Tegucigalpa.- A pocos días de que se celebre la Vigesimosexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), durante la cual se espera que el Estado hondureño solicite fondos verdes, en Honduras ocho hombres reconocidos como defensores del medio ambiente llevan 26 meses detenidos arbitrariamente.
La observación fue realizada por Laura Carlsen de JASS Mesoamérica durante la conferencia de prensa en la que participaron las organizaciones nacionales e internacionales previo a la audiencia de revisión de medidas en el caso contra los ocho defensores de Guapinol este martes.
Carlsen señaló que el Estado de Honduras no respondió a la resolución 802020 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en la que calificó la detención de los defensores de Guapinol como arbitraria e instó a su liberación inmediata, además de una indemnización por los perjuicios causados. Así como la investigación de los responsables de la detención arbitraria.
Pese a esto y, a las voces de más de 50 organizaciones de la sociedad civil en contra de la instalación de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahora el Estado hondureño formará parte del distinguido Consejo durante los próximos 2 años, manifestó Carlsen.
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«El Estado de hondureño tiene la obligación de cumplir con la resolución y liberar a los defensores para que enfrenten su proceso judicial en libertad. El Estado también debe reconocer y respetar el derecho de asociación y el derecho de las comunidades a decidir el uso de los recursos naturales ante la crisis climática», recalcó la representante de JASS Mesoamérica.
SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEL ÁREA DE GUAPINOL
Gabriela Sorto, representante de las familias de los defensores de Guapinol e hija de Porfirio Sorto, uno de los defensores encarcelados, expresó que desde el momento en que fueron llevados a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva en Morocelí el propósito era provocar tortura psicológica.
Tras dos meses y con intervención de organizaciones nacionales e internacionales, se logró el traslado de los defensores a la cárcel de Olanchito y por un breve periodo de tiempo pudieron visitarles los fines de semana como familia. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 les restó esta facilidad y a la fecha desde el 16 de marzo, Gabriela Sorto, solo ha podido ver de lejos a su padre en dos ocasiones. «Porque no nos permiten acercarnos», compartió Sorto durante la conferencia de prensa.
Sorto lamentó que la pandemia ha venido a favorecer al Estado de Honduras y a las empresas extractivas, como es el caso de la minera Inversiones Los Pinares que a pesar de la pandemia ha continuado explotando la montaña de Botadero, dinamitando la zona y bajando el óxido de hierro. «Vemos que ellos no paran a pesar de que están ilegalmente. Ellos no tienen un permiso de explotación y lo están haciendo, están explotando ya la montaña a pesar de que las comunidades no estamos de acuerdo», manifestó durante su participación en la conferencia de prensa.
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Los defensores de Guapinol son acusados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea y la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V.; esta última propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé.
Los ocho defensores del agua perjudicados por la medida son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. A la fecha, han permanecido 26 meses bajo prisión arbitraria.
En la conferencia de prensa participaron también: Katherine Cruz de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Clara Galeano de la Organización Mundial Contra la Tortura, Sandra Partago de Front Line Defenders para las Américas y Juny Choi de la Coalición Contra la Impunidad.
El mensaje común fue un llamado a las autoridades a que se lleve con transparencia y que se respete el debido proceso durante la audiencia de revisión de medidas, pero sobre todo que los ocho defensores de guapinol sean liberados de manera inmediata «pues pertenecen afuera en sus comunidades defendiendo la tierra, el agua y el territorio».
La conferencia fue convocada por la Coalición contra Impunidad, JASS Mesoamérica, Red Nacional de Defensoras de Honduras, Frontline Defenders, la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón; y el Bufete Justicia Para los Pueblos.
