A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, Honduras se mantiene como el segundo país más violento de América Latina en 2023, según el Balance de InSight Crime. En consecuencia, analistas sugieren implementar políticas más efectivas y diferenciadas para abordar la violencia
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque la tasa de homicidios en Honduras disminuyó 13 puntos en 2023, el país centroamericano sigue siendo escenario de violencia con una tasa de homicidios de 31,1 por cada 100,000 habitantes.
El último Balance de InSight Crime de los homicidios en 2023, que analiza las dinámicas criminales detrás de la violencia en cada país de la región, ubica al país como el segundo más violento de América Latina. Siendo Ecuador el primero, con una tasa de 44,5 por cada 100,000 habitantes.
Además, el medio de comunicación dedicado a la investigación sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, señala a Venezuela en el tercer lugar con 26,8, seguido de Colombia con 25,7, México con 23,3 y Belice con 21,5.
Que Honduras se encuentra en el segundo lugar con la tasa más alta de homicidios, para el abogado Nelson Castañeda, director del sector seguridad y justicia de la Asociación para Sociedad Más Justa (ASJ), sigue dejando “un mal sabor de boca”, más aún cuando países como Venezuela, Colombia y México que se han mantenido como países altamente violentos, están por debajo de Honduras.
Además, Castañeda señaló en entrevista con Criterio.hn que algunas medidas que aportaron a la reducción de homicidios, se deben readecuar ciertas estrategias para mejorar la situación y percepción de la violencia.
Por su parte, el abogado Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), aunque hubo una reducción –no al ritmo de otros países— el mantenerse como el segundo país más violento “significa que el Estado y el gobierno, tiene un desafío importante de abordar la criminalidad de manera más profunda”.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN
Honduras permanece bajo un estado de excepción instaurado desde el 6 de diciembre de 2022, que de acuerdo con la presidenta Xiomara Castro, le estaban declarando la guerra a la extorción y delitos conexos, esta medida excepcional que suspende garantías constitucionales, se ha extendido en tiempo y territorio, una situación que preocupa a defensores de derechos humanos, ya se avizora como una estrategia permanente de seguridad, similar a la aplicada en El Salvador.
“Mientras que el enfoque contundente de la presidenta Xiomara Castro ha suprimido derechos fundamentales y se ha centrado en golpear a las pandillas en los puntos más violentos del país, el enfoque ha logrado escasos avances contra el crimen organizado”, señala InSigth Crime.
Sobre el tema, Karen Valladares, coordinadora nacional de Cristosal en Honduras, expresó a Criterio.hn que es imperativo que se genere un marco legal sólido, así como estudios exhaustivos sobre la funcionalidad del estado de excepción.
“Necesitamos tener estrategias claras, siempre estamos hablando de un estado de excepción, pero carecemos de una política de seguridad ciudadana”, puntualizó Karen Valladares.
De igual manera, Nelson Castañeda, refirió que preocupa que el estado de excepción se convierta en una medida permanente porque “al final no ha sido ese elemento diferenciador en la en la reducción de los índices de homicidio y extorsión”, señaló el abogado.
TRABAJO INTEGRAL
Históricamente Honduras arrastraba altos índices de homicidios, en el 2023 cerró con una tasa de 31.14 que, comparado con la tasa de 2022, que cerró en 38.14 por cada 100,000 habitantes, según datos de la Secretaría de Seguridad.
Aunque representa una reducción significativa, analistas consideran que el país centroamericano debe generar estrategias integrales de prevención de la violencia.
Para Javier Acevedo, es prioritario que se desarrollé un proceso de educación y sensibilización social, tanto para la prevención del delito como para la denuncia del mismo.
En ese sentido, refirió “nuestro desafío a mediano y largo plazo es bajar a niveles que nos permita salir de la consideración de país violento”, señaló.
Por su parte, Nelson Castañeda, sugirió que se deben buscar otras medidas alternas apegadas a la ley, “si es necesario que se hagan las reformas que se incorpore el Congreso Nacional en apoyar este trabajo pero que no sea el estado de excepción una salida permanente”, expresó.
En América Latina y el Caribe durante el 2023, al menos 117.492 personas fueron asesinadas, lo que arrojó una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, InSigth Crime advierte que debido a que los datos sobre homicidios en muchos países son inexistentes o poco fiables, es probable que la cifra real sea mayor.
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