Gobierno hondureño debe tener mecanismos anticorrupción efectivos para agenda de transparencia fiscal

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) llevaron a cabo el foro «Luces y sombras de la transparencia fiscal en Honduras», en donde se presentaron los informes «Seguimiento al Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras (PAGAH) 2014-2016» y «EITI: ¿Una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Honduras?», este último elaborado con el apoyo de la organización danesa IBIS.

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El Icefi recordó que en agosto de 2011, Honduras se adhirió a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), iniciativa que busca promover la transparencia a nivel internacional, complementando los esfuerzos dirigidos a reducir la corrupción y la impunidad, y promoviendo mayor participación ciudadana. El Instituto dio seguimiento al Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras (II PAGAH), 2014-2016, en lo referente a cuatro compromisos fiscales: empoderamiento ciudadano sobre el presupuesto; rendición de cuentas sobre la gestión del gasto público; planificación, eficiencia y transparencia en las compras públicas y conocimiento de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y sus resultados.

Al evaluar el II PAGAH, el Icefi encontró avances, entre los que destacó, la elaboración de los catálogos de compras de bienes, creación de portales de transparencia en varias instituciones gubernamentales y presentación de los documentos de presupuesto público, si bien el presupuesto ciudadano continúa teniendo deficiencias de información y poco sentido de oportunidad. También señaló algunos resultados insatisfactorios, entre los que se encuentran las acciones tomadas para alcanzar una mayor participación ciudadana y los procesos de monitoreo y evaluación interna y externa, pues las acciones tomadas no lograron el cumplimiento de los hitos asumidos.

Asimismo, el Icefi indicó que los avances en la ejecución del primer año del II PAGAH están opacados por la aprobación de la denominada «Ley de Secretividad», que autoriza a 18 instituciones públicas a restringir el acceso a información en casos denominados de «seguridad nacional», a lo que se suma la continuada utilización de fideicomisos para el manejo de recursos públicos, mecanismo que sustrae de los procedimientos normales de vigilancia recursos que ascienden al 2% del PIB. A esta opacidad se agregan las negociaciones relacionadas con las alianzas público-privadas.

En cuanto a la evaluación de la EITI, el Icefi recordó que su ejecución en Honduras inició en 2012, impulsada especialmente por organismos internacionales, e implementada en 51 países. Los resultados de la implementación de esta iniciativa no son halagüeños, pues adolece de problemas de gobernanza interna, una falta de reconocimiento sobre las complejidades en las que se desarrollan las actividades extractivas y una limitada hoja de ruta que permita propiciar cambios en la gobernanza de los recursos naturales no renovables.

En términos generales el análisis de la implementación de la EITI en Honduras evidencia que la transparencia del sector extractivo debe ir más allá de la dimensión fiscal y de la implementación de dicha iniciativa. Para el Instituto, es urgente transitar de iniciativas internacionales a reformas nacionales, que permitan el fortalecimiento legal e institucional del marco en el que se desenvuelven las industrias extractivas, a fin de robustecer la transparencia, más allá de la voluntariedad.

El Instituto planteó que los hallazgos sobre las dos iniciativas revelan que ambas tienen poca incidencia tanto en los ciudadanos como en el Gobierno. Incluso, su debilidad pone en entredicho la importancia que podría tener el diseño de un tercer plan de la iniciativa AGA, ya que se mantienen las mismas prácticas de años anteriores: reducida participación ciudadana y una agenda gubernamental que determina los compromisos.

Finalmente, el Icefi concluyó que una transparencia fiscal legítima es aquella que cuenta con mecanismos que estimulan y facilitan la participación de la ciudadanía en los asuntos relacionados con la gestión pública, especialmente los que influyen en la calidad de vida de las personas. En ese sentido, recomendó al gobierno elaborar una agenda de transparencia concreta e integral para el Estado hondureño, a partir de un estrecho diálogo con la ciudadanía, del que surja un calendario ambicioso con metas y acciones a las que la sociedad pueda hacer su evaluación y seguimiento.

 

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