El fiscal general interino Johel Zelaya presentó un requerimiento fiscal por femicidio agravado en contra Gilbert Reyes Bermúdez, principal sospechoso del triple femicidio
Tegucigalpa, Honduras. – Una declaración imprecisa de la embajadora de EE.UU., Laura Dogu en cuanto a que, el homicidio no forma parte del catálogo de delitos contemplados en el Tratado de Extradición suscrito en 1909 entre el Estado de Honduras y la nación del norte ha abierto nuevamente un debate sobre la necesidad de crear una ley especial y dejar atrás el auto acordado con el que se sustentan los jueces para proceder a las extradiciones.
La declaración de la embajadora estadounidense surgió luego del triple femicidio ocurrido en Islas de la Bahía, en el cual el principal responsable es Gilbert Reyes Bermúdez, originario de Estados Unidos.
“Es un poco complicado la extradición en este caso, porque no hay un acuerdo para homicidio entre los dos países, ese no es uno de los crímenes que pueda tener una extradición”, refirió la embajadora Laura Dogu, ante la pregunta de medios de comunicación.
Posterior a lo expresado, por la embajadora, el canciller de la República, Enrique Reina, a través de su cuenta en X recordó que Honduras tiene un Tratado de Extradición suscrito desde 1909.
En ese sentido, el canciller enfatizó que, Gilbert Reyes Bermúdez, de ser solicitado por las autoridades competentes, esperamos el fiel cumplimento del mismo tal y como Honduras ha venido aplicándolo, con las extradiciones solicitadas conforme a derecho, por los EEUU de hondureños en hechos criminales.
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¿SE PUEDE EXTRADITAR POR HOMICIDIO?
Si bien, al momento de suscribirse el Tratado de Extradición, la figura de femicidio no se contemplaba, sin embargo, de acuerdo con el abogado penalista, Salomón Amador, en materia penal, el homicidio es “la esencia o la mega descripción del delito es el homicidio. Es la generalidad de esa acción criminosa: el dar muerte una persona”.
El abogado y catedrático universitario, Alex Navas, dijo a Criterio.hn que, con la Constitución de la República de 1982, en su artículo 102, la extradición no se contemplaba; por consiguiente, con esta prohibición “dejaba como derecho muerto el Tratado de Extradición”.
Sin embargo, la reforma al artículo 102 por medio del Decreto Legislativo 02-2012, la extradición es permitida por los delitos de narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, reactivando con ello el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de 1909.
Luego del debate generado, un día después, la embajadora Laura Dogu, a través de su cuenta de X, reafirmó, que el país del norte “colaborará estrechamente con el sistema de justicia hondureño para tomar todas las medidas legales y apropiadas con el fin de llevar ante la justicia al presunto autor de estos homicidios”.
Como parte de su aclaración, Laura Dogu, remarcó que dicho tratado “permite la extradición de sospechosos de asesinato desde EE. UU. Hacia Honduras”.
Además, enfatizó que, “hasta ahora no hemos podido extraditar a hondureños que cometieron homicidio en Estados Unidos. Esperamos trabajar con el gobierno de Honduras para que esto suceda”.
A esta aclaración, el canciller Enrique Reina, respondió haciendo énfasis que “es importante seguir trabajando juntos para combatir el crimen en beneficio mutuo de nuestros pueblos y gobiernos”. Además, llamo al respeto del derecho internacional y a la igualdad como estados soberanos.
El tratado de Extradición suscrito en 1909, en su artículo VIII establece: “ninguna de las partes contratantes aquí citadas, estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos, en virtud de las estipulaciones del Convenio”.
En ese sentido, si Estados Unidos, se ampara en dicho artículo, de acuerdo con el abogado penalista Salomón Amador, Honduras tiene dos opciones, la primera, denunciar dicho tratado para que ya no tengo efecto en próximas extradiciones y dos, aplicar el principio de reciprocidad, es decir, al momento de Estados Unidos solicitar a un ciudadano en extradición, ampararse en el artículo VIII.
LEY DE EXTRADICIÓN GENERARÍA CONTROL POLÍTICO
Con el debate generado, trae nuevamente la discusión de aprobar una Ley de Extradición. En 2022, el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Samuel Madrid, presentó la propuesta de crear la referida ley, compuesta por al menos 24 artículos.
Para el dos de marzo de 2023, la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), coordinada en ese momento por el ahora rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, remitió al Congreso Nacional una nueva propuesta de Ley de Extradición.
Según explicó el abogado penalista, dicha propuesta contempla varios aspectos del Auto Acordado –aprobado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia—, como una norma con la que se puede llevar a cabo de manera legal las extradiciones.
Sin embargo, para el abogado Alex Navas, al crear una ley de extradición en el país centroamericano, se podría generar una serie de conflictos como “obstáculos burocráticos y administrativos” para extraditar a una persona vinculada a temas de corrupción y narcotráfico.
“Con una ley, con procedimientos administrativos y una especie de juicio como lo quieren hacer aquí, se podría generar mayor especulación y mayor grado de control político en las acciones que tengan que ver con extradición, y eso es peligroso para la lucha y el combate contra la corrupción y la impunidad”, enfatizó Alex Navas.
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MINISTERIO PÚBLICO SOLICITARÁ EXTRADICIÓN
La noche del martes nueve de enero, Dione Beatriz Solórzano, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy –reportadas como desaparecidas desde el domingo siete—, fueron encontradas sin vida al interior de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Cay.
En ese sentido, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señaló como principal sospechoso a Gilbert Reyes Bermúdez, originario de Estados Unidos y ex pareja de Dione Beatriz Solórzano con quien tenían un hijo de tres años de edad. El sospechoso salió en un vuelo comercial hacia el país del norte, razón por la cual el Ministerio Público pedirá su extradición.
De acuerdo con el fiscal general interino, Johel Zelaya, el estadounidense cometió «femicidio agravado» y reconoció que es responsabilidad del Ministerio Público (MP) realizar la persecución penal contra el individuo.
El reciente nombrado fiscal general, al llegar a Roatán para presentar el requerimiento fiscal, dijo a medios de comunicación, que una vez admitido dicho requerimiento y libradas las órdenes de captura, “se solicitará la extradición” basados en el tratado de 1909 que cubre el asesinato a nacionales de ambos países.
