Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Ayer 23 de marzo de 2022, se hizo oficial la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos de Documentos Públicos denominada Ley de Secretos, a través de su publicación en Diario Oficial La Gaceta, sin embargo, el temor a ser descubiertos llevó a varios funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández a sustraer o destruir documentos que deberían salir a la luz pública.
Ante esa situación que violenta las leyes de transparencia, la Comisionada de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, señaló que los funcionarios del gobierno de Xiomara Castro deben interponer las denuncias ante el Ministerio Público para que sean judicializadas.
De esa forma, se procedería a hacer un análisis y al encontrar que hubo actos que infringieron la ley, en cuanto al hurto de documentos que la población debe conocer, sobre todo, luego de la publicación de la derogación de la Ley de Secretos.
Algunos titulares de instituciones han denunciado que no han encontrado documentos de las gestiones pasadas, convirtiéndose en un grave delito de sustracción de documentos públicos, porque la documentación es propiedad del Estado de Honduras y no de una sola persona o grupo.
A inicios de marzo, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Javier Santos, denunció que la administración de Hernández, el expresidente en calidad de extraditable, con el cambio de gobierno, decidieron destruir documentos clave para investigar casos de corrupción ligados a su gobierno, siendo Casa de Gobierno uno de los entes que siempre alegó esconder información porque comprometía la seguridad del Estado.
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Sin embargo, Ardón dijo que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”, aunque los documentos hayan sido destruidos, y que lo implicados en ocultar información en su momento deberán responder por sus actos. En efecto, por entorpecer la divulgación y acceso a la información y obstaculizar la transparencia, los entes operadores de justicia deben hacer su trabajo.
Una vez instaurada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), se espera que haya acompañamiento en este tipo de investigaciones, puesto que reservar información representa una violación a la Constitución de la República.
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INFORMACIÓN NO PUEDE SEGUIR ESCONDIDA
Hay poco más de 16 normativas que establecen reservas, pero al derogar la Ley de Clasificación de Documentos de Documentos Públicos, se ha dejado claro que todo decreto que se anteponga a la Ley de Transparencia también deberá quedar sin validez de manera tácita.
Por tanto, ninguna información puede permanecer escondida, únicamente la que el IAIP estime después de una revisión y análisis.
En el caso de Tasa de Seguridad Poblacional, está se encuentra bajo la modalidad de fideicomiso, pero con la derogación de la Ley de Secretos, la reserva de información también debe disiparse.
Según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se han iniciado auditorías para determinar que la documentación esté completa y que se haya cumplido con la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Contratación del Estado.
Luego, el Tribunal podrá emitir los hallazgos en cuanto a la responsabilidad civil y administrativa, acompañada del respaldo de las instituciones y las denuncias que se presenten ante el Ministerio Público, para que proceda la investigación y judicialización.
En su mayoría, la Ley de Secretos benefició la reserva de documentos relacionados a erogaciones financieras, lo cual generó desconfianza porque se trata de los recursos del Estado, es decir, impuestos, donaciones y préstamos que los hondureños deben pagar.
La rendición de cuentas debe ser una de las exigencias de la población y se debe garantizar que los fondos han sido invertidos y manejados de manera correcta.
“Todo servidor público que se haya llevado documentos de las instituciones ya tiene la primera responsabilidad de sustracción de documentos públicos”, dijo Ardón, al tiempo que manifestó que con las debidas denuncias se evitará que estás acciones lesivas queden en la impunidad.
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Uno de los indicadores que Honduras ha reprobado debido a la falta de transparencia y la impetuosa corrupción de los últimos años, es la Cuenta del Milenio, cuyos indicadores se enfocan en este tipo de incongruencias, donde se desconoce que pasa con el dinero de la población y las donaciones de otros países.
