Tegucigalpa.- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), después de analizar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, sus reformas, así como el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, recomienda su derogatoria por los efectos dañinos en la sociedad hondureña. Asimismo, encomienda la creación de una verdadera política integral de atracción de inversiones.
La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, fue creada mediante Decreto 120-2013 del 12 de junio de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 6 de septiembre del mismo año. El Icefi recuerda que una previa legislación sobre la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Las ZEDE están autorizadas para establecer su propia política y normativa, gozarán de autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren a los municipios. El objetivo de las ZEDE, de acuerdo con el gobierno actual, es la atracción de inversiones. Sobre este punto el Icefi ha señalado reiteradamente que el otorgamiento de incentivos fiscales para atraer inversiones es fútil. Asimismo, en el caso particular de Honduras existe evidencia que los costos de estos regímenes de privilegios fiscales son mayores que los beneficios, tal como lo demuestra la propia Secretaría de Finanzas (Sefín) con un análisis sobre los regímenes especiales de zonas libres (Zoli), zona libre turística de Islas de la Bahía (Zolitur) y el régimen de importación temporal (RIT), al destacar que «en el caso del régimen ZOLI se observa una relación negativa de las exportaciones respecto al crédito por exoneración en el impuesto sobre la renta (ISR). Esto además de contradecirse con el objetivo inicial del régimen provoca competencia desleal con las empresas nacionales que venden en el mercado interno y que sí están obligadas a pagar ISR» . Con respecto a Zolitur y Zoli «se observa una relación negativa en cuanto al gasto tributario en salarios por empleo e inversión en infraestructura».
Además, el Icefi indica que Honduras presenta los niveles más altos de gasto tributario de toda la región centroamericana: para 2021, la Sefín proyecta que dicho renglón ascenderá a L47,203.2 millones (7.0% del PIB), un 7.7% más de lo proyectado en 2020, sin que este sacrificio fiscal haya mejorado la atracción de inversión o la generación de empleo.
Después de ochos años de haber entrado en vigor la ley, solo se ha creado la ZEDE Próspera, ubicada en Roatán, de la cual Naciones Unidas ha señalado que «[…]es de especial preocupación, por ejemplo, la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales; y la desregulación y posible privatización de los servicios públicos como la salud y educación».
Las ZEDE son un esquema muy agresivo de privilegios fiscales, con el agravante de que quienes toman las decisiones son actores privados. Como parte de su tratamiento fiscal, las ZEDE no podrán establecer un impuesto sobre la renta (ISR) superior al 12.0% para las personas naturales, y al 16.0% para las personas jurídicas; mientras que los impuestos sobre bienes inmuebles u otros serán definidos por las ZEDE. La Ley también establece que el régimen fiscal especial de las ZEDE las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo. Asimismo, las ZEDE son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional.
Por si fuera poco, según el Decreto Legislativo 32-2021, del 24 de mayo de 2021, se estableció que en las ZEDE aplicarán una tasa cero en el impuesto sobre ventas (ISV), además de estar exentos del pago de impuestos sobre importaciones y no están obligados a declarar el monto y volumen de las exportaciones. Además, la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo No. 01-2021, publicado el 15 de junio de 2021, estableció la Jurisdicción Especial de las ZEDE, con órganos jurisdiccionales en materia penal, y de niñez y adolescencia, lo que significa que las ZEDE podrían violentar lo consagrado en la Convención de Derechos del Niño sin ninguna sanción y, adicionalmente, convertirse en un territorio de impunidad para quienes enfrenten la justicia ordinaria hondureña.
El Icefi advierte que las ZEDE son un esquema dañino para la sociedad hondureña, porque además de provocar un impacto negativo en las finanzas públicas pueden crear mini Estados con los que se posibilita la profundización de las desigualdades territoriales y los niveles de pobreza; el incremento de la injusticia fiscal; la reducción de la garantía de derechos y el fomento de caminos para una mayor impunidad, pues debido a su estatus legal, se pueden convertir en resguardos para quienes hayan cometido diversos actos delictivos, entre ellos, corrupción y narcotráfico.
Por todo lo anterior, el Icefi recomienda la derogatoria inmediata de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Asimismo, reitera que para lograr un mayor flujo de inversión extranjera directa es fundamental contar con una política integral de atracción de inversiones en la que se incluyan elementos como el fortalecimiento de la competencia y competitividad del mercado y de la cultura económica, la formación de capital humano, el acceso al crédito productivo, el impulso a la investigación, el desarrollo e innovación (I+D+I), la eliminación de la pobreza por medio de políticas de protección social y de impulso a la demanda interna, la creación de infraestructura física y social, la lucha contra todas las formas de corrupción e impunidad que violentan el Estado de derecho y aumentan la incertidumbre de los inversionistas, la seguridad en todas sus dimensiones, y el fortalecimiento del mercado de capitales. Además de avanzar urgentemente en una reforma fiscal integral, basada en principios de transparencia, suficiencia y justicia, que permita sentar las bases de una sociedad más justa, transparente e inclusiva.
