Esfuerzos de los Estados para proteger a los defensores deben intensificarse, trabajar juntos para compartir buenas prácticas y escuchar a las personas defensoras sobre cuáles son las protecciones efectivas que deben aplicarse, recomendó la relatora especial de defensores de DD. HH, Mary Lawlor
Tegucigalpa-. Honduras es el cuarto país que reporta el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y ambiente en 2022, antecedido por Colombia, Brasil y México, sin embargo, con 14 asesinatos el país centroamericano registra el mayor número per cápita del mundo, según el reporte anual de Global Witness.
La organización publicó su informe anual 2022 titulado “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática en el que se registra el asesinato de al menos 177 personas defensoras, advirtiendo que el total de homicidios cometidos desde 2012 asciende a 1,910.
En él, se identifican a las catorce personas defensoras de la tierra, territorio y ambiente asesinados en Honduras en 2022. Sus nombres son: Pablo Isabel Hernández Rivera, Melvin Geovany Mejía Rodríguez, Justo Benítez Sánchez, Alonso Salgado Cabalero, Francisco Ruiz, Marco Tulio Paredes Molina, Marlon Feliciano Montes Núñez, Marta Elizabeth Colindres, Marco Antonio Pineda, José Santos Godínez Ruiz, Wilmer Alexis Domínguez Madrid, Mauricio Ezquivel, Santiago Chacón y Donaldo Rosales Meza.
De acuerdo con el documento, en el mundo se asesinó a una persona defensora cada dos días en 2022, al igual como se reportó en 2021. Señalando, que si bien la cifra es ligeramente inferior a la de 2021 —cuando se reportaron 200 asesinatos— la situación no ha mejorado sustancialmente.
Advirtiendo, además, que “el agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo”.
Esto es especialmente preocupante en América Latina donde se produjeron 88% de los 177 asesinatos, una mayoría que se acentúa cada año en la región con relación a los casos registrados en todo el mundo. “Un total de 11 de los 18 países en los que documentamos casos eran latinoamericanos”, lee el reporte.
En 2022, Colombia registró 60 asesinatos de personas defensoras, seguido por Brasil con la perdida de 34 vidas, seguido por México con 31. De los tres, únicamente México reportó una caída en los registros de asesinatos de 2021 (54 homicidios), mientras que Colombia y Brasil mostraron incrementos.
Noticia relacionada: Honduras, uno de los países más hostiles para defensores de DD HH en 2022
Con relación a Honduras, el reporte de Global Witness reconoce que la presidenta Xiomara Castro se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. No obstante, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada con asesinatos y agresiones no mortales en todo el país.
CENTROAMÉRICA, ENTRE EL AUTORITARISMO Y EL EXTRACTIVISMO
Durante la mesa virtual organizada por Global Witness Latinoamérica, el coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefagua), Jorge Santos, señaló que Centroamérica desde hace aproximadamente diez años atiende a un “grave retroceso de carácter democrático” como región.
“Muchos de los países de la región estamos asistiendo, efectivamente a la instalación de gobiernos cada vez más de carácter autoritario e inclusive algunos casos como el nicaragüense o el salvadoreño a expresiones más de carácter dictatorial”, compartió durante su participación.
El economista y defensor de derechos humanos guatemalteco consideró que este es uno de dos factores que impulsan estas acciones de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, así como organizaciones y comunidades cuya vocación este dedicada a la defensa de la tierra, el territorio y un ambiente sano.
A esta dinámica se suma el modelo económico basado en el saqueo de los territorios por actores de carácter privado que está siendo impulsado no solamente en la región centroamericana o latinoamericana, sino en el planeta en general, con intervención directa de los Estados en estos hechos de violencia.
“Yo te diría que esas dos causas son los factores principales de estos hechos de violencia. La culminación, verdad, impuesta a sangre y fuego por las elites en la región centroamericana del proceso de pacificación y de búsqueda de democracias y de paz, y por otro lado, la imposición de un modelo económico de carácter extractivista que los teóricos le han dado por denominar el modelo de despocesión en nuestros territorios”, concluyó.
Santos explicó que procesos extractivos que anteriormente tardaron décadas en implantarse, hoy lo hacen en cuestión de años, en los que toman relevancia acciones de desalojos violentos — muchas veces extrajudiciales— e incluso asesinatos en las comunidades que se opongan al modelo de desposesión.
Lea también: Exigen acciones y no soluciones falsas que priorizan intereses económicos ante crisis climática
Con relación a Honduras, el coordinador general de Udefagua señaló que, si bien el país cuenta con un Mecanismo de Protección de personas defensoras de derechos humanos, no se puede negar que las evaluaciones que hacen las mismas personas que deberían ser beneficiadas es que el mismo cuenta con múltiples deficiencias y en algunos casos les ha expuesto a mayores riesgos.
“En años anteriores, en Honduras particularmente, muchas personas que gozaban de medidas cautelares, por ejemplo, eran personas que lamentablemente fueron asesinadas como producto de ese intento de protección”, contó.
Con respecto a Guatemala, Santos señaló que el país no tiene ningún mecanismo de protección desde 2017. Sin embargo, el recién electo presidente Bernardo Arévalo —quien tomará posesión el 14 de enero— prometió, dado los altos niveles de expulsión y exilio de guatemaltecos producto del proceso regresivo de la democracia en el país, poner en el centro de su accionar la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS DEFENSORAS ASESINADAS?
El once por ciento de los ataques mortales corresponden a mujeres defensoras. Global Witness remarcó que, si bien la cifra puede parecer baja, esta esconde una realidad compleja, debido a que son muchas las formas de violencia de género que sufren las mujeres.
“Más de un tercio (36 %) de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7 %, afrodescendientes. Más de una quinta parte (22 %) se dedicaban a la agricultura a pequeña escala [campesinos]. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir”, especificó.
La organización narró además que algunas de las víctimas mortales ni siquiera eran el objetivo de los ataques, sino que se encontraban en ese momento con la persona defensora a la que se quería asesinar. Ilustrando “la repercusión adicional que tienen los ataques sobre las familias y las comunidades”.
Además de los asesinatos de otras personas que incluyeron a agentes estatales, manifestantes, guardas de parques, juristas y periodistas con un compromiso de defensa del ambiente, el año pasado se registró el asesinato de cinco menores de edad. Tres en Brasil, uno en Colombia y otro en México. Al tiempo que tres de ellos eran indígenas, como fue el caso de Jonatas Oliveira, el hijo de nueve años de un líder rural de Brasil.
Conozca más leyendo el especial: Pueblos Olvidados de Honduras
“Si bien cada vez se reconoce más el papel que desempeñan en la protección de los bosques del mundo los pueblos indígenas —sean del país que sean—, sigue sin brindárseles la protección adecuada y sin incluírselos en la toma de decisiones”, resaltaron.
La agroindustria, la minería e industria extractiva, la tala del bosque y agua fueron algunas de las principales causas detrás de los asesinatos de las personas defensoras ambientales, según se especificó durante la mesa virtual organizada por Global Witness en Latinoamérica.
RECOMENDACIONES A GOBIERNOS Y EMPRESAS
En las recomendaciones a gobiernos, Global Witness, especificó la necesidad de crear entornos seguros para que prosperen las personas defensoras y el espacio cívico; demostrar liderazgos para denunciar, investigar y exigir responsabilidades por represalias contra personas defensoras; así como la promoción de la responsabilidad jurídica de las empresas.
A las empresas indicaron los deberes de determinar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño o perjuicio que puedan provocar sus operaciones a las personas defensoras; y garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa a todos los niveles.
A la vez que gobiernos y empresas deben aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el cambio climático, la promoción de soluciones justas y equitativas frente al cambio climático que incluyan el fortalecimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas y tradicionales y el incremento de su participación en la toma de decisiones.
Sobre el tema, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, en un video mensaje durante la mesa virtual de Global Witness hizo hincapié en que las personas en mayor riesgo son aquellas que están defendiendo los derechos de sus comunidades en áreas rurales.
“Estos países en los que defensores son más atacados: Colombia, Brasil, México y Honduras, están haciendo esfuerzos para proteger a los defensores, pero estos esfuerzos deben intensificarse. Los Estados más afectados deben trabajar juntos para compartir buenas prácticas y conocer de los defensores cuáles son las medidas de protección más efectivas”, dijo Lawlor.
De interés: Óscar Chinchilla, diez años de impunidad y criminalización contra las personas defensoras en Honduras
La relatora de la ONU sobre la situación de defensores remarcó que, si bien hay progresos y posibles soluciones, otros Estados también comparten responsabilidad, particularmente aquellos que sirven como sedes de las compañías que han demostrado conllevar riesgos para los defensores, entre los cuales se incluyen a los países miembros de la Unión Europea.
