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Honduras: segundo país de la región con mayor índice de violencia contra las mujeres: CDM

Honduras violencia contra las mujeres

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Tegucigalpa.- El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de  Mujeres (CDM), mediante un informe revela los altos índices de violencia contra las mujeres en el marco del confinamiento debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, reflejando que actualmente Honduras es el segundo país con mayor violencia contra las mujeres en la región centroamericana.

El informe establece que  entre 2019 y 2020 hubo un cambio radical que diferenció el contexto nacional con el ingreso de la pandemia y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, sin embargo, la incidencia de violencia contra mujeres no cambió, el confinamiento exacerba la violencia doméstica e intrafamiliar y oculta el hecho de que las mujeres están siendo más afectadas por violencia machista que por la COVID-19.

Ante la pandemia y las amplias brechas de desigualdad social y de género, enfrentamos consecuencias, como dificultad para ejercer trabajo informal, pérdida de trabajos formales, incremento en la carga laboral de las mujeres porque, al retornar a las casas de forma permanente, las labores domésticas y de cuidado aumentaron; sin contar con que la mayoría de las trabajadoras domésticas fueron despedidas o suspendidas de sus labores, menciona el escrito.

Las autoridades del país demostraron una enorme incapacidad para gestionar la crisis, a más de un año de declararse emergencia nacional por la pandemia, Honduras es uno de los países con mayor tasa de letalidad por COVID-19 de la región y con esto la población más vulnerable es la población pobre que, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), en 2018 era el 67 %, señala el informe.

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Para el CDM, todas las mujeres hondureñas son sobrevivientes de alguna expresión de machismo y forma de violencia de género, si bien existe una institucionalidad que recibe denuncias, el miedo a la sanción social, a represalias, a revivir la violencia; los obstáculos puestos por los operadores de justicia, además de la falta de confianza que generan, son impedimentos reales para que la población, especialmente las mujeres, no denuncie las agresiones.

El Sistema Nacional de Emergencias (911) es uno de los mecanismos más utilizados para realizar denuncias, el cual adquirió mayor relevancia durante el 2020, pues las personas podían hacer denuncias sin salir de sus casas, sin embargo, esta modalidad tiene algunas debilidades, ya que reciben todo tipo de denuncias y no tienen formación especializada para atender violencia de género.

Según datos del 911, recibieron 115,872 denuncias de violencia doméstica, de las cuales 57,127 correspondían a 2019 y 58,754 al 2020, mostrando un aumento de 3% en las denuncias de 2020; los departamentos con mayores denuncias fueron Cortés, que registró el 28% de denuncias (15,920 en 2019 y 16,516 en 2020), seguido por Francisco Morazán con un 20% de los casos (11,431 en 2019 y 11,702 en 2020) y Yoro con 9% (5,203 en 2019 y 5,048 en 2020), explica el informe.

Las denuncias de violencia doméstica ascendieron a 115,872 entre el año 2019 y 2020 y se mantuvo un comportamiento constante con relación a los meses de mayores denuncias, siendo abril, agosto y diciembre los que reportaron más casos; por otra parte, los casos de violencia intrafamiliar ascendieron a 81,911 de los cuales 37,593 corresponden a 2019 y 44,318 a 2020, aumentando en 3%, este aumento coincide con la violencia doméstica.

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Las denuncias llegan al Ministerio Público y también se realizan denuncias en los juzgados del país, pero en el 2020 durante el período de confinamiento, esto no fue posible.

El CDM realizó un sondeo a 145 representantes de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y Redes Nacionales contra la Violencia hacia las Mujeres reporta que varios juzgados estuvieron cerrados en los departamentos de Yoro, Valle, Cortés, Lempira, Islas de la Bahía y Copán, por lo tanto, las denuncias no fueron atendidas, sumado a esto las medidas de circulación en el país interferían cuando las mujeres querían denunciar.

La violencia femicida se mantiene constante en Honduras, en los últimos 10 años, según datos del Ministerio Público hondureño, han sido asesinadas 4,707 mujeres y durante el 2019 se registraron 401 muertes violentas de mujeres, los departamentos con más hechos violentos ocurrieron en Cortés, Francisco Morazán y Olancho, asimismo los femicidios son cometidos con arma de fuego, arma blanca, por estrangulación o asfixia, el perfil de las víctimas detalla que se dedicaban en su mayoría al trabajo doméstico, eran amas de casa, comerciantes individuales y estudiantes; el rango de edad con mayor cantidad de víctimas oscila entre los 20 y 29 años de edad.

La violencia sexual es otro factor determinante de abuso por parte de los hombres hacia las mujeres, el MP tiene reportes de la ejecución de al menos 21 tipos diferentes de delitos sexuales contra mujeres y niñas en los últimos dos años, y los meses con mayor número de denuncias en 2019 fueron: agosto (278), febrero (267), enero (266), septiembre (265) y marzo (242); mientras que, en 2020, hay un pico de violencia en octubre (294), seguido de septiembre con 265 denuncias, enero con 252, febrero con 245 y agosto con 196, los primeros meses del 2020 debido al confinamiento no se presentaron denuncias. 

Los delitos más cometidos según el MP es la violación especial, actos de lujuria, violación, tentativa de violación, estupro, rapto, hostigamiento sexual, trata de personas y abuso sexual.

Por su parte, Medicina Forense registra 2,733 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en 2019 y 1,685 casos en 2020.

Según datos del MP, las niñas entre 10 y 19 años son el 54 % de las víctimas de 2019, mientras que, en 2020, son el 55 %, por lo tanto, las menores de edad continúan siendo las más vulnerables.

En conclusión, el CDM dice que persiste la deuda del Estado hondureño para garantizar a las niñas y mujeres una vida plena y sin violencia y que tenemos un Estado que prioriza intereses de grupos fácticos, que ha aprovechado la crisis para fortalecer medidas autoritarias y que, en su presupuesto y quehacer, no prioriza las necesidades de la población.

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