Tegucigalpa. – La Junta Proponente, encargada de la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), postergó por un día la novena reunión de los integrantes. En esa sesión se ventilarán los resultados del proceso tachas y las pruebas psicométricas, así como patrimoniales y toxicológicas, que podrían obligar a los proponentes a trabajar contra reloj, debido a que antes que finalice julio tienen que entregar la nómina de los cinco mejores abogados al Congreso Nacional.
Los proponentes, encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, tenían programado para este martes 18 de julio la novena reunión para informar a la sociedad hondureña qué postulantes y por qué motivos quedarían inhabilitados del proceso, tras haber concluido las fases anteriores.
Aunque la Junta Proponente no lo ventiló de manera oficial, los integrantes lo informaron (cada quien) desde su trinchera. Por ejemplo, el representante de sociedad civil ante la Junta Proponente, José Ramón Ávila, contó a Criterio.hn que la reunión se postergó porque todavía no están listos los resultados de las pruebas aplicadas a los abogados.
“Todavía no están listos los resultados de las pruebas toxicológicas, psicométricas y patrimoniales realizadas a los aspirantes; continuamos en recepción de información, analizando y valorando la tacha o denuncia presentada a cada abogado que se postuló”, argumentó el abogado José Ramón Ávila.
Dijo que esta demora no retrasa el proceso «porque ya hay un cronograma establecido, en el que la fecha límite para entregar la nómina de los mejores cinco abogados evaluados es a finales de junio».
“Vamos bien con el tiempo. Estamos cumpliendo con los parámetros establecidos. Se extendió por un día más para darle más análisis y se valore mejor la información. El jueves, en la reunión, se conocerá el resultado de estos procesos anteriores y qué abogados continuarán siendo parte de este proceso que se está haciendo”, detalló.
De acuerdo con el cronograma establecido por la Junta Proponente, tienen hasta el 21 de julio de 2023 para anunciar qué postulantes son los que pasan a la siguiente fase y quiénes son los que no lograron filtrarse del proceso de tachas, denuncias y pruebas psicológicas, psicométricas y patrimoniales.
Tras finalizar esta fase (el 21), desde el 22 al 29 julio, se llevará a cabo la fase de entrevistas públicas a los postulantes que continúen en el proceso, en la que serán consultados, por ejemplo, qué harían, promoverían, cómo reaccionarían en el hipotético caso que lleguen a ostentar la figura de fiscal general y fiscal adjunto.
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LA TAREA DE LA JUNTA PROPONENTE
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar, entre los 21 postulantes que quedan en el proceso, la nómina de los cinco mejores evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.
En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes «es puro trámite» porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después los postulantes tendrán que presentarse a las entrevistas públicas.
Posteriormente, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
