Honduras aplazada en cumplir sentencias de Corte-IDH por centenares de muertes de privados de libertad

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), desarrolló este miércoles una nueva jornada para abordar la situación de los privados de libertad en Honduras y evaluar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Honduras.

Tres expertos en derecho internacional abordaron la temática desde el proceso del litigio estratégico, los impactos y las deudas pendientes.

El abogado Mario Roberto Chinchilla, explicó el contexto para judicializar internacionalmente el caso del incendio registrado el 17 de mayo de 2004 en la ciudad San Pedro Sula, Cortés, en donde murieron 107 privados de libertad.

Chinchilla, dijo que el proceso ante la CIDH se fue construyendo por el impacto que sufría en ese momento el sistema penitenciario de Honduras, y la ciudadanía en general, en un contexto de violencia generalizada y centralizada hacia las maras y pandillas.

“Las organizaciones preocupadas por los privados de libertad, concretamente en este caso la Pastoral Penitencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y la Fundación Cáritas, se preocuparon por los derechos de esta población y encontraron que el caso presentaba serias dificultades que derivaron a una instancia internacional”, explicó Chinchilla.

El abogado agregó que el incendio en San Pedro Sula no fue un caso aislado, sino que vino de un deterioro paulatino del sistema penitenciario en donde había un hacinamiento y una sobrepoblación del 30 %, que, con los años, lejos de disminuir, aumentó.

El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía Rivera, representante del Eric, explicó el proceso de litigio ante el Sistema Interamericano y las diferencias entre cómo una víctima se presenta ante la justicia internacional europeo y cómo una víctima se presenta ante el sistema interamericano.

Mejía Rivera dijo que es sumamente importante el trabajo en equipos multidisciplinarios que trabajan para el bien común, la importancia del contexto para crear una estrategia de litigio, la importancia de la experiencia para poder negociar lo mejor para las víctimas y la importancia de la centralidad de las víctimas en el proceso.

“Nosotros decidimos que a la audiencia íbamos a llevar a dos víctimas: a la madre y a la compañera de hogar de una de las víctimas, la gente nos decía que mejor solo lleváramos solo una y que lleváramos a un técnico al que rechazamos, porque sabíamos que llevar a esas dos víctimas a San José (Costa Rica) iba a ser una forma de reparación. Cuando terminó la audiencia la secretaria adjunta, que es la fiscal interamericana, se levantó, fue donde ellas y las abrazó. Y luego, todo el tribunal, se levantó y dijo públicamente: nos solidarizamos con las víctimas. Cuando salimos, yo recuerdo perfectamente, una de las víctimas se me acercó y me dijo: para mí esto ha sido lo mejor, que me abrazara la fiscal interamericana y los jueces mostraran solidaridad conmigo, por qué, me dijo, porque en Honduras los jueces y fiscales me trataron como una perra”, dijo Mejía Rivera.

El abogado del ERIC explicó las cuatro formas para terminar con un proceso ante el sistema interamericano: desistimiento, que el Estado reconozca su responsabilidad total o parcial, solución amistosa y la sentencia.

El abogado Carlos Paz, por su parte, expresó que hasta hoy,  el Estado de Honduras no ha cumplido en las formas de reparación de las víctimas, que son, medidas de satisfacción, rehabilitación psicológica y psiquiátrica, indemnización y la identificación de familiares de las víctimas.

Paz manifiesta que existe una cantidad importante de familiares que todavía no han sido identificados para ser reparados e indemnizados por parte del Estado de Honduras.

“El Estado se había obligado a pagar las indemnizaciones en el transcurso de dos años, tras la sentencia, y, sin embargo, eso hasta ahora no se ha cumplido”, dijo Paz, quien agregó que muchas madres de las víctimas fallecieron esperando justicia y que muchos hijos de las víctimas cayeron presas de las garras de las maras y pandillas.

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