado, el Congreso Nacional, con el favor de la mayoría calificada de votos (86), debe aprobar un decreto o una ley especial, que le otorgue las facultades de convocar, organizar y dirigir la consulta popular en temas relacionados con la estabilidad política y la paz social.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en su toma de posesión aseguró que en su gobierno se harían varias consultas populares y las promovería a través de leyes. Lo que cumplió el 21 de septiembre de 2022, ya que desde el Poder Ejecutivo mandó un anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, con el objetivo de cumplir con lo dicho en su asunción, pero hasta el momento no ha sido aprobado.
En el segundo párrafo del artículo 233 de la Constitución de la República, se lee que el Congreso Nacional será el encargado de elegir, en una sesión, con la mayoría calificada de votos, a las autoridades del Ministerio Público, que tendrán que estar en los cargos por un periodo de cinco años.
DECRETO, OBSTÁCULO SEGÚN CNE
Para el presidente del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, están dotados para hacer la consulta popular y el único impedimento que obstaculiza esta acción para elegir al séptimo fiscal general y fiscal adjunto, a través de un plebiscito, es lo que manda el artículo 5 de la Constitución, obviando la normativa 233 que establece lo contrario a lo que desde la bancada oficialista están promoviendo.
“Nosotros como Consejo Nacional Electoral somos un organismo eminentemente técnico y tenemos capacidad gerencial; tenemos recursos físicos, humanos y la experiencia para hacerlo. Lo que planteamos, es que para hacerlo, se necesita un decreto que ordene al Consejo Nacional Electoral realizar una consulta popular”, dijo en conversaciones con Criterio.hn.
“Ellos, como Congreso Nacional, establecerán la pregunta que debe hacérsele a la ciudadanía y también deben establecer el mínimo de tiempo en que el Consejo puede realizar la consulta popular, que yo le pongo que se haría en unos 100 o 120 días”, agregó.
500 MILLONES PARA LA CONSULTA
Navarro, que representa al partido oficialista en el órgano electoral, mencionó que, si el Congreso aprueba el decreto, el costo de una consulta popular, que se desarrollaría en unos tres meses, sería de unos 400 o 500 millones de lempiras, monto que sería establecido en la normativa que emita el Poder Ejecutivo, ya que no saldría del presupuesto general del CNE que este año experimentó un millonario incremento.
“Para la consulta tendría que establecerse un nuevo presupuesto, porque lo que no asignaron a nosotros, era para hacerle frente a la reestructuración y la para la adquisición de un local, en donde funciona el Consejo Nacional Electoral y otros organismos electorales porque históricamente el Consejo nunca ha tenido su edificio”, detalló.
Contrario a lo dicho por el secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos, quien hace más de un año aseguró a Criterio.hn que el incremento en el presupuesto al CNE, que fue de 400 millones de lempiras, era para organizar consultas populares, no para buscar un nuevo edificio en donde funciona el órgano electoral.
El presupuesto asignado al Consejo Nacional Electoral hasta marzo de 2022 era de 299, 160, 757 lempiras, pero en abril de ese año, con Luis Redondo en la presidente del Congreso, lo aumentaron 400 millones de lempiras más, pasando a ser L 699, 160, 759.
Relacionado al tema presupuestario, Criterio.hn encontró que el Consejo Nacional Electoral realizó el alquiler de impresoras equivalente a un millón de lempiras, y la compra de camisas y chalecos para proyectos electorales valorados en 29, 700 L, pero Navarro descartó ese gasto se hizo avizorando una consulta popular.
“Las impresoras son para colocarlas en todas las dependencias del Consejo Nacional Electoral; dependencias grandes tenemos 8 (…) los chalecos y camisas es para que los 400 empleados que tiene el Consejo Nacional Electoral anden identificadas cuando vayan a dar una capacitación”, justificó.
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Lo paradójico del caso es que este gasto, y el posible desembolso que se haga en la consulta popular para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, que estarán hasta 2028, se hace en medio de la crisis económica en el sector salud y educación que enfrenta el país y se ha acrecentado en los últimos años.
PREMIO A LA INCAPACIDAD
Para el analista político Luis León, que desde el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral estén dialogan para una posible consulta popular, es darles un premio a los diputados por su incapacidad de diálogo y por no poder llevar el proceso de elección de la fiscalía, como la ley manda.
“Este es el resultado de la incapacidad que tiene el Congreso Nacional para construir diálogos y consensos, el oficialismo tiene 50 votos, la oposición tiene 74, pero el último no quiere ceder a darse cuenta que no pueden lograr los 86 votos”, opinó.
León sostuvo que las consultas populares son legales y hasta necesarias, pero ese método no entra en el proceso de elección del Ministerio Público, ya que en la Constitución está establecido que el Congreso es el encargado de llevar el proceso, mediante una elección de segundo grado.
“Cualquier acción que no sea en el marco de la Constitución y las leyes secundarias, está fuera de contexto jurídico. No vemos la posibilidad de ir a un plebiscito para elegir a un fiscal, hay que ir a un plebiscito en temas de interés nacional y no es que esta elección no lo sea, pero no lo contempla”, explicó.
Al mismo tiempo cuestionó que “¿por qué no le preguntas a la población mejor si quieren reducir el número de diputados a la mitad?, ¿por qué no le preguntamos a la población si el salario que gana un diputado es el adecuado conforme a su trabajo, rendimiento y resultados?, ¿por qué no preguntar si están conformes con un Congreso Nacional que no ha dado resultados?”.
La consulta popular se está convirtiendo en uno de los escenarios más probables, pero no legales en el tema de la elección del fiscal general y fiscal adjunto, ya que desde la presidencia del Congreso Nacional no han vuelto a convocar a sesión para continuar con el proceso de elección, lo que servirá para seguir dando vida a los planteamientos del oficialismo y de la oposición.
El Congreso Nacional no logró elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público antes del 31 de agosto, como la manda la Constitución de la República, por lo que el fiscal adjunto, Daniel Sibrián tiene el mandato constitucional de llevar las riendas de la fiscalía hasta que elijan a los abogados que estarán hasta agosto de 2028.
