Tegucigalpa. Tal y como lo advirtieron diferentes sectores de la población hondureña, que la violencia y el crimen migrarían con la implementación del estado de excepción, mismo que tiene vigencia de un mes y que inició operaciones desde el seis de diciembre del 2022 hasta el 6 de enero de 2023.
El estado de excepción entró en operaciones bajo el PCM-29-2022 que abarca 162 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula con el objetivo principal de contrarrestar el delito de extorsión que día con día se podía palpar en los negocios de la capital.
En un principio el estado de excepción fue criticado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, debido al historial que tienen los miembros de las fuerzas de seguridad del estado, sin embargo, este se llevó a la práctica y está por vencerse.
Desafortunadamente la advertencia que lanzaron algunos de los expertos en seguridad ya está siendo cumpliendo y se ven los resultados en zonas que se habían catalogado como pacíficas. Demostrando así que el llamado sobre la migración del crimen de las ciudades importantes hacia otros sitios en efecto está sucediendo en las zonas turísticas de la capital.
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Muestra de ello es que la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con la Policía Nacional dieron a conocer sobre la captura de dos miembros de la pandilla 18 mientras estos realizaban una ronda de cobro de extorsión en el municipio de Cantarranas.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades con los alias de “Culicha” de 37 años de edad y alias “el Pelón” de 18, quienes según las investigaciones son responsables de hacer el cobro extorsivo de manera indiscriminada en todo el sector que comprende los municipios de Valle de Ángeles, Cantarranas, Villa de San Francisco y Talanga, en el departamento Francisco Morazán.
Según versión oficial en estos lugares los propietarios de negocios de las cercanías y pequeños emprendedores permanecen bajo constantes amenazas. A estos también se suman los transportistas de la zona a quienes les exigían dinero por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18. Las autoridades dieron a conocer que al momento de su captura se les decomisó dinero en efectivo proveniente de este ilícito.
La institución policial también dio a conocer sobre otra captura de un supuesto miembro del mismo grupo delictivo antes mencionado, quien según las autoridades también está vinculado a la venta y distribución de drogas en el municipio de La Villa de San Antonio.
Estas capturas ponen en evidencia la situación que vive la población hondureña y además comprueba que los grupos delictivos siempre buscan una zona donde acentuarse y continuar con sus actos delincuenciales.
En entrevista con Criterio.hn el experto en seguridad y defensor de derechos humanos, Carlos Sierra, expresó que, al haber una saturación policial y operaciones especiales en determinados territorios, la criminalidad tiende a movilizarse a otros sectores.
A juicio de Sierra cualquier estrategia que desarrolle la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional debe tomar en cuenta esta situación, por lo que la estrategia para solventar la problemática de la extorsión y delitos conexos deber ser más amplia que las acciones de un estado de excepción.
El alcalde de Cantarranas, Marcos Guzmán en entrevista con Criterio.hn manifestó que el delito de la extorsión llegó a su municipio hace más de cinco años y que en este tiempo la amenaza ha sido latente por personas que quieren realizar dicha actividad delictiva en la localidad, aunque también reconoce que esta problemática es una situación basada en la realidad de país.
Guzmán informó que mucho antes de implementarse el estado de excepción ya se habían dado incidentes de este tipo. “Pienso que estos flagelos son causa de un deterioro social que tiene el país”, subrayó.
Además, mencionó que la actividad delictiva en el municipio aumentó por la creación de los centros penales de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán, y en centro penal “la Tolva” en Morocelí, El Paraíso, centros de detención que están significativamente cerca del municipio de Cantarranas.
El edil declaró que el tráfico de drogas también elevó los niveles de violencia en la localidad, sin embargo, asegura que esta problemática no ha afectado la afluencia de turistas en el pintoresco pueblo.
“Los cobros en sector transporte es un tema que lleva más de una década en el municipio y ninguna autoridad ha podido controlar, esperamos que las nuevas autoridades policiales lo puedan hacer”, indicó.
Respecto a la medida de “mano dura”, impuesta los últimos días para combatir estos flagelos, hay quienes aseguran que el tema de seguridad debe verse desde una problemática estructural, porque no se puede hablar de seguridad sin hablar de desigualdad y reducción de la pobreza.
Sierra, es de la opinión que no se le puede declarar la guerra a un grupo criminal que puede que tenga mayor capacidad de juego que las mismas fuerzas de seguridad.
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Por su parte, la defensora de derechos humanos, Reyna Rivera, en conversación con Criterio.hn manifestó que los lugares turísticos en el país tienen una doble condición dado que funcionan como fuente de ingreso para el país, sin embargo, a la vez también sirven de foco para la criminalidad.
Dado que también hay delitos que se asociación directamente con el sector turismo, como el delito de la trata y explotación sexual. “Lamentablemente hay mucho interés por proteger al turista, pero no es así con las personas locales, personas vulnerables, llámense estas niñas, niños o mujeres”, cuestionó.
Rivera es del criterio que el Estado debe reforzar las estrategias con enfoque diferenciado para atender los crímenes violentos que se cometen en contra de la población hondureña.
