Tegucigalpa, Honduras. – La controversial modalidad de juicios colectivos, que ha entrado al marco jurídico de El Salvador, podría replicarse en Honduras, donde las autoridades desde ya han anunciado efectuar algunas reformas legales, estrategias y operaciones para luchar frontalmente contra las maras y pandillas.
Aunque de momento ningún funcionario gubernamental ha establecido cuál es el tipo de reformas, no se descarta que se podría tratar de una réplica a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobada a finales de julio por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, sucesor de Ramón Sabillón, aseguró recientemente al medio Tu Nota que existe un paquete de leyes, estrategias y operaciones que se desarrollarán para conseguir los mismos resultados que ha alcanzado la vecina nación.
“Con todo el paquete de leyes, estrategias y operaciones que desarrollaremos, Honduras en dos o tres años podrá tener la calma que vive El Salvador. La lucha es frontal contra las maras y pandillas (…) estas medidas vienen para quedarse”, dijo Sánchez.
La práctica de Honduras en materia de seguridad pareciera una réplica de El Salvador. Ambas naciones centroamericanas y vecinas se encuentran en estado de excepción. En El Salvador, el estado de exención comenzó en marzo de 2022, mientras que en Honduras dicha práctica tuvo su origen a partir del 6 de diciembre de 2022.
En El Salvador se construyó una mega cárcel para albergar a 40,000 privados de libertad, convirtiéndose en la más grande del continente americano. El Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), está localizada en la comunidad rural de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador.
Entre marzo hasta finales de julio, en el vecino país, se reportaba la captura de más de 71,000 personas señaladas de ser miembros de maras y pandillas.
Siguiendo el esquema de El Salvador, en Honduras se ha anunciado la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las islas del Cisne, en la zona atlántica, a unos 250 km de tierra firme, una zona protegida donde habitan especies marinas y aves endémicas.
Otra acción que ha emulado el gobierno hondureño es que los miembros de maras y pandillas, que han sido capturados, están siendo ingresados a la cárcel bajo las cámaras de la televisión, con grilletes, cabellera rapada, erguidos y uniformados con vestimenta blanca, como ha ocurrido en El Salvador.
Entre diciembre de 2022 [que comenzó el estado de excepción] y mayo de 2023, la Policía Nacional arrestó a 4, 033 personas de acuerdo a una análisis de datos de Criterio.hn, por distintos delitos. De ese número sólo 753 fueron requeridos por el Ministerio Público, pero en ninguno de esos requerimientos figuró el delito de extorsión, motivo por el cual se implementó esta medida.
Criterio.hn quiso conocer el número exacto de las capturas practicadas desde que inició el estado de excepción a la fecha, pero la Policía Nacional no respondió a nuestra petición.
Todas las acciones antes descritas, más las expresiones de los funcionarios del gobierno por lograr los mismos resultados que en El Salvador, son una clara evidencia que en Honduras se está apostando por implementar las mismas estrategias del presidente Nayib Bukele, aclamado por un fuerte sector de la población hondureña pese a que muchas de sus políticas contravienen los derechos humanos.
¿QUÉ ES LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO?
La Ley Contra el Crimen Organizado de El Salvador permite el desarrollo de juicios colectivos con hasta 900 personas y, además, aumenta las condenas, con el objetivo que los integrantes de maras y pandillas no queden en libertad en poco tiempo.
En el país que preside Nayib Bukele—, que busca reelegirse como presidente y que en el pasado criticó a su entonces homólogo, Juan Orlando Hernández, por perpetuarse en el poder—, las condenas por el delito de asociación ilícita, de acuerdo la reforma al artículo 345 Código Penal, es de 45 años, antes era de tres a cinco y para los jefes o cabecillas hasta 9 años.
La nueva modalidad judicial, implementada en El Salvador bajo la Ley Contra el Crimen Organizado, ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Para el caso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha advertido que la normativa representa una nueva y alarmante amenaza para los derechos humanos para los salvadoreños.
Estas disposiciones amenazan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa garantizados en tratados internacionales en materia de derechos humanos, expuso mediante un análisis Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.
“Es alarmante que el régimen de excepción se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin ningún control. Desde marzo de 2022, organizaciones de la sociedad civil han documentado una serie de abusos graves como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin garantías y aproximadamente 153 muertes bajo custodia del estado”, sostiene WOLA.
Para el abogado hondureño y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, al implementar medidas judiciales similares a las que se aplican en El Salvador, se estarían quitando garantías ciudadanas que son fundamentales para los juicios justos.
Asimismo, enfatiza que se debe valorar “si estamos dispuestos a perder nuestra libertad y derechos”, para buscar un modelo que probablemente en Honduras no se podría manejar.
Mejía valora además que, aunque Honduras intente replicar estas medidas, no funcionará porque los tres poderes del Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial] no están cooptados, como pasa en la nación salvadoreña.
“Nayib Bukele [presidente de El Salvador], desarmó la Sala de lo Constitucional, destituyó varios jueces, quitó al titular del Ministerio Público y en todos esos cargos colocó a su gente para darle paso a su plan en materia de seguridad. Exactamente igual a como lo hizo Juan Orlando Hernández, pero con objetivos distintos”, dijo a Mejía a Criterio.hn.
Según Mejía, tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Ministerio Público, actualmente tienen sistemas de operación débiles, lo que significa que, por falta de investigación, algunas personas quedan en libertad de manera injustificada mientras otras son sentenciadas sin suficiente carga probatoria.
“Si en el país no hubiera una impunidad que llega al 90%, los delincuentes no asumirían que pueden delinquir porque se les castigaría. Si aquí existiera investigación y sanción no tendríamos estos problemas. El sistema de justicia y de investigación no funcionan”, valoró.
Por otra parte, apunta que el principal problema que arrastra, desde hace más de una década, la Corte Suprema de Justicia, es la mora judicial que no logra salir con los juicios de personas señaladas por la comisión de distintos delitos.
Y lo mismo pasa en el Ministerio Público, que por falta de investigación y sustentos en los distintos tipos de casos que presenta ante el Poder Judicial, provoca que los señalados queden absueltos de los cargos que se le imputan, es decir, que se está promoviendo la impunidad, algo por lo que cuestionan al fiscal general de la república Óscar Fernando Chinchilla.
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SIN PLAN INTEGRAL
Para Mejía, las prácticas de la Secretaría de Seguridad, como los operativos en barrios y colonias, acompañados de allanamientos de viviendas, representan una clara señal de que el gobierno no cuenta con un plan integral, porque se siguen replicando estrategias de gobiernos anteriores que no tuvieron efectos.
“Llevamos 20 años con lo mismo: estados de excepción, más policías y militares en las calles, que son las promesas más fuertes del secretario de Seguridad y todavía no han dado resultado. La guerra contra las pandillas inició hace 20 años y todavía no hay un verdadero plan”, reprochó.
“Con el estado de excepción y aprobación de leyes que aumentan las penas, nos debería preocupar que el gobierno tenga carta libre y haga lo que le dé la gana como pasa en El Salvador. Un Estado que se considere democrático debe usar las herramientas que tiene y que sean efectivas”, señaló.
Mejía considera valido que las autoridades alardeen de lo que implementarán en seguridad, siempre y cuando se sujeten a planes estratégicos, pues de lo contrario, continuarán tomando las mismas decisiones, para seguir prolongando las que ya están ejecutando, como ser el estado de excepción y la intervención penitenciaria de la mano de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
“Antes de que den las afirmaciones, nos gustaría conocer los argumentos que sustentan sus afirmaciones. Si él (Gustavo Sánchez) dice que Honduras alcanzará la tranquilidad de El Salvador que exponga la estrategia, si no lo hace nos va a tocar seguir dudando y señalar que es simplemente una afirmación de carácter electoral”, opinó.
NO ESTÁ PREPARADO, PERO ES ALTERNATIVA
Contrario a la postura de Joaquín Mejía, el abogado Rodil Rivera Rodil, considera que los juicios masivos son una salida a la problemática y están validados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, conocida como la “Convención de Palermo”, de la que Honduras forma parte desde el 2003.
Rivera Rodil confesó que desconoce el marco regulatorio de El Salvador, pero enfatizó que la Convención de Palermo, “faculta a los países miembros a emitir la correspondiente normativa para el enjuiciamiento a su mejor conveniencia, ya sea de manera colectiva o individual, de diversas organizaciones delictivas, justo como las que representan las maras”.
Sin embargo, enfatizo que Honduras no cuenta con la legislación que se requiera para implementar juicios colectivos como en El Salvador, ya que actualmente la Ley Antimaras [de Honduras], sólo establece las penas por los delitos relacionados, pero no permite ejecutar juicios colectivos, en consecuencia, debería sufrir una reforma.
En el artículo 332 de esa ley, plasmada en el Código Penal de Honduras, se establece literalmente que la pena por el delito de asociación ilícita es de 20 a 30 y hasta 50 para los líderes de los grupos criminales.
“Con la actual ley no se podría adoptar esa medida, pero confía en que hagan [la reforma ], y cuanto antes mejor, y creo no equivocarme al afirmar que la gran mayoría del pueblo hondureño espera lo mismo. Al día de hoy, las maras mantienen bajo su directa influencia y dominio más de la mitad de los territorios y población de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba,”, dijo a Criterio.hn.
Agregó que “Si en Honduras no hacemos algo muy pronto, similar a lo que está haciendo el presidente Bukele, corremos el gravísimo riesgo de convertirnos en un Estado fallido, como era el caso de El Salvador”.
Rodil aseguró que las organizaciones de derechos humanos que advierten que esta modalidad violenta los derechos humanos de los privados de libertad, como lo expresó WOLA, es porque desconocen el alcance y daños que le hacen las maras y pandillas a los países centroamericanos.
“En mi criterio, una razón para ello, sin perjuicio de su legítima preocupación por la protección de los derechos humanos, es porque aún no han llegado a conocer a fondo de la gravedad del problema que significan las maras Centroamérica, donde ya comienzan a superar los mismos carteles de las drogas”, valoró.
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¿Qué medidas se han implementado hasta el momento?
El estado de excepción en Honduras comenzó el 6 de diciembre de 2022 y estará vigente hasta el 19 de agosto de 2023, de acuerdo a la última actualización del Poder Ejecutivo. Pero, lo más probable es que esta medida se siga aplicando mucho más allá de ese tiempo como ha ocurrido en El Salvador que se mantiene en estado de excepción desde marzo de 2022.
El objetivo, según el gobierno, fue hacer una lucha frontal al crimen organizado y, para ello, también implementaron otras medidas de seguridad en las que le asignaron funciones a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA).
En abril entró en vigor la segunda etapa del plan Solución Contra el Crimen (SCC) mediante el cual se autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) intervenir los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro y Gracias a Dios, una medida que no fue bien vista por defensores de derechos humanos por los antecedentes que salpican a la institución armada.
De igual manera, tras la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ocurrida el 20 de junio, en la que 46 privadas de libertad murieron quemadas y a disparos, la presidenta Xiomara Castro ordenó que los militares intervinieran las cárceles del país, para reducir la violencia.
Sin embargo, desde esa intervención, manejada por el coronel Ramiro Muñoz, que se ha visto salpicado por abuso de autoridad, se han registrado dos amotinamientos, en centros penales distintos, que han dejado hasta el momento tres privados de libertad muertos y tres heridos.
Contrario a los estándares internacionales sobre los derechos de los privados de libertad, los militares mantienen el control de los 21 centros penales del país y se encuentran en un proceso de formación de dos mil policías penitenciarios.
Pero, pese a las medidas, tanto en los centros penales, como en el territorio nacional, para erradicar la anarquía del crimen organizado, hasta el 17 de agosto (la actualización más reciente del Sistema Estadístico Policial en Línea, Sepol) unas 1,886 personas habían sido asesinadas en Honduras.
Al respecto Kennet Madrid, analista en temas de seguridad de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), coincide con Joaquín Mejía en cuanto a que el gobierno carece de un plan integral para contrarrestar la anarquía de las maras y pandillas en el territorio nacional.
“Las actuaciones que estamos viviendo y viendo, son los resultados de los planes que tienen, pero ¿qué es lo que tienen? Nada. Lo podemos evidenciar en el tema de extorsión y asesinatos por violencia”, expresó.
Madrid dice que quienes toman las decisiones no escuchan, sólo se guían bajo sus propios criterios, lo que está llevando al país a seguir con el mismo eje de violencia de años atrás, y ese será el argumento para seguir con un estado de excepción que parece no tener fin, advirtió.
