La exministra de Salud entre 2014 y 2016, Yolani Batres, salió del país días antes de que se presentara un requerimiento fiscal en su contra
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- A ocho meses de haber concluido el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), el pasado 27 de enero, varios funcionarios de su doble administración han optado por huir del país y, específicamente, de la justicia. Según información del Ministerio Público, la última en hacerlo ha sido la exministra de Salud, Yolani Batres, contra quien se ha presentado este miércoles una acusación por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
En el caso de Batres, a quien Hernández nombró ministra de Salud en febrero de 2014 y que removió en diciembre de 2016, la Fiscalía la acusa de haber liderado, entre marzo y septiembre de 2014, una red de corrupción a lo interno de la secretaría de Estado que ella administró y que, durante los tres períodos en que gobernó ininterrumpidamente el Partido Nacional (2010-2022), se convirtió en una cueva de corruptos, según ha denunciado el actual ministro de Salud, José Manuel Matheu.
Yolani Batres, la primera persona en ocupar la titularidad en Salud durante el régimen de Hernández, está prófuga de la justicia. La vocería del Ministerio Público informó, además, que manejan información en torno a que se encuentra fuera del país, después de haber realizado un allanamiento a su vivienda, en la zona sur de la capital Tegucigalpa, y no haber encontrado a ninguna persona adentro.
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En ese contexto, su detención se vuelve más compleja. Este miércoles, además del requerimiento fiscal, el Ministerio Público hondureño anunció que solicitaron a la Interpol la emisión de una alerta roja, con el propósito de dar con el paradero de la extitular de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, a través de un comunicado emitido por la defensa de Batres, en horas de la tarde del miércoles, se aseguró que la exministra salió del país días antes de que se presentara el requerimiento fiscal en su contra, pero que ello respondió a un viaje de carácter personal y que pronto regresará a Honduras.
La exministra de Salud pertenecía a la estructura de confianza más alta de Juan Orlando Hernández al grado que a, pesar de haber sido destituida por indicios de corrupción, se le permitió ser representante de Honduras ante el Fondo Global de Vacunación Gavi/Covax entre 2020 y 2021, en un contexto en que el Estado hondureño se atrasó en la compra de vacunas contra el covid-19 y confió en las donaciones.
ACUSACIÓN
En el caso de Yolani Batres, de acuerdo con la acusación, ella y otros cinco funcionarios de la Secretaría de Salud defraudaron al Estado hondureño por L 7,885,450, ello mediante una adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software de automatización de vigilancia, fiscalización y control del marco normativo en el sector sanitario.
Se utilizó nombres de empresas falsas que nunca participaron como oferentes, intentando dar la impresión de que habían analizado diversas ofertas, pero con el único objetivo de favorecer a las empresas ORBIT Technology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, al igual que a una persona natural; todas relacionadas con Batres. También, constató la Fiscalía, el software nunca fue entregado y existió una sobrevaloración del 90%.
PRÁCTICAS QUE PERDURARÁN
A criterio del exjefe de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, esas prácticas será una constante a medida que el fiscal general y el Ministerio Público sean parsimoniosos y den la impresión de, más bien, colaborar para que estos exfuncionarios, señalados por actos reñidos con la ley, huyan del país.
«Son actos recurrentes que se seguirán dando mientras el Ministerio Público investigue a cuentagotas y dé la impresión de colaborar como cómplices de estas personas, que con toda facilidad huyen del país», expresó Fernández a Criterio.hn durante una entrevista.
El 16 de marzo de 2016, el CNA denunció ante el Ministerio Público a Yolani Batres y a otros siete funcionarios de la Secretaría de Salud. Cinco años después, el 20 de mayo de 2021, la Fiscalía anunció, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, una investigación en su contra que este miércoles finalizó en una acusación formal.
«Ella venia siendo investigada desde mucho antes de 2021. Las denuncias que se presentaron antes de ese año, que evidenciaban actos de corrupción cuando ella administró la salud de los hondureños y las hondureñas, habían sido constantes», agregó.
En consonancia, tanto Odir Fernández como el sociólogo Armando Orellana aseguran que la Fiscalía ha actuado con doble intención en este caso, dándole espacio y tiempo a Batres para huir del país, aun cuando existió contra ella una investigación activa.
«Creo que aquí lo que se refleja es que la Fiscalía tuvo una actuación que intentó encubrir o facilitar las condiciones para que se permitiera el escape de la exministra Batres, favoreciéndola por haber sido funcionaria de los últimos dos gobiernos nacionalistas, que secuestraron la Fiscalía y la Corte», consideró, en conversación con Criterio.hn, el sociólogo Orellana.
A partir de 2023, Honduras tendrá una nueva Corte Suprema de Justicia y un nuevo fiscal general, dos entes altamente cuestionados por su complicidad en la corrupción y la impunidad.
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OTROS EXFUNCIONARIOS QUE HAN SALIDO DEL PAÍS HUYENDO DE LA JUSTICIA
Previamente, los exministros de la Presidencia, Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona, cercanísimos a Juan Orlando Hernández, habían adquirido la nacionalidad nicaragüense y, en contubernio con el régimen dictatorial de Daniel Ortega, habían recibido exilio en ese país.
Contra Díaz Lupián, en agosto de 2021, meses antes de su fallido intento por convertirse en diputado del Congreso hondureño, el Ministerio Público inició una investigación debido a que no rindió cuentas sobre L 1,200 millones, el costo de un fracasado proyecto habitacional denominado Ciudad Morazán, que fue gestionado con fondos de Casa Presidencial y que habría servido para ofrecer viviendas a unas 10,000 personas.
