Tegucigalpa.- En el día internacional de los pueblos indígenas, diferentes organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a los gobiernos para garantizar la protección y desarrollo de las comunidades indígenas, asimismo realizan un llamado emergente a la región centroamericana para que cese la criminalización y asesinato de la los defensores indígenas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) mencionó que los pueblos indígenas siguen experimentando múltiples formas de discriminación racial, social y económica, por lo tanto, insta a los Estados a intensificar su apoyo a las soluciones lideradas por los propios pueblos indígenas a la autodeterminación, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En Honduras la violación, criminalización y asesinato de las personas de las comunidades indígenas son del diario vivir en todas las regiones del país, sumado a eso la expropiación y despojo de tierras por parte de los entes gubernamentales que aprueban proyectos extractivistas que solo perjudican a los pobladores más vulnerables de está zonas, señala la OACNUDH.
En estos momentos los pueblos indígenas enfrentan el peor panorama de despojo y criminalización, debido a la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que atenta contra la soberanía nacional y en especial la soberanía de las comunidades que están ubicadas en las zonas adyacentes a las ZEDE, dijo la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Zúñiga Cáceres.
Hay defensores de los derechos de las pueblos indígenas y medioambientales detenidos por el simple hecho de defender los ríos y reservas naturales del país de empresas extractivistas que tratan de destruir para beneficios propios todas las reservas y tierras que poseen por años las comunidades indígenas, con esto dejando desprotegidos a todos los pobladores.
El Estado nunca ha protegido o brindado los derechos para los pueblos indígenas, es más son participes y brindan todos los mecanismos de represión, criminalización y asesinatos en contra de los defensores de derechos, lo que los hace cómplices de todos los crímenes y actos de violencia contra las comunidades, dijo Zúñiga.
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La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, ha denunciado en varias ocasiones que las autoridades gubernamentales no hacen nada para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas y garífunas en Honduras.
Al igual que las autoridades del gobierno central, a nivel municipal no se recibe el apoyo que deberían de tener las comunidades indígenas, opuesto a esto, lo único que se recibe es criminalización, amenazas, desapariciones y hasta asesinatos, todos los mecanismos represores que atenten contra los derechos humanos de los pueblos más vulnerables son utilizados por las autoridades, dijo la dirigente a Criterio.hn.
Además, el Estado nos ve como un estorbo, pero como comunidad garífuna tenemos derecho a seguir viviendo en estas tierras que por años nos han pertenecido, ya que es de lo único que se ha subsistido durante todo este tiempo, declaró Miriam Miranda
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En ocasiones anteriores la defensora denunció al Estado de tener un plan genocidio en contra de la comunidad garífuna y que estaban enfrentando un nuevo destierro, pero que no se quedarán de “brazos cruzados”, porque al igual que todos los hondureños ellos tienen derecho de vivir en este territorio.
No podemos hacer ningún llamado a los entes gubernamentales nacionales de hacer valer los derechos, porque no lo harán, pero si es necesario un cambio de gobierno que garantice nuestros derechos y que brinde mecanismos de protección y desarrollo para las comunidades que por años han sido olvidadas y despojada de sus tierras, manifestó la lideresa.
El estudio del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), “El abandono tiene rostro y consecuencias”, señala que las acciones tomadas por el Ejecutivo a lo único a que conllevó fue a “decisiones descontextualizadas de la agudización de conflictos socio-ambientales, violaciones de los derechos humanos, violencia de género contra las mujeres, concesionamiento de los recursos, secuestros y asesinatos de defensores».
Dicho estudio establece que las limitaciones de las personas de los pueblos indígenas y negros es un hecho que resulta de la politización partidaria de servicios, políticas públicas sesgadas en territorios que consideran “primera categoría” y la preexistencia de brechas de comunicación e inclusión de los pueblos al desarrollo.
