El abogado Raúl Paniagua explicó a Criterio.hn que con la figura de querellante adhesivo el Ministerio Pública presentará la acusación y la CICIH se adherirá a los procesos penales, creando con ello un mecanismo de presión ante el Ministerio Público.
Tegucigalpa. –La instancia anticorrupción que el Estado de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están madurando podría empantanarse en las atribuciones que se le otorguen al ente internacional sobre la persecución penal directa, por lo que ya el gobierno se ha adelantado a proponer la figura de querellante adhesivo.
Lo anterior implicaría que la instancia, auspiciada por Naciones Unidas, tendría facultades más amplías que las que tuvo la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que como su nombre lo sugiere, se limitó a acompañar los procesos judiciales y no a accionar directamente. Sin embargo, la instancia tampoco tendría la independencia de actuar por si sola, se limitaría a participar en procesos incoados por la Fiscalía.
Por mandato constitucional, establecido en el artículo 232 de la Constitución de la República, la acción penal pública recae exclusivamente en el Ministerio Público, es decir, que solo la Fiscalía puede librar requerimientos contra implicados en delitos. En tal sentido otorgarle esa facultad a la CICIH requeriría una reforma constitucional que podría conllevar dos o más años.
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Aunque de momento se descarte que a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se le otorgue la atribución de enjuiciar directamente a implicados, hay aceptación para que la instancia se adhiera como querellante en el proceso como ocurrió con la CICI en Guatemala.
La propuesta del gobierno no requiere de reforma constitucional, pues basta con una reforma al Código Procesal Penal, aseguran especialistas en derecho penal que están evaluando el escenario.
“La CICIH no podrá ser acusador privado, pero sí se le puede dar vías para convertirlo en un querellante adhesivo. Ni la investigación ni la acción pública penal puede hacerse si no es a través del Ministerio Público. Que la acción pública penal la ejerza el Ministerio Público, pero que se pueda personar la CICIH como querellante adhesivo y ya puesto en el proceso tenga vía independiente y que actúe ante el tribunal de forma independiente incluso del Ministerio Público”, explicó el ministro de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana.
Con lo expuesto por Orellana se entiende que si la CICIH es facultada como querellante adhesivo podrá provocar la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público y ser parte del proceso.
En Guatemala, para impulsar esta figura jurídica se reformó el Código Procesal Penal instituyendo el querellante adhesivo que aún se mantiene en la legislación de esa nación, aunque la CICIG fue extinguida.
“El querellante adhesivo es una figura jurídica que la CICIH podrá utilizar para acompañar al Ministerio Público y forme parte del proceso. Una vez que inicie la acción investigativa, actuará de forma independiente”, aseguró Orellana.
El abogado Raúl Paniagua explicó a Criterio.hn que con la figura de querellante adhesivo el Ministerio Pública seguirá ejerciendo su facultad de presentar la acusación penal, mientras que la CICIH se va a adherir en un proceso penal. “Es un mecanismo de presión diciendo que se presenten requerimientos fiscales, pero el Ministerio Público lleva la batuta de la persecución penal”, dijo el también analista político.
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Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, con esta figura legal se respetará la Constitución y las atribuciones que le concede al Ministerio Público, además de acompañar las investigaciones.
“La CICIH va a tener la capacidad de investigación y de presentación de todos los hechos ante un Ministerio Público que, dentro de poco, va a ser diferente. La Constitución le da al Ministerio Público el monopolio de la acción penal pública, pero no quiere decir que no pueda haber una misión que acompañe, apoye e investigue, forme parte de un seguimiento del proceso de acusaciones que se den”, dijo.
Según el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, existen consensos en las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para crear la figura jurídica de querellante adhesivo que no requiere reforma constitucional como han anunciado algunos.
“Hay consenso en varios sectores, la figura aplicable para que la CICIH pueda ejercer la acción penal es la de querellante adhesivo similar a la figura de acusador privado que establece el Código Procesal Penal”, detalló.
De la misma manera, el abogado y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, señaló que no se requiere aprobar una reforma a la Constitución que conlleva una ratificación, empantanando la instalación inmediata de la CICIH, por el contrario, solo se requiere una reforma al Código Procesal Penal con 65 votos de los 128 diputados que conforman el Congreso.
“Para ser querellante adhesivo o acusador privado, no se requiere reforma constitucional, la reforma a la Constitución sería necesaria solo si se pretendiera quitarle el monopolio de la acción penal pública al Ministerio Público, pero eso es distinto”, añadió.
Menjívar cuestiona que siendo el Ministerio Público el único ente con poder de ejercer la acción penal
“no es capaz de ejercerla, por dos razones fundamentales: por la falta de capacidad para investigar eficientemente y por la falta de voluntad”.
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La congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, declaró que es deber de los diputados que se cumpla el mandato y demanda de la población que la CICIH pueda ser parte del proceso judicial, por lo que confirmó que la figura de querellante adhesivo se está contemplando como salida.
“Es nuestro deber porque se cumpla ese mandato del pueblo. ¿De qué sirve una CICIH sin que pueda tener acceso al proceso judicial? Estamos analizando figuras como la de querellante adhesivo. Lo que no debe permitirse son los obstáculos o bloqueos al trabajo que hará la CICIH”, acotó.
Jimena García, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), considera que se debe apostar por una CICIH independiente que fortalezca el trabajo que efectúa el Ministerio Público, por lo que le apuesta a la figura de querellante adhesivo.
“Una CICIH conlleva independencia. Exigimos más que la MACCIH y que pueda ser querellante adhesivo. Así se fortalece el Ministerio Público también”, expresó.
Hasta el momento, tanto el gobierno como Naciones Unidas pusieron en la mesa del diálogo las propuestas preliminares para iniciar la primera fase que conlleva la firma de un memorándum, previo a la firma final que oficialice el acuerdo y, por consiguiente, valide la instalación de la CICIH.
La creación de la instancia anticorrupción surge en Honduras ante la necesidad de castigar la corrupción, flagelo que ha arrebatado las oportunidades de vida a la población y que en 2016 conllevó a la instalación de la MACCIH, misma que fue desmantelada en enero de 2020 por presiones de los sectores corruptos representados en la política y la empresa privada.
