Tegucigalpa. En una decisión que dejó desconcertados a familiares y organizaciones que dan seguimiento al proceso judicial contra los defensores de Guapinol, los jueces Ricardo Rodríguez Barahona, Henry Duarte Zaldivar y Franklin Marvin Arauz Santos decidieron trasladar la sede del juicio de Tocoa, Colón, a La Ceiba, Atlántida.
El juicio se realizará entre el 1 al 14 de diciembre de este año y de acuerdo con el Tribunal de Sentencia de Colón, con sede en Trujillo, la decisión fue tomada como resultado de la movilización realizada por los pobladores de Guapinol y zonas aledañas durante la audiencia de revisión de medida cautelar el pasado martes, 26 de octubre.
Los ocho defensores del agua en detención ilegal desde hace 26 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, este último con 35 meses en arresto arbitrario.
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Alegan que las consignas de los manifestantes interrumpieron la audiencia y considerando que el Tribunal de Tocoa solo tienen un acceso, «decidimos cambiar la Sede de realización del Debate, al Palacio de Justicia de La Ceiba Atlántida, donde se reúne: acceso alterno vehicular, condiciones de seguridad, la distancia del lugar de los hechos a enjuiciar es distante; previniendo riesgos, amotinamientos o presiones de ninguna índole».
La organización Guapinol Resiste emitió un comunicado alertando que la decisión es una «nueva acción arbitraria» por parte del Tribunal de Trujillo, la cual «demuestra claramente que no debe conocer el juicio de los Defensores de Guapinol; traslada el lugar del juicio con el propósito de impedir la protesta pública destinada a exigir publicidad, transparencia y garantías del debido proceso».
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De igual forma, denunciaron que la «decisión arbitraria» del Tribunal de Trujillo de trasladar el juicio «pretende obstaculizar el derecho a la libertad de asociación de las y los ciudadanos preocupados por la detención arbitraria de los defensores, la falta de debido proceso en su proceso judicial y los continuos daños ambientales causados por la minería a cielo abierto del Grupo Emco en el Parque Nacional Carlos Escaleras».
La organización remarca que ya van dos años de decisiones judiciales arbitrarias en el caso, sumado al incumplimiento por parte del Estado de Honduras con relación a la Resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias de liberar de inmediato a los defensores.
A causa de esta indiferencia, las familias, personas y organizaciones acompañantes se han visto obligadas a protestar pacíficamente ante el tribunal para visibilizar el caso y exigir la independencia judicial y el cumplimiento de las obligaciones del Poder Judicial de garantizar un debido proceso, señaló el pronunciamiento.
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El miércoles, 10 de noviembre, tras sostener una reunión con representantes de los defensores de Guapinol detenidos, países miembros de la Unión Europea con embajadas en Honduras anunciaron que solicitarán observar presencialmente el juicio contra los defensores a celebrarse en diciembre.
Previamente, organizaciones defensoras de Derechos Humanos han solicitado que se respete el principio de publicidad penal, reconocido por el derecho internacional como un medio esencial para que pueda ejercerse el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades por parte de la comunidad en general. Hasta la fecha, las autoridades judiciales han hecho oídos sordos a la petición.
