Tegucigalpa. La diputada del Partido Nacional por el departamento de La Paz, Gladis Aurora López, es la única de los actuales diputados sindicados en corrupción por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) que logró reelegirse como congresista para el periodo 2022-2024.
La fenecida misión anticorrupción MACCIH de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó 13 casos de corrupción significativa en los que sindicó a más de 133 personas entre estas funcionarios, exfuncionarios, exdiputados y diputados en los cuales figura López.
El caso Arca Abierta, fue presentado por la también extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) en diciembre de 2018 en el que se acusó a cinco diputados y seis exdiputados por el delito de malversación de caudales públicos por depositar 21,1 millones de lempiras de la fundación Planeta Verde a las cuentas personales de estos.
López es una de las acusadas por la MACCIH mientras los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gustavo Pérez Cruz. Welsy Vásquez y Milton Jesús Puerto, no lograron ser reelectos en el cargo.
La única diputada que mantiene su escaño en el Congreso Nacional, fue electa para el periodo 2010-2014, reelecta en el cargo de 2014 a 2018 y logrando un tercer periodo de 2018 a enero 2022 fungiendo como vicepresidenta del Legislativo y repetirá en el cargo de 2022 a 2026.
Las acusaciones en su contra no solo se limitan a la MACCIH, la organización de derechos humanos Global Witness reveló una investigación en las que acusa a López de utilizar el poder político para lograr contratos con el Estado de Honduras y construir, junto con su esposo Arnold Castro, las represas hidroeléctricas Aurora I, II y III violentando la Leu de Contratación del Estado en su artículo 15.
Sus negocios la volvieron una mujer poderosa, apostando por la actividad extractivista afectando comunidades y habitantes de los municipios de San José y Guajiquiro en el departamento de La Paz, además en la región sur de Honduras en los departamentos de Valle y Choluteca.
Su esposo, fue imputado en el Caso Pandora presentado por la MACCIH a mediados de 2018, junto a 37 personas, entre estos diputados como Elvin Santos del Partido Liberal, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, José Celín Discua, del Partido Nacional que no lograron ser electos en las recientes votaciones.
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A Castro junto a los 37 implicados se les acusó de haber desviado 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y trasladarlos a cuentas personales para financiar campañas políticas, fondos que debieron ser destinados a proyectos agrícolas de familias de escasos recursos de al menos ocho departamentos.
Inclusive, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la enlistó como una de la funcionarias corruptas del Triángulo Norte de Centroamérica a través de la famosa Lista Engel.
En la actualidad, el Ministerio Público por medio de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), mantiene investigaciones en su contra y solicitó al Instituto de la Propiedad información relacionada a las empresas propiedad de López y su esposo, también las investigaciones abarcan a su hija Ana Lucía.
La diputada nacionalista logró su objetivo de un cuarto periodo como congresista, sin embargo, el Partido Nacional perdió la mayoría de diputados por lo que no tendrá el mismo poderío dentro del legislativo y el anuncio de una nueva comisión internacional anticorrupción podría pasarle la factura aunque esté en funciones.
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