Las medidas impuestas por la Corte son: prohibición de salir del país, rendir caución en favor del Estado por 6 millones de lempiras y firmar cada 15 días en el Poder Judicial, además la audiencia inicial se realizará el 10 de enero de 2024
Tegucigalpa, Honduras. –El expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, y otros exfuncionarios, señalados de crear una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempira, se defenderán en libertad.
Los imputados son acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Tras la audiencia inicial la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó medidas sustitutivas para el exmandatario, Porfirio Lobo Sosa; el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina y el director de presupuesto de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona.
Las medidas impuestas por la Corte son: prohibición de salir del país, rendir caución en favor del Estado por 6 millones de lempiras y firmar cada 15 días en el Poder Judicial, además la audiencia inicial se realizará el 10 de enero de 2024.
Según el requerimiento fiscal, los acusados habrían utilizado dinero para proyectos sociales de algunas secretarías de Estado, supuestamente para impulsar una campaña política, movimientos de dinero que se realizaron a través de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
Lea: UFERCO acusa a expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa por fraude y lavado de activos
DESFALCO A INSTITUCIONES PARA FINANCIAR CAMPAÑA POLÍTICA
El pasado 11 de octubre, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó requerimiento fiscal contra los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288,016,175.00 millones de lempiras que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Sobre el involucramiento del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera de juicio en la cárcel de Brooklyn, Nueva York por delitos relacionados a la narcoactividad, se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el Hernández recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempira.
Todos esos movimientos a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
El comunicado del Ministerio Público señala que en todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones del Ministerio Público determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
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CASO PANDORA ES MÁS GRANDE DE LO QUE SE HA PRESENTADO
El abogado y exinvestigador de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, el Caso Pandora es de “mayor envergadura”.
“Realmente eran más imputados, en el primer requerimiento fueron más de 30 personas y ahora presentaron siete. Es una investigación mucho más amplia, Pandora I se presentó en el 2019 y era solo la punta del iceberg, es una monstruosidad en cuanto a redes de corrupción en Honduras”, dijo a Criterio.hn el entrevistado.
Precisó que estos fondos fueron a dar para el pago de campañas políticas, pero no sólo al Partido Nacional, también al Partido Liberal en ese momento, donde se depositaron grandes cantidades de dinero que en principio le correspondiente a programas para mujeres campesinas.
