Durante un año y poco más de cuatro meses, Honduras ha estado bajo un estado de excepción implementado con el objetivo de combatir el crimen organizado. Esta medida ha sido prolongada por los resultados que, según las autoridades, han sido positivos en la lucha contra la extorsión. Sin embargo, fuentes consultadas por Criterio.hn cuestionan que esta medida ya no sea “excepcional” y que todavía no se evidencien los resultados positivos que el Estado alardea.
También cuestionan que esta medida faculte a las autoridades policiales y militares para cometer abusos de poder, amparándose en las facultades que el estado de excepción les otorga. De hecho, en un análisis de datos se encontró que los uniformados han sido denunciados en más de 900 ocasiones por la comisión de distintos delitos.
Tegucigalpa, Honduras – El Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, en medio de cuestionamientos, anunció la tercera ampliación del estado de excepción en 2024, el cual finalizará el próximo 19 de mayo y abarcará a 123 de los 198 municipios hondureños, denominados los más peligrosos por las autoridades de seguridad.
Esta medida, que originalmente se implementó en casos de emergencia nacional, como está establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, ha generado cuestionamientos debido a la percepción de que su aplicación se ha vuelto habitual, perdiendo así su carácter excepcional.
La decisión de prorrogar el estado de excepción por tercera vez consecutiva en el año 2024 ha avivado el debate sobre la legalidad de esta medida y sus implicaciones para los ciudadanos, ya que, sin tener resultados efectivos para hacerlo, se continúan suspendiendo algunas garantías establecidas en la Constitución de la República.
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Según Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el estado de excepción adolece de ilegalidad, ya que las prórrogas de 45 días emitidas por el Poder Ejecutivo no han sido en su mayoría ratificadas por el Congreso Nacional, como establece el artículo mencionado anteriormente.
“El cumplimiento del marco legal que rodea un estado de emergencia no se ha realizado. Lo que aprueba el Poder Ejecutivo debe ser conocido y sometido a votación por el Congreso Nacional, para así aprobar, negar o solicitar modificaciones al decreto emitido por la presidenta, algo que se ha visto en pocas ocasiones “, explicó Acevedo en conversación con Criterio.hn.
Acevedo también cuestionó la falta de transparencia por parte de las autoridades policiales. Aunque estas informan sobre arrestos y supuestos delincuentes vinculados con maras y pandillas, la realidad es que muchas veces se trata de personas buscadas por delitos que no están relacionados con el crimen organizado.
“La mayoría de las personas arrestadas durante este estado de excepción terminan siendo liberadas. Se han reportado casos y denuncias que indican que la mayoría de estos arrestos están relacionados con escándalos públicos, no con delitos vinculados al estado de excepción, y aun así aparecen en los registros como capturas de criminales”, mencionó.
Lo expuesto por Acevedo refleja la realidad de esta medida. En junio de 2023, Criterio.hn realizó un análisis de datos con información proporcionada por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia sobre capturas, requerimientos fiscales y procesos judiciales durante los primeros meses del estado de excepción.
En dicho análisis, se constató que de las 4,033 capturas realizadas entre diciembre y mayo de 2023, sólo 753 fueron requeridas por el Ministerio Público. Lo paradójico es que ninguno de estos casos corresponde a delitos relacionados con la extorsión, por los cuales se implementó esta rigurosa medida.
PERDIÓ SU CARÁCTER EXCEPCIONAL
De igual manera, Joaquín Mejía opinó que esta medida, implementada desde el seis de diciembre de 2022, ha perdido su carácter excepcional, tal como lo otorga la Constitución. En su lugar, se ha vuelto una práctica normalizada, lo que crea un vacío propicio para abusos de autoridadpor parte de los elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
“El simple hecho de realizar capturas no garantiza que todas esas personas estén vinculadas con crímenes o delitos (…) en Honduras, observamos acciones que carecen de una dirección clara. Se está optando únicamente por medidas represivas que carecen de objetivos claros y una dirección definida”, mencionó el abogado en pláticas con Criterio.hn.
El especialista en derechos humanos aseguró que emplear el estado de excepción de forma continua, lo que indica es la incapacidad del gobierno para abordar la criminalidad mediante medios democráticos formales. “Sí, es justificable utilizar el estado de excepción para combatir la criminalidad y narcotráfico, pero cuando ya lleva más de un año perdió su objetivo; su norte”, agregó.
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MILITARIZACIÓN Y ESTADO DE EXCEPCIÓN
Mejía, comparó la implementación del estado de excepción con la militarización en el país, destacando la falta de estrategias en ambos casos. Aunque estas medidas se implementan para enfrentar la criminalidad, la ausencia de una planificación clara y la prolongación indefinida de las mismas evidencian una carencia de estrategias efectivas.
“Un gobierno puede emplear estrategias de seguridad pública, pero debe hacerlo con precaución. Debe establecer un tiempo limitado para su aplicación, garantizar el control civil y diseñar un plan de salida. No deben convertirse en medidas permanentes, como está ocurriendo con la presencia militar y el estado de excepción”, concluyó Mejía.
Cuando Joaquín Mejía habla de la militarización, se refiere precisamente a que el gobierno de Castro se comprometió a desmilitarizar la sociedad. De hecho, esa fue una de sus promesas en campañas proselitistas. Sin embargo, con el transcurso de los primeros años de gestión, sus acciones han dejado en evidencia que continúa replicando prácticas de administraciones anteriores, como la del narco expresidente Juan Orlando Hernández, quien convirtió la fuerza castrense en su bastión.
Una de las medidas que Castro replicó de administraciones anteriores fue la militarización de todos los centros penales del país, decisión tomada en junio de 2023 tras una masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en la que perdieron la vida de manera violenta 43 privadas de libertad. Además, se ha estado ampliando el presupuesto y dotando de equipo sofisticado a la institución castrense, lo que ha contribuido a que los jerarcas militares respalden las posturas del partido gobernante.
