Tegucigalpa, Honduras.- La noche del 15 de noviembre de 2022, en el Congreso de la República finalmente se presentó el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz. Las diputadas y los diputados conocieron el anteproyecto de decreto y lo discutieron en su primer debate.
El espíritu de la ley, según el dictamen que se presentó y que leyó el secretario del Legislativo, Carlos Zelaya Rosales, “será regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal”.
En resumidas palabras, la Ley de Colaboración Eficaz servirá como un instrumento que permitirá contribuir en las investigaciones con el propósito de desarticular organizaciones criminales y que tiene como fin la búsqueda de la verdad. Es un derecho penal premial que le otorga al integrante de una organización criminal una serie de beneficios, ello en respuesta a un intercambio de testimonios oportunos y veraces que aporten a investigación o al proceso y que, además, eviten en un futuro la comisión de acciones delictivas.
La vicepresidenta del Congreso, Fátima Mena, quien presentó la iniciativa de decreto a inicios de febrero, la calificó como “un mensaje positivo para los operadores de justicia y los organismos internacionales”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con fuentes oficiales, ha instado al Gobierno a promover la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, con miras a la instalación de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
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El dictamen que se presentó ante la Cámara, que consta de 30 artículos, recibió elogios de las bancadas de Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Liberal, quienes se comprometieron a aprobar la Ley de Colaboración Eficaz cuando se discuta y vote en su tercer y último debate. La aprobación requerirá de la mayoría simple, es decir, 65 votos.
Por su lado, el Partido Nacional, a través de su bancada, indicó que estudiarán el contenido del anteproyecto de decreto y que, posteriormente, fijarán una posición colectiva. Sin conocerse los motivos, la diputada nacionalista Tania Pinto, fue la única legisladora de la comisión dictaminadora que no firmó el dictamen.
El resto de la comisión estuvo integrada por el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera -quien la presidió-, y sus compañeros de bancada, Ramón Barrios, Silvia Ayala y Rasel Tomé, al igual que los congresistas del PSH y del Partido Liberal, Tomás Ramírez y Alfredo Saavedra.
La comisión inició su trabajo desde junio, aprovechando el receso legislativo, y entre agosto y octubre, socializaron el borrador con fiscales e investigadores del Ministerio Público, al igual que con jueces de letras y magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros funcionarios del Poder Judicial.
“Hemos visto cómo esta comisión ha convocado a sectores del Poder Judicial, Ministerio Público y sociedad civil, para que pudieran participar en la elaboración de este dictamen”, indicó la diputada Fátima Mena, quien agradeció a la comisión por el dictamen favorable y recordó que en los dos períodos legislativos previos, los de 2014-2018 y 2018-2022, los anteproyectos de decreto encaminados a dar vida a la Ley de Colaboración Eficaz habían sido engavetados por la Junta Directiva que presidió el nacionalista Mauricio Oliva.
Durante los cuatro años en que accionó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), entre 2016 y 2020, se propuso una Ley de Colaboración Eficaz. En su momento, los exdiputados Osman Aguilar, del Partido Liberal, y David Reyes, del Partido Anticorrupción (PAC), presentaron iniciativas encaminadas a aprobar este tipo de normativo, pero se toparon con un muro de impunidad edificado por el Partido Nacional, cuyos diputados, en ese momento, figuraban en casos de corrupción presentados por la Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) como Caso Pandora y Caso Arca Abierta.
En entrevista con Criterio.hn, el exvocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, aplaudió que el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz haya sido presentado ante el Congreso de la República. “La lucha contra la corrupción tendrá en esta ley, que surgió como una iniciativa de la Maccih, una herramienta fundamental. Es tan importante esta ley, porque servirá a los fiscales para desmantelar redes de corrupción, o cualquier estructura criminal que se quiera desmantelar. Ahora su aprobación dependerá de una decisión política que se deberá tomar”.
¿QUÉ ES UN COLABORADOR EFICAZ?
Un colaborador eficaz, o un “soplón” o “sapo” dentro de las estructuras delictivas, es una persona que ha sido testigo de algún delito o que ha participado de él, pero que maneja información o evidencia que pueda servir a los operadores de justicia, sobre todo a fiscales, para dar con quienes están encima suyo dentro de una organización delictiva, siempre y cuando dicha información permita la eficacia en la persecución penal de los delitos que abarque la Ley de Colaboración Eficaz.
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A cambio de ofrecer dicha información o evidencia, el colaborador eficaz podrá ser beneficiario de reducciones de penas o libertades condicionales, entre otras ventajas, siempre y cuando su colaboración sea de contundente importancia en el desmantelamiento de la organización.
Asimismo, se tomará en cuenta el grado de responsabilidad en el delito que cometió el colaborador eficaz o su posición dentro de la organización delictiva. En ese sentido, se debe valorar que una persona, no solo por haber colaborado con los operadores de justicia, quedará absolutamente libre de responsabilidades.
“Lo que busca esta ley es ir en contra de las estructuras completas, incluyendo a los líderes, con el propósito de que dichas redes no puedan continuar generando daño alguno”, subrayó el diputado Jari Dixon Herrera, presidente de la comisión de dictamen, durante una entrevista concedida a Criterio.hn el 7 de septiembre de 2022.
