A casi una década de opacidad y falta de acción estatal, más de 47 comunidades garífunas reclaman justicia y el reconocimiento de sus derechos humanos, en un contexto de genocidio y violencia sistemática.
Tegucigalpa, Honduras. – “No venimos a negociar, han sido 21 años que hemos venido negociando esos casos ante el Estado de Honduras, y no vamos a permitir que nos hagan sentarnos en una mesa de negociación, porque aquí no hay nada que negociar, queremos que se cumplan las sentencias, que se respeta la vida de las comunidades garífunas”, reclamó Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureño (OFRANEH).
La demanda de Miranda es a razón de la opacidad y la inacción estatal ante el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Comunidad Garífuna, Triunfo de La Cruz y sus miembros VS. Honduras y el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros VS. Honduras, emitidas en octubre de 2015 y el Caso Comunidad Garífuna De San Juan y sus Miembros Vs. Honduras, emitida en agosto de 2023.
Miriam Miranda y un grupo de pobladores de 47 comunidades garífunas se trasladaron desde El Caribe hondureño hasta Tegucigalpa, capital de Honduras, donde han instalado un campamento en los bajos del Congreso Nacional (CN), como una de las acciones para ser vistos y escuchados por los tomadores de decisiones.
“Hemos tomado este espacio para recordar que somos el pueblo de Honduras y que ocupamos el lugar que nos corresponde”, señaló la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) en un comunicado.
Los Garífunas están siendo acompañados por comunidades lencas, tolupanes, chortís, nahuas, pech, organizaciones de mujeres, jóvenes, artistas, y ciudadanos motivados por el cumplimiento y respeto a los derechos humanos.
Con el campamento instaurado el jueves dio inicio una movilización planificada por el pueblo Garífuna, en conmemoración de los 227 años de su presencia en Honduras, tiempo mediante el cual se han enfrentado a un plan de exterminio basado en una política de genocidio, a través, de prácticas racistas, desprecio y campañas de odio, que promueven la eliminación física de sus comunidades y el desplazamiento forzado de sus pobladores.
En los últimos años, de acuerdo con Ofraneh, al menos 50 personas garífunas han sido asesinadas, cinco han sido desaparecidas, un poco más 300 han sido criminalizadas y encarceladas y se han registrado numerosas amenazas y desplazamientos.
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EXIGEN IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL
El 26 de marzo de 2024, se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo Número PCM 03-2024, que crea la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), emitidas por la Corte IDH, en los casos “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras” y “Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”.
El decreto señala que la CIANCSI es el máximo órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IHD), en los casos Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
El decreto manda a los entes con competencias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mencionadas sentencias a coordinar las acciones necesarias y asegurar la implementación de garantías de no repetición ordenadas al Estado de Honduras por parte de la Corte IDH.
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RESPALDO INTERNACIONAL
A la exigencia de Ofraneh se suman diferentes voces, tanto nacionales como internacionales. Una de los demandantes es Amnistía Internacional que se sumó a la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH donde se responsabiliza al Estado de Honduras.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el pueblo garífuna de Honduras ha sufrido el racismo institucional que desencadena en otras violaciones a los derechos humanos.
A nivel local, se sumó a la causa la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) mediante un llamado al Estado hondureño para que garantice que las acciones y movilizaciones se desarrollen sin violencias ni intimidaciones de ningún tipo y con pleno respeto al derecho a la protesta pública.
