Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Los funcionarios de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), instalada en Roatán, insisten en que tienen “derechos adquiridos” y que para la aprobación de dicha ley no se modificaron artículos irreformables o pétreos de la Constitución de la República de Honduras.
El secretario técnico de la ZEDE Próspera, Jorge Colindres, afirmó en un programa televisivo matutino que “nunca se reformaron los artículos pétreos” de la Constitución de la República. Algo molesto, se preguntó y respondió a sí mismo: “¿Qué artículos se reformaron? Se reformaron el 294, el 303 y 329 para habilitar el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en la Constitución y ninguno de esos es pétreo”.
Sin embargo, el abogado e investigador hondureño, Rafael Jerez, desde su cuenta en Twitter sostuvo que es falso lo expuesto por el secretario de Próspera y que sí se reformó un artículo irreformable: el artículo 294, relacionado al territorio nacional.
El cual es identificado por el artículo 374 de la Constitución de la República como uno de los artículos no reformables, que además divide el territorio hondureño en departamentos, y estos por municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo de conformidad a la ley.
Hay argumentos de fondo que sustentan la inconstitucionalidad de las ZEDE, pero lo mencionado por el secretario ejecutivo de Prospera es falso, sí se reformó un artículo irreformable según el artículo 374 de la constitución, el relativo al territorio nacional. @FrenteaFrenteHN pic.twitter.com/QTwT4yOqSi
— Rafa Jerez (@RafaJerezHn) June 15, 2022
En la reforma realizada al artículo 294, los diputados afines a la agenda de entreguismo impulsada por el Partido Nacional de Honduras, el 23 de enero de 2013, incluyeron un párrafo extra: “Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Congreso Nacional puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de esta constitución”.
El profesional del derecho señaló que además se modificó la forma de gobierno, que también es enlistada por el artículo 374 como irreformable.
En respuesta a los argumentos del secretario técnico de ZEDE Próspera, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó que ningún tratado internacional puede modificar soberanía, territorio y forma de gobierno. Haciendo hincapié que “ninguna ZEDE tiene sustento jurídico, no tienen adquiridos y tienen una nulidad de origen constitucional”, porque lo que rodea a las ZEDE fue “creado y hecho al margen de la Constitución”.
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El discurso de Luis Redondo no señala de forma explícita que la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico no implica un borrón y cuenta nueva. Tampoco pormenoriza lo que falta aún por hacer para que estas queden finalmente abolidas y deja las puertas abiertas para que quienes impulsan este modelo de entrega del territorio confundan a la población.
En junio, el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, quien ha estudiado por más de diez años su marco jurídico, dijo a Criterio.hn que aún falta la ratificación de la derogatoria, que deberá ser aprobada en la siguiente legislatura del Congreso Nacional, en enero de 2023.
Pero reconoció que el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, que contiene el capítulo de Promoción y Protección de Inversión y otros tratados internacionales de protección de inversión, brindaría a los regímenes, por lo que el conflicto trascenderá a instancias internacionales.
“Es un tema de debate jurídico muy profundo”, reconoció García. Pero manifestó que, si bien la Constitución de Honduras establece y reconoce la superioridad jerárquica de los tratados internacionales suscritos, él considera que estos son válidos “siempre y cuando no violenten la norma constitucional”.
Incluso, a cuatro días del triunfo electoral de Xiomara Castro como presidenta de Honduras, el economista y ahora diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, advirtió a Criterio.hn que no bastaba la derogación de las ZEDE, puesto que a estas les «dejaron tantos candados» que, en caso de derogación, se establece que los beneficios recibidos quedarán vigentes por diez años después de la supresión de la ley.
Noé Pino indicó en aquel entonces que la única salida de lidiar con todos los cerrojos dejados por Juan Orlando Hernández, durante su paso por la presidencia del Congreso Nacional, sería presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez se elijan los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro de dos años, que de ser aceptado significaría que «todo lo actuado sería en cierta manera ilegal».
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Queda claro que el debate de las ZEDE continuará siendo un dolor de cabeza para la ciudadanía, que no pidió ni impulsó esta ley que cede el territorio hondureño a un postor que busca imponer su propia forma de gobierno y extenderse a otros territorios.
No hay duda que los impulsores de la Ley Orgánica de las ZEDE pueden estar fuera del poder, algunos incluso fuera del país, pero su sombra sigue ensombreciendo el futuro de Honduras.
