_{Exponen que una CICIH podría ser una escuela de formación para varios jóvenes hondureños que deseen descollar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, como lo hacen de manera silenciosa y desde el anonimato varios fiscales del Ministerio Público de la mano de Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffin, de la Uferco.}

Tegucigalpa, Honduras.- El combate a la corrupción requiere de un cambio generacional en Honduras debido a que la mayoría de las personas que han luchado contra este flagelo, desde distintos sectores de la sociedad, comienzan a sufrir un desgaste.

Tal es el caso del secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, quien, entre 1994 y 1999, se desempeñó como fiscal general de la República, teniendo entre sus principales logros haber edificado administrativamente el, en ese entonces, recién creado Ministerio Público.  

A casi 30 años de aquello, Edmundo Orellana continúa siendo uno de los principales rostros de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, con el papel que está desempeñando dentro de las negociaciones entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.

“El doctor Edmundo Orellana comenzó un paradigma en la persecución penal en el país, con la creación del Ministerio Público, tanto que la mayoría de los fiscales especiales actuales fueron entrenados por él, y seguimos dependiendo de una persona importante como él, pero lamentablemente no podemos visibilizar un cambio generacional en este combate a la corrupción”, reseñó el exfuncionario de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Álex Navas, en conversación con Criterio.hn.  

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Así como ocurre con el primer fiscal general que tuvo Honduras, hay otros casos de personas como el extitular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Leo Valladares Lanza, o el fallecido Víctor Meza, fundador del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), que desde distintos espacios han combatido la corrupción y la impunidad, pero cuya vigencia ha caducado.

CRIMEN ORGANIZADO CORROMPE

Honduras es un país altamente corrupto y con una institucionalidad bastante débil. Esto propicia que los operadores de justicia, entre ellos jueces o fiscales, que en teoría son los llamados a combatir la corrupción y la impunidad, sean fácilmente cooptados por estructuras del crimen organizado o por la clase política corrupta.

Cuando se escogen a altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia o del Ministerio Público, como está ocurriendo en este momento con la nominación y elección de los magistrados del máximo Tribunal de Justicia que ejercerán funciones entre 2023 y 2030, es común que algunos de estos candidatos sean patrocinados por empresarios o por partidos políticos cuyos líderes están vinculados con estructuras criminales.

“Hay personas con carreras brillantes académicamente, hablando de jueces o fiscales, pero estas carreras se van a la basura, porque al final la criminalidad organizada, en sus diferentes expresiones, coopta a estas personas de diferentes maneras”, explicó a este medio digital el coordinador de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.

Sierra agrega que otro de los factores que influyen es la clase gobernante que históricamente ha tenido Honduras, que se ha caracterizado por ser una clase política altamente cuestionada porque ha permitido y fomentado la corrupción en las instituciones del Estado, ello con el propósito de profundizar la impunidad y, de ese modo, evitar ser perseguidos por la justicia.  

Un ejemplo de ello es el fiscal general Óscar Chinchilla, una persona que tras haberse desempeñado aparentemente sin ninguna tacha como juez, magistrado de la Corte Suprema y académico, se convirtió en fiscal general durante 2013 con la venia de Juan Orlando Hernández, en ese entonces titular del Congreso, y quien buscaba un aliado en la Fiscalía de cara a sus pretensiones de convertirse en presidente de la República.  

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Posteriormente, después de que se reeligió inconstitucionalmente, Hernández impulsó, tras bambalinas, la irregular reelección de Chinchilla como máxima autoridad del Ministerio Público. Chinchilla nunca desarrolló una carrera como fiscal y, cuando se reeligió en 2018, ni siquiera figuraba entre los candidatos más idóneos al cargo. Sin embargo, sí era una pieza que le garantizaría protección al expresidente, quien ahora es acusado en Estados Unidos por tres delitos de tráfico de drogas y armas, utilizando las instituciones del Estado para tales fines.

UN RAYO DE LUZ

Aunque los analistas consultados por Criterio.hn coinciden en que es no es tarea fácil perfilar a personas que con valor combatan la corrupción, algunos movimientos ciudadanos, como los que se impulsaron previo a la llegada de la MACCIH en 2016, han servido para identificar a ciudadanos que, desde distintos sectores, han demostrado su voluntad por erradicar la impunidad de la corrupción.

“Hay que destacar a algunos diputados que fueron valientes, entre ellos Fátima Mena, una persona que estaba en un Congreso muy adverso y, a pesar de ello, propuso leyes, aunque no fueron aprobadas. Hablo de ella porque es una diputada que consideramos que fue muy valiente en ese momento, fundadora del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, y quien en este momento sigue impulsando leyes contra la corrupción”, dijo Carlos Sierra.

Sierra también destacó que existen otras personas, como fiscales, que silenciosamente emprenden una guerra contra la corrupción y la impunidad. “No hay que olvidar que existen fiscales que están combatiendo la corrupción de manera silenciosa y que no han dejado cooptarse por el crimen organizado, como Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffin, de la Uferco”, mencionó.

Por su lado, Álex Navas mencionó que, en caso de que así ocurra, la llegada de la CICI al país también servirá como una escuela para formar a personas que, en un futuro, pudieran perfilarse como fiscales generales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o comisionados de entes que auditan los recursos públicos, cumpliendo el perfil de candidato que anhela la ciudadanía en este tipo de cargos.

“La idea es que los fiscales hondureños aprendan las buenas prácticas y los buenos ejemplos de otros países latinoamericanos o europeos, para poder implementarlos acá. La CICI puede ser una catapulta para entrenar a personas y que desarrollen estas capacidades, para que le sirvan al Estado para combatir la corrupción”, concluyó Navas.