Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Es un hecho comprobado que varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido utilizadas como instrumentos para facilitar la corrupción, algunas se erigen como fachada para desvío de fondos y, aunque el gobierno anunció apuntar la lupa sobre las entidades, crece la inquietud de si también se convertirá en una manera de callar o controlar las voces críticas de las que sí ejercen su papel.
Diversas reacciones nacen a partir de las declaraciones del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, que anunció que todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deberán intervenirse para comprobar el cumplimento del propósito por el cual fueron creadas.
De tal forma, expresó que actualmente el gobierno realiza una revisión profunda de todas las ONG registradas en dicha secretaría de Estado. Por ahora, reveló que hay más de 8 mil entidades registradas, pero muchas de estas no desempeñan su cometido real.
El doctor en derechos Humanos, Joaquín Mejía, dijo a Criterio.hn que el Estado tiene la facultad de regular las organizaciones de sociedad civil, no solo nacionales, también a las extranjeras que operan en el país.
La falta de regulación ha sido una de las principales fallas para que se creen Organizaciones No Gubernamentales con la finalidad de facilitar graves actos de corrupción y otros ilícitos como el lavado de activos.
“Obviamente hay que estar alerta que eso no implique una intervención de organismos que son críticas a este o cualquier otro gobierno, y que no se derive en la situación que está pasando con el cierre de organizaciones que son consideradas enemigas de los regímenes en estos países”, razonó Mejía.
CASTIGAR A ONG MALETÍN Y RESPETAR A LAS FORMALES
De acuerdo a lo mencionado por Vaquero, la revisión de documentación ha permitido encontrar que solo hay 1, 400 ONG funcionando efectivamente.
Aunque hay que estar alerta a cualquier intervención del Estado, la obligación es revisar qué ha pasado y descubrir las operaciones irregulares de empresas maletín que reciben fondos públicos.
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Aunque debe estar presente la precaución, tampoco debe meterse en el mismo saco a todas las organizaciones de sociedad civil legalmente constituidas que argumentan su existencia con el trabajo por el que fueron establecidas, subrayó ante este medio digital, José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (Asonog).
Las últimas declaraciones de muchos funcionarios se deben a la función de hablar en general de todo el sector ONG, donde no se diferencia a aquellas organizaciones que no han tenido que ver con ningún desfalco en perjuicio del erario público.
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Durante el gobierno del exmandatario extraditado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández (2014-2022), se engendró y dio fuerza a una estructura criminal que permeó las instituciones del Estado, misma que gozó del respaldo del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, empresa privada, medios de comunicación corporativos y organizaciones de sociedad civil y religiosas.
Por esas razones, es que tanto se ha exigido por múltiples sectores que periodistas, empresarios, líderes religiosos y de organizaciones sociales que incluso apoyaron y respaldaron a Hernández sean investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que pretende instalar el gobierno.
El titular de Gobernación, Justicia y Descentralización remarcó que a las ONG se les cuestiona por la conducción de recursos del Estado. Entre estas, varias manejaron recursos directos de Gobernación, Salud, Educación y otras entidades.
Al respecto, el director de Asonog aseguró que son los más interesados en la identificación de las organizaciones que mantengan cuentas pendientes con el Estado y, que, además, han sido utilizadas para favorecer a particulares o políticos, quienes deberían ser castigados con toda la severidad y minuciosidad para deducir responsabilidades.
“La institucionalidad ha otorgado personalidad jurídica a algunas organizaciones que quizás no cuentan con la trayectoria, lo cual parece que la acción del gobierno siempre y cuando sea para depurar estás ONG que no cumplen los requisitos, me parece que es correcta la investigación”, destacó Ávila.
Si las organizaciones tienen en orden sus estados financieros, realizado cada trámite administrativo como demanda la ley y cumplido con los informes dirigidos a la dirección de regulación, es decir, la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) no debería ser necesaria su suspensión, coinciden.
De igual forma, las que recibieron fondos del gobierno y han documentado coherentemente el trabajo realizado.
EVITAR FALTA DE OBJETIVIDAD
El error sería depurar a las organizaciones que no están acordes a la gestión del gobierno o que tienen una postura crítica, lo cual sería poco objetivo y dejaría mal visto al gobierno.
A estas reacciones se unió la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), integrada por más de 60 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), cuyo comunicado fue compartido a Criterio.hn por su directora ejecutiva, Melissa Elvir.
En su mensaje, sostienen que no están de acuerdo con que no se hagan diferenciaciones entre las organizaciones irregulares y las que cumplen con estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas, y apegadas a la normativa jurídica vigente en nuestro país para poder ejecutar programas y proyectos con financiamiento nacional e internacional.
Consecuentemente suman que otro punto a ejecutar debería ser la impartición de justicia a favor de las familias que no se beneficiaron con los programas y proyectos financiados con recursos del Estado, castigando a los responsables que utilizaron los caudales públicos con todo el peso de la ley.
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Es oportuno mencionar que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) actualmente mantiene investigaciones sobre los actos expuestos en la denuncia del presiente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien a mediados de junio reveló el 16 y 18 de enero un grupo de personas que manipularon los sistemas de seguridad sustrajeron documentos administrativos y contables del Poder Legislativo.
Sin embargo, se logró realizar indagaciones que comprobaron la existencia de una red de lavado de dineros a través de fondos departamentales que utilizaron ONG de fachada y en la actualidad se convirtieron en bufetes para defender a implicados en casos de corrupción.
Repetidamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele arremetió contra acusaciones de múltiples ONG de derechos humanos cuando manifestaron preocupación ante las garantías constitucionales de la población salvadoreña durante el establecimiento de estado de excepción y alerta máxima por una nueva ola de violencia perpetrada por las maras y pandillas.
El mandatario salvadoreño los llamó “vividores” por defender a “asesinos”, de esa forma, La Fiscalía de El Salvador ha realizado más de siete allanamientos a diversas ONG, luego de ser investigadas por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional.
Situación similar ocurre en Nicaragua, donde medios de comunicación de ese país calculan que más de 100 organizaciones sin fines de lucro han sido anuladas. Entre los argumentos se estableció que las organizaciones vulneraron las leyes contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
