La prohibición absoluta del aborto en Honduras es llevada ante la ONU tras el caso de Fausia, una mujer indígena víctima de violación sexual. Organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentan el caso como un hito histórico para la región latinoamericana, destacando la urgencia de modificar leyes que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hondureñas
Tegucigalpa, Honduras. – La prohibición de acceso a métodos anticonceptivos de emergencia –que se mantuvo por más de 13 años— y la renuencia de la despenalización de aborto por al menos tres causales, ha traído consecuencias para muchas mujeres ya que, en Honduras, no existe un reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, un hecho que para las organizaciones de mujeres es una deuda histórica que aún mantiene el Estado para las mujeres.
Tal es el caso de “Fausia”, una mujer indígena nahua y defensora de derechos humanos que fue víctima de violación sexual a modo de represalia por la defensa de su territorio en el departamento oriental de Olancho y, como consecuencia de la agresión sexual, resultó embarazada. Sin atención médica, sin acceso a métodos preventivos y sin acceso a un aborto, Fausia fue obligad a ser madre.
Por el caso de Fausia, Honduras ha sido llevada ante la Organización de Naciones de Unidas (ONU), ya que se considera que el Estado violó los derechos humanos de esta mujer indígena al imponerle un embarazo y una maternidad forzada, debido a la prohibición total del aborto vigente en el país centroamericano.
Por esta razón, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), presentaron el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de pedir justicia en su nombre.
Para Fausia, presentar el caso ante la ONU, es importante porque “sería la voz de muchas mujeres que están sufriendo violencia”.
Las organizaciones que participan del litigio, esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la mujer gestante está en riesgo.
En febrero de 2021, la prohibición fue blindada con una reforma constitucional aprobada y pese a varios recursos de inconstitucionalidad, la realidad para las mujeres y niñas sigue siendo igual: estigmatización y criminalización.
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SIN OPCIONES
En 2025, Fausia fue agredida por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos como represalia por su trabajo en defensa del territorio en su comunidad nahua en el oriental departamento de Olancho.Como resultado quedó embarazada, una situación que, de acuerdo con ella, “marcó mucho mi vida, realmente los cambios fueron demasiado fuertes”
Fausia, considera que de haber evitado la posibilidad de quedar embarazada producto de una violación sexual “estuviera en una situación diferente. No me hubiera enfrentado a tantas cosas siendo mamá, digamos a la fuerza o contra mi voluntad”.
En el momento de los hechos, la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), estaba prohibida en Honduras –no fue sino hasta marzo de 2022 que se liberó el uso y comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)— por lo que Fausia no pudo acceder a ella.
Además, al momento de acudir al hospital –un sistema carente de atención integral y con enfoque de género—,fue intimidada y amenazada por el personal médico con ser denunciada si abortaba. “En mi país, difícilmente iba a ser escuchada, atendida por el contexto en que se desarrollan o desenvuelven las leyes”, lamentó Fausia.
Criterio.hn recopiló información sobre los delitos sexuales cometidos entre 2018 a 2022 y encontró que se cometieron 9,633 delitos que se subdividen en 32, que van desde abuso sexual, acoso sexual, actos de lujuria, estupro, exhibición, incesto, pornografía de menores, explotación sexual, violación, entre otros.
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CASO EMBLEMÁTICO
De acuerdo con Carmen Martínez, directora de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, la acción presentada ante la ONU es histórica no sólo para Honduras sino para toda la región latinoamericana. “Es un caso testigo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud”, señaló Martínez.
Además, Carmen Martínez, señaló a Criterio.hn que con este caso emblemático se busca justicia para Fausia a través de la reparación integral, y también para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le indique a Honduras que tiene que modificar la ley que prohíbe de manera absoluta el aborto.
Para Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la defensa de derechos humanos, principalmente los derechos sexuales y reproductivos, son un desafío porque las narrativas en torno a estos temas generan estigmatización y criminalización.
Fonseca adelantó que pese a estos desafíos continuarán con la lucha por ser “realidades que existen, realidades que matan, realidades que generan enormes sufrimientos”.
De igual manera, Fonseca señaló que el aborto –al ser prohibido en la Constitución y por la criminalización que viven las mujeres por decidir sobre su cuerpo—ocurre de manera insegura.
En Honduras las complicaciones por abortos inseguros son la segunda causa de hospitalización.
De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos “criminalizar un servicio de salud como el aborto no evita que las mujeres lo busquen, sólo pone en riesgo su salud y sus vidas”.
Datos de 2022 de la Secretaría de Salud, reportan que cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres.
