Tegucigalpa.- La organización Human Rights Watch (HRW) instó a anteponer méritos y no afinidades políticas, a través de un proceso transparente con criterios claros en la selección de los próximos magistrados y magistradas a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023.
El investigador de la división de América de HRW, César Muñoz, manifestó que Honduras puede marcar la diferencia en la región si selecciona a los nuevos magistrados de la Corte en función del mérito, y de esta forma fortalecer la independencia judicial. “La presidenta Castro no debe caer en la tentación de elegir una Corte Suprema que responda a sus propios intereses y a los partidos políticos, incluido el suyo”, agregó.
Mediante un comunicado, la organización detalló que “las falencias en el proceso de selección de autoridades judiciales es una de las principales causas de algunos de los males que aquejan a Honduras y a sus vecinos de América Central, como instituciones frágiles, corrupción desenfrenada y un sistema de justicia que ha sido utilizado para proteger a los poderosos y perseguir a defensores de derechos humanos y periodistas”.
Además, detalló que el triunfo de la presidenta Xiomara Castro en 2021 generó expectativas de cambios en cuanto a la situación de los derechos humanos en el país, no obstante, la respuesta a estas ha sido lenta. Con la selección de los nuevos integrantes de la CSJ, Castro y el Congreso tienen “una oportunidad crucial de fortalecer la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
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HRW recordó que en la actualidad la Corte tiene casos que refieren a derechos humanos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros. También delineó la importancia que tiene este poder del Estado en la lucha contra la corrupción, dada su competencia en casos en los que están implicados miembros del Congreso y otros altos funcionarios.
NO MÁS REPARTICIÓN DE VACANTES EN CORTE SUPREMA
En una especie de recordatorio público, Human Rights Watch desempolvó el compromiso por parte de la presidenta Xiomara Castro en julio de 2022 con respecto al establecimiento de un proceso de selección de garantice la independencia judicial.
Para que esto se haga realidad, la organización dio a entender que prácticas como la repartición de vacantes por partidos políticos en función de los escaños que ocupan en el Poder Legislativo, o la asignación de casos que involucran a un partido político y a un magistrado afín al partido involucrado, deben parar.
“Esta práctica ha convertido a la Corte Suprema en un instrumento de fuerzas políticas, con consecuencias nefastas para el país, en lugar de una institución independiente que aplique la ley a todos por igual”, dijo Human Rights Watch.
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HRW recordó que si bien el Congreso adoptó una ley que regula el funcionamiento de la junta nominadora y establece principios generales para el proceso de selección, está junta aún debe adoptar un reglamento concreto sobre su funcionamiento y criterios de evaluación, los cuales serán cruciales para que todos los candidatos sean tratados por igual.
NO REPETIR ERRORES DEL PASADO
La organización defensora de derechos humanos urgió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y las bancadas de oposición a no repetir los errores del pasado y asumir el compromiso público de elegir a los magistrados de la Corte Suprema a partir de la lista elaborada por la junta nominadora, conforme lo estipulan la Constitución y la ley recientemente aprobada.
Si bien no dan nombre, se refieren a la selección del fiscal general en funciones, Óscar Chinchilla, quien fue reelegido ilegalmente y no haber formado parte de la lista elaborada por la junta proponente, violentando de esta forma la normativa del Ministerio Público.
Sumado a esto, la organización remarcó que, para asegurar la independencia judicial, no bastará la selección de magistrados independientes e idóneos, sino que además se requerirán de “otras reformas que aseguren una distribución imparcial de las causas y una gestión más transparente y eficiente del sistema de justicia”.
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Esto en referencia a que el presidente de la CSJ, actualmente tiene la decisión final en lo que respecta a la selección, el ascenso, el traslado y las medidas disciplinarias de los jueces de tribunales inferiores, por lo que recomiendan trabajar en un proyecto de ley que cree un órgano separado que administre el sistema de justicia.
