Tegucigalpa.- Las y los Garífunas que residen en la comunidad de Punta Gorda en el municipio insular de Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, exigen se titule la totalidad de su territorio comunitario y no únicamente una fracción del mismo, como ha ocurrido hasta la fecha, indicó la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Pese a que fue declarada monumento nacional en 1997, bajo decreto de 116-96, en el marco del bicentenario del arribo del pueblo Garífuna a Honduras, la comunidad de Punta Gorda en Islas de la Bahía se encuentra en total desprotección jurídica, indicó la organización desde sus redes sociales.
Fundada en 1797, Punta Gorda es la comunidad más antigua que sobrevive a la fecha en Roatán y la primera población Garífuna en Honduras y Centroamérica. Pese a esto solo se les ha titulado una fracción del territorio que históricamente han ocupado por más de dos siglos, denuncian sus pobladores.
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La Ofraneh indicó que Punta Gorda es la única comunidad Garífuna en Honduras que carece de reconocimiento jurídico por parte del Estado de Honduras.
CÓMO EL ESTADO HA FALLADO A LOS PUEBLOS GARÍFUNAS
En 2011, el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgó un título de propiedad bajo el expediente numero 111389-70557, en un área que el Instituto de Previsión Militar (IPM) argumentaba era de su propiedad, e incluso ordenó y ejecutó el desalojo de más de una decena de familias Garífunas.
La Ofraneh indicó que el resto del territorio en donde históricamente se ha establecido el pueblo Garífuna de Punta Gorda se encuentra desprotegido, por lo que el reconocimiento de la propiedad comunitaria y el respeto a sus territorios ancestrales es un imperativo para frenar la nueva expulsión.
Además, manifestó que a la fecha no hay explicación sobre el motivo detrás de la exclusión de un título de propiedad adecuado a la comunidad Garífuna de Punta Gorda.
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Sumado a esto indican que el Estado no ha dado cumplimiento a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como la del caso de la comunidad Garífuna de Punta Piedra, en octubre de 2015, en la que el Tribunal regional ordenó como medida de reparación, la creación de mecanismos efectivos para la regulación del Registro de Propiedad, y de esta forma evitar el traslape de títulos de propiedad.
En septiembre de este año, ante la falta de titulación de tierras, la comunidad Garífuna de Punta Gorda inició un proceso de recuperación de su territorio ancestral en el área conocida como La Entrada.
Históricamente, el Estado de Honduras ha mostrado una abierta desatención a los derechos de propiedad ancestral de los pueblos originarios y negros. En octubre se cumplirán siete años de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, sin que el Estado haya saldado la deuda.
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En junio del año pasado, el Tribunal regional calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
