Aunque el Gobierno continúa en negociaciones con la ONU en torno a la CICIH, el Congreso Nacional continúa sin facilitar el marco jurídico necesario para la instalación del mecanismo anticorrupción
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 9 de mayo, el Gobierno hondureño solicitó reunirse con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de continuar las negociaciones en torno al convenio que daría vida a la instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, manifestó a medios de comunicación reunirse «al más breve plazo», de manera virtual o presencial, para continuar en la negociación del convenio.
Esta reunión representará la segunda entre el equipo de expertos designado por el Gobierno hondureño y la contraparte nombrada por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El primer encuentro se efectuó el pasado 7 de febrero en Nueva York, Estados Unidos.
Durante esa reunión, el Gobierno y la ONU deliberaron en torno a la propuesta de borrador de convenio que entregó la presidenta Xiomara Castro al secretario general de la ONU, António Guterres, el 18 de septiembre de 2023.
«Naciones Unidas quiere estudiar un poco más el proyecto de ley y ha respondido sobre algunos temas del convenio mismo, como los delitos que la CICIH debería abordar y la figura del querellante autónomo», declaró Reina.
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El canciller se refirió a la propuesta hecha el pasado 17 de abril por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, contentiva del anteproyecto de la Ley Especial para la CICIH, que busca otorgar a la comisión facultades adicionales, como la capacidad de actuar como querellante autónomo y acusador privado.
Sin embargo, a consideración de analistas consultados por Criterio.hn, esta reforma sería un doble filo debido a que conllevaría una reforma a la Constitución de la República, que debe pasar por 86 diputados y requerir dos legislaturas, lo cual dilataría la instalación del mecanismo anticorrupción.
MÁS REFORMAS PENDIENTES
Más allá del debate en torno a si la reforma planteada por la diputada Zelaya es necesaria o no, el Congreso Nacional sí mantiene estancadas reformas legales que fueron planteadas en 2023 tras las tres visitas efectuadas por el equipo de expertos de la ONU.
Según información obtenida por Criterio.hn, la ONU propuso nueve reformas durante su visita al Congreso Nacional en 2023. Entre estas se incluyen reformas a las penas por delitos contra la administración pública dentro del Código Penal, la derogación de ciertos decretos como el 117-2019, la reforma del decreto 4-2022, y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Hasta ahora, el Congreso Nacional solo ha derogado tres decretos, mientras que otros como el 117-2019, que otorga inmunidad a diputados, aún están en vigor, obstaculizando la rendición de cuentas.
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El pasado 29 de abril, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ignorando la fase 1 contemplada en el memorando de entendimiento de la CICIH, declaró que no es necesario que el poder que él preside ejecute las reformas, derogaciones o aprobaciones que planteó el equipo de expertos de la ONU.
«Me pregunto por qué Naciones Unidas no ha llegado al acuerdo ya, que vengan acá, que se instalen y que empiecen a trabajar ya», declaró Redondo de manera desafiante.
«A mí que no me vengan con el cuento de que tenemos que derogar esto o aquello para poder hacer que venga una misión de combate a la corrupción», agregó el presidente del Legislativo durante un foro televisivo que transmite el estatal Canal 8.
CICIH, PROMESA PENDIENTE
La aprobación de un convenio entre el Gobierno y la ONU, con miras a instalar una CICIH, deberá pasar por 65 votos, pero en caso de que efectúe una reforma constitucional, como plantea el oficialismo, se requerirán 86 voluntades.
La promesa de instalar una misión anticorrupción figuró dentro de la campaña política de la presidenta Xiomara Castro y apenas asumió el cargo el 27 de enero de 2022, solicitó iniciar los trámites ante la ONU.
